El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró las visas de ciudadanos extranjeros señalados de atentar contra gobiernos democráticos a través de actividades de corrupción o narcotráfico. En la lista están la senadora y el empresario.
Este lunes, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, y el empresario Euclides Antonio Torres Romero recibieron la noticia de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos canceló sus respectivos visados, en el marco de una política de restricción dirigida a extranjeros que “atentan contra un gobierno democraticamente elegido, mediante actividades de corrupción o narcotráfico”.
Lea también:Departamento de Estado de Estados Unidos revocó visas de Euclides Torres y Martha Peralta
Tras la determinación administrativa adoptada por el gobierno estadounidense, la congresista solicitó explicaciones formales sobre la decisión al no encontrarse notificada oficialmente.
Investigación judicial contra Peralta
Dicha medida del gobierno estadounidense se produce al tiempo que en Colombia se que adelantan acciones por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la parlamentaria por delitos de tráfico de influencias; cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Acorde con señalamientos formulados por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el cual se encuentra actualmente detenido, Peralta habría ejercido como enlace del gobierno en el Congreso para presuntamente direccionar contratación estatal a cambio de respaldos políticos a reformas sociales.
Durante junio de 2026, la congresista fue retenida transitoriamente en la sede de la Dijín en Bogotá, luego de solicitar en dos oportunidades el aplazamiento de su indagatoria.
Posteriormente la magistrada ponente Cristina Lombana logró vincularla formalmente al proceso penal.
A pesar de ello, el expediente quedó paralizado a causa de que varios magistrados de la Sala de Instrucción solicitaron a la Comisión de Acusación del Congreso y a la Procuraduría General de la Nación investigar a la magistrada Lombana por sus actuaciones en la causa.
Al respecto, esta última sostuvo que dichos señalamientos corresponden a “artimañas dirigidas a separarme de expedientes que habían trascendido la opinión pública, expedientes sensibles, expedientes que incomodan, expedientes que posiblemente tocaban intereses que preferían permanecer en la oscuridad”.
Aunque no existe condena judicial contra la senadora, la administración estadounidense hizo efectivas sus medidas preventivas.
Lea también:La OEA reconoce a Barranquilla por recibir por primera vez el Intercambio de Competitividad de las Américas
El vínculo de Euclides Torres con Petro
De cara al historial de Euclides Antonio Torres Romero, el Departamento de Estado lo identificó como líder de un conglomerado empresarial con operaciones principales en energía, iluminación pública y señalización vial.
Torres habría sido señalado como financiador de campañas políticas a lo largo del territorio colombiano, entre ellas la del expresidente Gustavo Petro, cuyo proceso por presuntas irregularidades en el financiamiento de la contienda de 2022 es investigado por la Comisión de Acusación.
Para junio de 2026, se dio a conocer una misiva de tres páginas escrita por el empresario, en ella explicó que brindó apoyo logístico a la precampaña de Gustavo Petro por afinidad con sus propuestas.
Dicho pronunciamiento se produjo luego de que Nicolás Petro, hijo mayor del exmandatario, actualmente procesado por la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mancomunado con su exesposa, Day Vásquez, lo vincularan con la financiación de eventos de precampaña, manifestándose así como la “P gigante” en Barranquilla.
Sumado a ello, Torres aparece mencionado en las investigaciones instruidas por la magistrada Cristina Lombana contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de servidor público.
Este caso se remonta a 2010, cuando Benedetti en calidad de senador del Partido de la U, presentó un proyecto de ley con el objetivo de establecer el certificado de aptitud psicofísica para el porte de armas, trámite que según la Corte Suprema habría buscado favorecer a la empresa Simetric S.A., vinculada a Torres.
Dentro de dicha investigación se documentó un incremento patrimonial del exministro y la adquisición de un inmueble en la Urbanización Pradomar del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, al ciudadano Luis Alberto Nicolella de Caro por $3.694 millones de pesos, compra efectuada por interpuesta persona a través de su cónyuge, Adelina Guerrero Covo.
Acorde con las declaraciones del empresario, los fondos provinieron de un préstamo de una de sus empresas, transacción sobre la cual el alto tribunal no halló garantías ni evidencias de pago.
Finalmente, el Departamento de Estado de EE. UU. puntualizó que la revocatoria de visados constituye un mecanismo de actuación rápida ejecutada como medida que las autoridades acopian material probatorio.