Este medio reconstruyó seis horas inéditas del expediente de la UNGRD que la Fiscalía, deliberadamente, decidió no investigar. Los chats conectan a Sneyder Pinilla y Olmedo López con el magistrado de la Corte Constitucional. ¿Por qué no se compulsaron copias y se excluyó este capítulo de la investigación? CAMBIO revela la historia.
Exclusivo: Los chats del magistrado Vladimir Fernández que la Fiscalía ocultó
Este medio reconstruyó seis horas inéditas del expediente de la UNGRD que la Fiscalía, deliberadamente, decidió no investigar. Los chats conectan a Sneyder Pinilla y Olmedo López con el magistrado de la Corte Constitucional. ¿Por qué no se compulsaron copias y se excluyó este capítulo de la investigación? CAMBIO revela la historia.
No fue un martes cualquiera. El 9 de enero de 2024 el gobierno Petro enfrentaba dos crisis al mismo tiempo. Por un lado, la de orden público en la frontera con Ecuador y, por otro, la inminente pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos. Mientras tanto, uno de sus funcionarios, Sneyder Pinilla, antes de despegar en un vuelo, enviaba el siguiente mensaje a su pareja: “tengo que ir a entregar $”.
Para ese entonces Pinilla y su jefe, Olmedo López, estaban tranquilos. Con la libertad que ofrece el anonimato habían sellado el jugoso contrato de los carrotanques, y sus nombres aún no ocupaban los titulares de la prensa por el saqueo de la UNGRD.
Esta es la historia de las 6 horas inéditas del expediente que la Fiscalía decidió ignorar. El episodio tiene seis protagonistas. Los ya conocidos Olmedo López y Sneyder Pinilla y cuatro nuevos nombres: un conductor de la UNGRD; la pareja de Pinilla; el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, y su amiga Irma Solangel Torres, hoy conjuez en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
CAMBIO revela las comunicaciones de la tarde del 9 de enero de 2024 que dan cuenta de un cruce de mensajes entre estas seis personas para una presunta entrega de plata a la abogada Torres. En la secuencia, es Fernández quien envía las coordenadas del apartamento a Olmedo López.
Ese día, después de avisarle a su pareja que iba a “entregar $“ y antes de despegar hacia Bogotá, Sneyder Pinilla le escribió a Miguel, conductor de la UNGRD: “ya a volar”. Él respondió “listo, pendiente, gracias”.
Poco después de aterrizar, entre las 4 y las 5:30 de la tarde, Pinilla y López hablaron seis veces por teléfono. A las 5:35 Vladimir Fernández aparece por primera vez en escena. Lo anterior abre un interrogante: ¿Sabía el magistrado de la plata que Sneyder le entregaría a la doctora Torres?
–Recuérdeme el apartamento– le pregunta Olmedo López a Vladimir Fernández. A esa hora, Sneyder y Miguel habían llegado al apartamento de Irma Solangel Torres en el barrio Pablo VI, en el occidente de Bogotá.
Según los chats en poder de CAMBIO, Olmedo y Sneyder no sabían en ese momento quien era la persona que iba a recibir el dinero ni el número de su apartamento. Por eso, chateaban entre ellos para averiguar los datos.
5:47 p.m.
–Primer piso. La señora Sol. 112. torre 2 -le dice el magistrado Fernández a Olmedo López en diferentes mensajes que envía por WhatsApp.
5:49 p.m.
–Torre 2– le escribe Olmedo López a Sneyder Pinilla, dos minutos después de que el magistrado le mandó el dato.
–112– a los 20 segundos López le envió el número del apartamento a Pinilla. Este mensaje lo escribió desde otra línea de teléfono celular, en una evidente maniobra para dificultar la trazabilidad de las comunicaciones.
5:50 p.m.
Con un signo de interrogación, Vladimir Fernádez le pidió a Olmedo López que le respondiera. Luego de una llamada con Sneyder para confirmar, Olmedo, quien no estaba en el lugar, tranquilizó al magistrado diciendo que el subdirector Pinilla ya estaba “en sitio”.
La secuencia de los chats y la información que CAMBIO contrastó con las fuentes, permiten inferir que la presunta entrega del dinero se dio en los siguientes 10 minutos. Exactamente, entre las 5:49 p.m., cuando Pinilla recibió el número del apartamento, y las 5:59 p.m., cuando a este último le llegó un mensaje de Solangel: “hola”. Acto seguido, Sneyder guardó su contacto y le respondió: “listo”.
Después de la presunta entrega del dinero, entre 6:47 y 8:14p.m Olmedo López y Sneyder Pinilla terminaron la operación oculta del 9 de enero de 2024 con una ronda de 5 llamadas.
CAMBIO obtuvo, además, el certificado de tradición y libertad del inmueble de Irma Solangel Torres, documento oficial que confirma que la abogada es propietaria del apartamento 112 de la torre 2 del conjunto Balcones de Pablo VI, los mismos datos que el magistrado Vladimir Fernández le envió por WhatsApp a Olmedo López quien, a su vez, se los reenvió a Pinilla para orientarlo. El documento despeja cualquier duda sobre el destino final del recorrido.
Aunque el contenido de los chats no permite establecer si el dinero efectivamente se entregó, y con qué propósito, es interesante recordar el contexto político de aquellos días.
