El balance de las cifras que deja la saliente administración nacional es sumamente preocupante. Especialistas señalan que se deterioró la atención a los pacientes y se deshumanizó la atención.
Solo quedan horas para que el presidente en ejercicio, Gustavo Petro, abandone la Casa de Nariño y que en su lugar el solio de Bolívar sea ocupado por el mandatario electo, Abelardo De la Espriella, para dar paso a una nueva administración con un enfoque diferente y que ha prometido atacar todo lo que se ha descuidado en la saliente administración.
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Y uno de esos temas es precisamente la salud. Este espinoso tema ha concentrado el debate público durante los últimos cuatro años y es mirado como una de las batallas perdidas por parte de Petro, quien en su afán por alcanzar las reformas necesarias en la lucha por transformar el sistema, se enfrascó en muchas peleas que, al parecer, terminaron por dejar más desgaste que resultados como los que se esperaban, especialmente en los temas estructurales, especialmente por las dos veces que se hundió el proyecto de Reforma a la Salud, ambas en la Comisión Séptima del Congreso de la República, el cual le cerró las puertas a su propuesta.
Desde ese momento, Petro se fue lanza en ristre contra el actual sistema, entrando en una serie de peleas abiertas contra las aseguradoras, sus dueños y tratando de demostrar que estas debían ser reformuladas para evitar casos de corrupción, mejorar la atención y lograr que la metodología se volcara a lo preventivo y no siguiera enfocada a lo paliativo. No obstante, las luchas no terminaron en lo que esperaba.
La organización y centro de pensamiento Así Vamos en Salud publicó un detallado informe de 59 páginas a corte del 29 de julio de este 2026, en el que repasa este y otros aspectos, que develan la radiografía final de lo que deja la actual presidencia.
El colapso financiero
En uno de sus apartados, el informe detalla que existe una multiplicación del hueco patrimonial de las EPS, pues el patrimonio agregado del total del país pasó de -$2,33 billones de pesos en 2022 a un déficit crítico de -$18,7 billones de pesos a mayo de 2026, es decir, se multiplicó por más de siete veces.
Es de recordar que, durante la administración del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia Nacional de Salud sometió a intervención forzosa administrativa a varias de las principales EPS del país debido a causales financieras, patrimoniales y de prestación del servicio.
Actualmente, las principales EPS que se encuentran bajo medida de intervención forzosa son Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud EPS, Asmet Salud EPS, Emssanar, Servicio Occidental de Salud, Coosalud y Capresoca EPS. El informe detalla que los resultados en ese sentido también fueron perjudiciales.
En las EPS intervenidas por el Gobierno, el patrimonio negativo pasó de -$2,87 billones en 2022 a -$13,06 billones a mayo de 2026, es decir, se multiplicó por más de cuatro veces.
Adicionalmente, el índice de endeudamiento de las EPS intervenidas pasó de 1,30 en 2022 a 2,96 al cierre de 2025. Esto significa que por cada $100 que tienen en activos, deben casi $300 ($296) a sus acreedores.
El informe destaca que, aunque el presupuesto general del sistema de salud tuvo la mayor expansión nominal de la historia (+55,7 %, pasando de $73,8 billones en 2022 a $114,9 billones en 2026), los actores del sistema entraron en una “aceleración del déficit y ruptura en la cadena de pagos”.
El caso más grave y visible, destapado hace unas pocas semanas, corresponde a Nueva EPS. Al ser intervenida en abril de 2024 con 11,6 millones de afiliados, dejó de publicar información financiera oficial ante la Supersalud. Informes propios no oficiales revelaron que para 2024 acumuló un patrimonio negativo de –$11,9 billones de pesos y pérdidas de -$4,8 billones.
Como parte de su visión y apoyado principalmente en su entonces ministra de Salud y hoy senadora Carolina Corcho, Petro estableció un piloto con el sistema de salud del magisterio en el país, mediante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), el cual es administrado por la Fiduprevisora.
Los resultados demostrados fueron alarmantes. Tras arrancar en mayo de 2024 como plan piloto, el Fomag se desplomó financieramente y pasó de un patrimonio positivo de $1,0 billón de pesos en 2022 a un patrimonio negativo de -$3,01 billones de pesos a diciembre de 2025.
Su nivel de endeudamiento subió a 1,77 (debe $177 por cada $100 que posee en activos). En 2025 registró una pérdida neta anual de -$1,73 billones.
Adicionalmente, la red de prestadores habilitados para atender a los maestros se destruyó: pasó de 2.561 IPS (6.032 sedes) en junio de 2025 a tan solo 393 IPS (564 sedes) en abril de 2026. La tasa de Pqrs del Magisterio llegó a 537,5 por 100.000 afiliados, más del doble del promedio nacional. El 90,8 % de las quejas corresponden a barreras en el acceso a la atención médica.
El informe del centro de pensamiento Así Vamos en Salud expone el punto de quiebre institucional entre el Ejecutivo y el poder judicial: el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Pese a que el presupuesto del sector alcanzó un histórico de $114,9 billones de pesos, el costo real de los servicios desbordó la prima fijada por el Ministerio de Salud, llevando la siniestralidad de las EPS al 109% y provocando un déficit patrimonial sin precedentes de -$18,7 billones a mayo de 2026.
