Una investigación de Fedesarrollo y Loom Strategy Centre concluye que las decisiones sobre política minera y seguridad durante los próximos cinco años serán determinantes para atraer inversión formal, fortalecer la gobernanza y evitar que economías ilegales se apropien del potencial del sector
La creciente demanda mundial de minerales estratégicos abre una ventana de oportunidad para Colombia, pero aprovecharla dependerá de las decisiones que adopte el país durante los próximos años. Un estudio advierte que el rumbo que tomen la política minera y la seguridad será determinante para convertir ese potencial en ingresos para el Estado o permitir que termine en manos de estructuras criminales.
La investigación plantea que el escenario es especialmente relevante por el papel que adquirió estos recursos en la transición energética, la digitalización y el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. En ese contexto, Colombia figura entre los países con condiciones geológicas favorables para convertirse en proveedor de minerales clave. Sin embargo, el informe señala que ese potencial no garantiza resultados. La posibilidad de atraer inversiones y fortalecer el recaudo dependerá de la capacidad institucional para desarrollar proyectos legales, mejorar la gobernanza en los territorios y contener la expansión del crimen organizado sobre estas actividades.
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Esas conclusiones hacen parte del estudio Regulando para el Estado, no para el crimen: renta fiscal, crimen organizado y minerales críticos en Colombia, elaborado por Fedesarrollo y Loom Strategy Centre. El documento advierte que, si el Estado logra consolidar un entorno favorable para la inversión formal y frena el avance de las economías ilegales, el país podría obtener entre $10 billones y $19 billones en ingresos fiscales provenientes de los minerales críticos hacia 2050.
De acuerdo con los investigadores, los próximos cinco años serán decisivos para definir ese resultado. Si no se adoptan medidas oportunas, parte de esa riqueza podría terminar fortaleciendo organizaciones criminales, tal como ocurrió con la explotación ilegal de oro durante la última década.
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El informe explica que minerales como el cobre, el níquel, el niobio y el tantalio ganaron protagonismo porque son esenciales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, centros de datos, semiconductores, infraestructura eléctrica y equipos de defensa. La demanda internacional continúa creciendo. Según el estudio, el consumo mundial de cobre podría aumentar cerca de 30% hacia 2040, mientras economías como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón buscan diversificar sus proveedores para disminuir la dependencia de China, que concentra buena parte del refinamiento de estos minerales.
En ese panorama, Colombia aparece dentro del 25% de los países con mayor potencial minero del mundo. Para los autores, esa posición podría traducirse en nuevas inversiones y mayores ingresos fiscales si se superan las barreras regulatorias y los problemas de seguridad que hoy limitan el desarrollo del sector. Las estimaciones indican que el recaudo asociado a los minerales críticos alcanzaría entre $10 billones y $19 billones, calculados en valor presente neto hacia 2050. Los investigadores comparan esa cifra con entre 10 y 13 años del presupuesto del Ministerio de Ambiente o cerca de siete años del presupuesto de inversión de Defensa y Policía.
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“Las decisiones de política pública de los próximos cinco años en el sector minero y de seguridad definirán el potencial recaudo de 2050 asociado a los minerales estratégicos”, señaló Jairo García, investigador principal del estudio de Fedesarrollo. El experto añadió que “Se requieren procesos más ágiles y transparentes y un escenario de colaboración y confianza entre el sector público, privado y las comunidades”.
Además, advirtió: “No hay margen para esperar porque en juego están cerca de 19 billones de pesos y el papel estratégico del país en la transición energética global”. El documento sostiene que uno de los principales riesgos consiste en que las organizaciones criminales repliquen en los minerales críticos el modelo ilegal que consolidaron alrededor del oro.
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Según las estimaciones de la investigación, la extracción ilícita de oro generó entre $32 billones y $34 billones durante 2025, una cifra equivalente al 1,9% del Producto Interno Bruto. Los autores señalan que, si esa actividad fuera una empresa formal, estaría entre las cinco organizaciones con mayores ingresos del país, aunque esos recursos no generan recaudo tributario y fortalecen economías ilegales. La investigación advierte que grupos armados y organizaciones criminales ya empiezan a incursionar en zonas con potencial para minerales críticos, especialmente en Guainía, Vichada y corredores fronterizos con Venezuela.
Los autores consideran necesario fortalecer la formalización minera, mejorar la coordinación entre las entidades del Estado y consolidar mecanismos de relacionamiento con las comunidades para que los beneficios económicos de los proyectos lleguen efectivamente a los territorios. Además, el estudio destaca que, según Brújula Minera, el 69% de los colombianos considera que la minería tiene un impacto positivo para el país, ocho de cada diez creen posible desarrollar una minería socialmente responsable y el 62% respalda aumentar la exploración y producción de minerales.
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