La Corte Suprema de Justicia se disponía a elegir a la nueva fiscal general de una terna presentada por el presidente Gustavo Petro, en un momento de alta tensión entre el mandatario y la Rama Judicial. En la fase más álgida del proceso contra su hijo Nicolás, Petro decidió dar un golpe al tablero: presentó la primera terna compuesta por mujeres que no conocía, seis meses antes de que Francisco Barbosa finalizara su periodo.
Para conformarla el presidente se sentó con tres personas a puerta cerrada, entre ellos, sus juristas más cercanos: Iván Velázquez, entonces ministro de Defensa, y Vladimir Fernández, su secretario jurídico. Así, entre los tres, definieron quién ocuparía la poderosa silla del Búnker de la Fiscalía. Luego de una modificación en la terna y de una frustrada ronda de votaciones, la Corte Suprema se preparaba para reanudar la elección en una nueva Sala Plena convocada para el 25 de enero. Ninguna de las ternadas tenía asegurados los votos y el proceso estaba todavía muy reñido.
El hoy magistrado Fernández no sólo participó en la conformación de la terna sino que fue determinante para inclinar la balanza a favor Luz Adriana Camargo. Esta coincidencia no es un capricho. La justicia, en especial la Fiscalía, tiene en su poder estos chats, las celdas, los testimonios y la totalidad de las evidencias, desde el 2024.
Al revisar el expediente en poder de este medio de comunicación, es difícil pensar que la exclusión de estas pruebas tan graves haya obedecido a un descuido de buena fe.
La Fiscalía responde
Para entender por qué el ente investigador no se interesó en esclarecer qué pasó ese 9 de enero, CAMBIO consultó a María Cristina Patiño, la fiscal titular del caso de la UNGRD. Patiño tiene una teoría que, aunque podría sustentarse estirando los límites del derecho, desafía el sentido común. Según la funcionaria, esta situación se presentó porque en el proceso de negociación con Sneyder se pactó una “extracción controlada” de sus teléfonos de acuerdo a una matriz de colaboración que entregó con 27 nombres, entre ellos, el de Olmedo López. La fiscal sostiene que la ley la obliga a ignorar cualquier contenido producto de la extracción que no se haya incluido expresamente en el acuerdo.
La mayor paradoja es esta: la fiscal Patiño explicó que la publicación de este artículo podría convertirse en el punto de partida para que la propia Fiscalía investigue –por fin– esos hechos.
Este medio consultó a cuatro exfiscales generales que coincidieron en que, a la hora de sentarse a negociar, las condiciones las pone la Fiscalía y no los procesados. También dijeron que no resulta justificable no compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cuando el involucrado es un aforado como Vladimir Fernández.
Uno de los exfiscales generales consultado por CAMBIO fue categórico: la Fiscalía no podía pasar por alto estas conversaciones. Explicó que, cuando en una investigación aparecen de manera fortuita evidencias de un posible delito distinto o de la participación de personas que no hacían parte del proceso original, el ordenamiento jurídico obliga al ente acusador a actuar. Esa figura, conocida como hallazgo casual, exige preservar la evidencia, compulsar las copias pertinentes y abrir una investigación independiente. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que el deber de investigar no desaparece porque la información haya surgido en otro expediente. Por el contrario, si el hallazgo fue obtenido de manera lícita, la Fiscalía está obligada a verificar si esos hechos constituyen un nuevo delito.
Es cierto que existen formalismos que le impiden a la justicia utilizar en un proceso una prueba que fue obtenida ilegalmente o que no está debidamente amparada en la ley. Sin embargo, los antecesores de la fiscal Luz Adriana Camargo también coinciden en que, como en el proceso 8.000 o en el famoso caso del “miti miti”, existen mil maneras de establecer por otros medios de prueba los hechos conocidos que no pueden ser utilizados en juicio.
CAMBIO consultó a todos los implicados en esta investigación. En una primera llamada, el magistrado Vladimir Fernández aseguró no recordar este episodio. Al día siguiente volvió a comunicarse con la periodista y decidió entregar su versión. Según explicó, tuvo un primer acercamiento conOlmedo López en diciembre de 2023, durante un encuentro en la Casa de Nariño, cuando Olmedo, entonces director de la UNGRD, le manifestó su preocupación por una suspensión que, según dijo, preparaba la Contraloría en su contra. Fernández sostiene que, ante esa inquietud, le recomendó acudir a Irma Solangel Torres, a quien describió como una abogada con amplia experiencia en derecho administrativo. Esa es la razón por la cual —afirma— el 9 de enero le envió a López la dirección del apartamento donde ella residía.
Sin embargo, si se trataba únicamente de poner en contacto a un cliente con una abogada, el nivel de reserva con el que se desarrolló la operación —incluido el uso de una segunda línea telefónica para transmitir parte de la información— genera, cuando menos, suspicacias. Si, como dice el magistrado, el motivo del encuentro era que Torres asumiera la defensa de López, no se entiende por qué fue Sneyder Pinilla el que llegó al apartamento de la abogada.
El abogado Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, dijo que no le corresponde ni a él ni a su representado, explicar, en un principio de oportunidad, una supuesta omisión que fue construida a partir de información no verificada por ellos. José Moreno, abogado de López, le tiró la pelota a la Fiscalía y confesó que fue esa entidad la que determinó cuáles fueron los hechos que se debían incluir en el principio de oportunidad.
Por su parte, Irma Solangel Torres se negó sistemáticamente a contestar las llamadas y mensajes de los periodistas.