La Corte Constitucional, mediante el Auto 007 de 2025, declaró la insuficiencia de la UPC para los regímenes contributivo y subsidiado.
Ante la falta de correcciones en la metodología y los incrementos fijados por debajo de los costos reales de atención, el tribunal abrió un incidente de desacato contra el Ministro de Salud (Auto 2049 y 2061 de 2025). Un tema que nunca se solventó ante el cambio de mandatario.
Diagnóstico crítico
El médico Augusto Galán Sarmiento, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, explicó a EL HERALDO cómo visiona la crisis en Colombia de una manera muy puntual: “Es algo semejante a tener un paciente en la unidad de cuidado intensivo en falla multisistémica”.
Galán Sarmiento lo describe así: “Tiene problemas respiratorios es la analogía porque tiene una dificultad en el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población. Tiene una deficiencia circulatoria producto de una falta de liquidez y recursos que afecta a las EPS, clínicas, hospitales, a los proveedores de insumos, medicamentos y dispositivos. Tiene un daño neurológico ese paciente, producto de una gobernanza debilitada, de una institucionalidad que ha sido debilitada, que está frágil y fragmentada. Y tiene, además, una inflamación sistémica, de todo el organismo, producto de la gran desconfianza que hay en la salud”.
Para él, el cambio de gobierno será importante para buscar soluciones: “Pues, el paciente se puede salvar y se va a salvar, es mi confianza. Y el paciente se salva por varias razones. Entre esas, por la llegada de un liderazgo distinto, renovado que permitirá que haya un diálogo sustentado en la escucha atenta, en el respeto a las posiciones que no ha habido en estos cuatro años. Un paciente en cuidados intensivos no se le lleva a una cirugía mayor. Primero que todo, se estabiliza al paciente. Se necesita un plan de choque con liquidez que lo estabilice y que permita hacer un diagnóstico adecuado de cuál es la real situación de diferentes órganos, en este caso, las EPS intervenidas”.
La voz de los pacientes
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, señaló a esta casa editorial que lo más delicado ha sido la afectación de los pacientes en sus posibilidades de acceso a las medicinas y tratamientos.
“Durante los últimos cuatro años, no se cumplieron las principales promesas de campaña en materia de salud: convertir a Colombia en una ‘potencia mundial de la vida’ en salud, garantizar la entrega de medicamentos a domicilio para todos los pacientes y asegurar el derecho a la salud según la ley estatutaria 1751”.
Silva fue más allá y agregó: “Se percibió un retroceso en lugar de avances, marcado por una crisis financiera, incumplimiento de fallos de la Corte Constitucional y un aumento de muertes evitables. La gestión del sistema de salud fue considerada desastrosa, especialmente por la intervención estatal en el 52% de las EPS, el manejo inadecuado de recursos y la falta de respuesta sobre el uso de fondos públicos”, cerró el representante de los pacientes en el país.
Reclamaciones desbordadas
En 2025 se alcanzó la cifra récord de 312.573 acciones de tutela por el derecho a la salud, duplicando las 156.274 registradas en 2022. Actualmente, 1 de cada 3 tutelas interpuesta en Colombia es por salud (33,86 %). Las quejas y reclamos en salud pasaron de 1.149.403 en 2022 a un máximo histórico de 2.048.435 en 2025. El 60 % de estas reclamaciones corresponden a EPS que fueron intervenidas por el Estado. Pese a una cobertura nominal del 98,23% en 2026, la reducción frente al máximo histórico de 2022 (99,61 %) se traduce en que más de 1 millón de personas salieron de la cobertura del sistema.
Las patologías que pusieron en riesgo a los colombianos
La crisis de la salud no solo se traduce en dinero: las mediciones también arrojaron preocupaciones sobre ciertas patologías. Tras registrar cero casos en 2022, la Fiebre Amarilla resurgió con una declaración de emergencia en abril de 2025 y un acumulado de 125 casos confirmados y 46 muertes, expandiéndose a departamentos donde no solía circular, como los departamentos de Tolima, Caldas y Cauca.
En 2024 se vivió la peor epidemia de dengue en 15 años, alcanzando un pico de 320.982 casos.
Otro de los temas fue el retroceso dramático en Sífilis Congénita, subiendo un 45 %. La incidencia subió de 3,1 por 1.000 nacidos vivos en 2022 a 4,5 por 1.000 en 2025 , dejando 1.937 recién nacidos afectados. Esto representa una cifra nueve veces mayor a la meta de salud pública del país (0,5).
Se destaca que la Mortalidad Materna quedó estancada; la razón se ubicó en 47,27 por 100.000 nacidos vivos, lejos de la meta del Plan Nacional de Desarrollo (32). El 35% de los decesos se concentran en zonas rurales dispersas de Guainía, Chocó, La Guajira, Magdalena y Cesar.
Mientras Bogotá alcanzó 99,3% en la vacuna pentavalente (Penta3), en departamentos como Vichada la cobertura cayó al 52,9% (una brecha de 46,38 puntos porcentuales). La vacunación contra el VPH cerró en un promedio nacional del 60%, muy lejos del 90% recomendado. Finalmente, se presentó un brote descontrolado de Tosferina. En 2025 se notificaron 1.207 casos y 32 muertes, frente a solo 84 casos registrados en 2024.