El presidente Gustavo Petro se acerca al final de su mandato. Tras cuatro años de gobierno, la administración llega a su recta final con un balance marcado por varios desafíos, entre ellos la seguridad, uno de los temas que mayor expectativa generó durante la campaña presidencial de 2022. En ese momento, una parte importante de la ciudadanía esperaba cambios que permitieran enfrentar el deterioro del orden público y reducir el impacto del conflicto armado en distintas regiones del país.
Colombia es un país profundamente afectado por décadas de violencia. El conflicto armado ha dejado miles de víctimas, desplazamientos masivos y un impacto permanente sobre las comunidades rurales, que durante años han estado expuestas a la presencia y las acciones de grupos armados ilegales. Aunque las motivaciones de estas organizaciones han cambiado con el paso del tiempo, en la actualidad su permanencia está estrechamente ligada al control de economías ilícitas que les permiten financiar su expansión y fortalecer su capacidad operativa.
El narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras rentas criminales han consolidado el poder de estas estructuras en diferentes zonas del país. Gracias a esos recursos económicos, los grupos armados han acrecentado su presencia territorial, ampliado su capacidad logística y fortalecido sus acciones ofensivas, desafiando de manera constante a la Fuerza Pública y al Estado.
Cuando perciben amenazas contra sus intereses, estas organizaciones recurren a acciones violentas con el propósito de enviar mensajes de intimidación a las autoridades y demostrar que mantienen capacidad de ataque. En la mayoría de los casos, las principales afectadas son las comunidades civiles, que terminan atrapadas en medio de confrontaciones, atentados y disputas por el control del territorio.
El episodio más reciente ocurrió durante el pasado fin de semana en Norte de Santander. Un carro bomba fue detonado frente a un comando de la Policía Nacional, lo que causó daños en la infraestructura y dejó once uniformados heridos. Tras el atentado, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y el Ministerio de Defensa realizaron un consejo extraordinario de seguridad en el que señalaron como principales sospechosos a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.
Este hecho se suma a una tendencia que reflejan las cifras oficiales. De acuerdo con el informe de Seguimiento a Indicadores y Resultados Operacionales del Ministerio de Defensa, el comportamiento del terrorismo en Colombia durante la última década evidencia un incremento sostenido, especialmente después de la pandemia.
Los atentados se presentan tanto en zonas urbanas como rurales. Las carreteras, municipios, estaciones de Policía, comandos policiales y bases militares son objetivos frecuentes de los grupos armados ilegales. Además, las modalidades de ataque han evolucionado. A los tradicionales carros bombas y cilindros explosivos se han sumado drones adaptados para transportar explosivos, una herramienta que refleja la incorporación de nuevas tecnologías al desarrollo del conflicto armado.
Durante el primer semestre de 2026 se registraron 709 hechos de terrorismo en todo el país. La cifra representa un aumento del 5 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 674 casos. Aunque algunos meses de 2025 presentaron registros superiores a los de 2026 de manera individual, el acumulado semestral confirma que la tendencia es ascendente y que este fenómeno mantiene una presión constante sobre la seguridad nacional.
El informe también permite observar el comportamiento histórico del delito durante los últimos diez años. En 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia registró 374 hechos de terrorismo, la cifra anual más baja de la década. Sin embargo, en 2016 el número aumentó considerablemente hasta llegar a 824 casos. Para 2017 se presentó una reducción a 699 hechos, aunque los niveles fueron elevados.
En 2018, año de transición entre los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, los registros volvieron a incrementarse hasta alcanzar 780 hechos. Posteriormente, durante 2019, primer año completo de la administración Duque, el país reportó una leve reducción con 735 casos.
La llegada de la pandemia de covid-19 en 2020 modificó significativamente la dinámica del país. Las restricciones a la movilidad, las cuarentenas y la reducción de múltiples actividades incidieron en la disminución de los hechos de terrorismo, que cerraron ese año con 427 casos, la segunda cifra más baja de la década.
No obstante, esa reducción fue temporal. En 2021, con la reactivación progresiva de la economía y el levantamiento de las restricciones sanitarias, las organizaciones armadas retomaron gran parte de sus operaciones. Como consecuencia, el país volvió a registrar un incremento hasta alcanzar 635 hechos de terrorismo.
La tendencia continuó en 2022, año de transición entre Iván Duque y Gustavo Petro. Durante ese periodo se contabilizaron 742 hechos terroristas, esto reflejó un nuevo aumento que coincidió con el fortalecimiento de distintos grupos armados en varias regiones del país y con la intensificación de las disputas por corredores estratégicos para las economías ilegales.
En 2023, ya con Gustavo Petro ejerciendo plenamente la Presidencia, el número de atentados siguió creciendo. Aunque el Gobierno impulsó la política de Paz Total como estrategia para reducir la confrontación mediante diálogos con diferentes organizaciones armadas, los indicadores mostraron que los ataques continuaron. Ese año se registraron 839 hechos de terrorismo, mientras persistían las confrontaciones entre grupos ilegales y los ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.
El incremento fue aún más pronunciado en 2024, cuando el país alcanzó 1.126 hechos de terrorismo, el registro más alto hasta ese momento. Las cifras reflejaron un recrudecimiento del conflicto, impulsado principalmente por la disputa por las economías ilícitas y el control territorial en distintas regiones.
La situación empeoró en 2025. Durante ese año se contabilizaron 1.398 hechos de terrorismo, el mayor registro de toda la serie histórica analizada por el Ministerio de Defensa. El aumento evidenció las dificultades del Estado para contener la expansión de los grupos armados ilegales y reducir su capacidad de acción en diferentes zonas del país.
Con los datos acumulados de 2026, el panorama de seguridad es uno de los principales retos para la siguiente administración. De mantenerse esta tendencia, el próximo gobierno enfrentará la necesidad de fortalecer la presencia institucional, recuperar el control territorial en las regiones más afectadas, combatir las economías ilegales que financian a las organizaciones armadas y reforzar la capacidad operativa de la Fuerza Pública.
Al mismo tiempo, deberá trabajar en la recuperación de la confianza ciudadana, un elemento fundamental para avanzar hacia un escenario en el que la población pueda desarrollar sus actividades con mayores garantías de seguridad y estabilidad.