Se acaba de conocer el anuncio de imputación de cargos emitida por la contraloría general de la república, contra una treintena de personas entre naturales y jurídicas, entre las que se encuentra el candidato presidencial Sergio Fajardo, el actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el ex senador Luis Alfredo Ramos, los más conocidos por la opinión. Nadie, ni es culpable penalmente, ni es responsable, fiscal o disciplinariamente, hasta tanto la respectiva jurisdicción y el órgano competente así lo expida en una sentencia o fallo condenatorio, en aras del respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el buen nombre.

Lo que no deja de llamar la atención es que Fajardo para la época de las pesquisas, era gobernador de Antioquia (2012-2015), y será imputado por acciones y omisiones, como miembro de la junta directiva, y omisión al deber de tutela, ya que “tenía el deber de control y seguimiento respecto de sus agentes, en especial del gerente del instituto de desarrollo de Antioquia (IDEA)”. Básicamente, la revisión del ente de control consiste en establecer un presunto detrimento patrimonial por presuntas irregularidades, tanto en el proceso de planeación para la construcción de la represa de Hidroituango y los millonarios sobrecostos de los que han sido objeto los recursos públicos de la gobernación de Antioquia, EPM  e IDEA, quienes han sido los financiadores directos del megaproyecto, sumándole, los onerosos empréstitos otorgados por la banca multilateral para el mismo efecto.

Recordemos a los lectores que los resultados de las investigaciones de carácter fiscal conducen a establecer hallazgos, ya sea de carácter administrativo o fiscal; el primero, tiene que ver con el lucro cesante por la no entrada en operación del proyecto, estimada en 1,1 billones de pesos, mientras que el hallazgo fiscal, tiene que ver, precisamente, con la ineficacia e ineficiencia en la gestión fiscal, en una cuantía de 2,9 billones. Nada más ni nada menos que la bicoca de 4 billones de pesos que se perdieron, los esfumaron o se los robaron.  La mencionada imputación es el resultado de la apertura de ese proceso de responsabilidad fiscal por la grave crisis de 2018 que por poco ocasiona la debacle del proyecto, un notorio daño ambiental en la zona de afectación y las inminentes fallas que quedaron al descubierto.

Si nos centramos en la controversia política originada por las imputaciones, debemos decir sin sesgos y desprevenidamente, que la continuación de la carrera política de Sergio Fajardo, estaría en entredicho, debido a que el ente de control está concentrado en su deber constitucional de recuperar en todo o en parte, los 4 billones de pesos que hoy nadie sabe para dónde se fueron o a cuáles bolsillos ingresaron.

Determinados plenamente estos responsables fiscales, tendrán que responder por los recursos, incluso, con su patrimonio personal, y si el candidato presidencial es hallado responsable, le esperaría un doloroso traspié político y económico. El profesor Fajardo siempre se ha mostrado como un adalid contra la corrupción; desde hace más de veinte años su discurso está soportado en la honestidad, transparencia, servicio público con vocación e inclusión social; sin embargo, me llaman muchísimo la atención que dentro de sus propuestas programáticas frente a temas de infraestructura, en la campaña de 2018 planteó sin titubeos que de ser electo presidente garantizaría los cierres financieros de los proyectos actuales.

Pues bien, Hidroituango hace muchísimos años que ha sido, es y sigue siendo el proyecto macro del país en materia de hidroeléctricas y de generación de energía, pero soportado en la investigación fiscal, parece ser que como gobernador de Antioquia no pudo cumplir esa tarea. Con respecto a temas de lucha contra la corrupción, propuso replicar las llamadas ferias de la transparencia, con miras a explicar qué es lo que contrataría a nivel público y que “esa lucha debería revertir en por lo menos un punto del PIB anual adicional de recaudo tributario y que disminuyendo el problema, los recursos irían a educación, ciencia, tecnología y cultura”. Pero con Hidroituango y su evidente participación cuando fue gobernador, se perdieron más de 4 billones de pesos. Son las paradojas entre los resultados del ejercicio público y el poder del discurso para ganar elecciones. Fajardo, es el exgobernador más investigado por la “ias” y la suprema de justicia por presunta corrupción en gruesos contratos como por ejemplo los viales, dejando a su departamento “camino a la bancarrota”. Es un temible lobo disfrazado de cordero, hasta ahora, intocable. No representa la renovación de absolutamente nada, es más habilidad en su discurso que realmente, hechos concretos de salud pública y bienestar social.

Me enfoco en estas líneas al hecho de cómo esta clase de políticos se dedican, por un lado, a hablar y hablar de temas tan sensibles ante la opinión pública, ante el votante para conquistarlo, y, de otra parte, cuando ese discurso queda en entredicho al traducirse en investigaciones tan serias por corrupción y de esta imputación fiscal. Claro está que la mejor arma de defensa va a ser el ataque, dirá entonces que es una decisión más política, que se busca frenar a como dé lugar su candidatura en 2022; que el odio mezquino y la resistencia al cambio va a ser impedido por el statu quo; que es una evidente persecución política en contra del candidato que lidera las encuestas y de tantas excusas tan posibles como mediáticas.

Una moraleja de todo esto es que al igual que Fajardo, el otro candidato presidencial, el de la extrema izquierda, el señor Petro, llega al debate de 2022 bastante cuestionado, con un oscuro pasado delictivo, en su paso por la alcaldía de Bogotá la corrupción fue su realidad; en su prontuario, figura un video recibiendo fajos de dinero de criminal procedencia, pero ni justicia a la vista ronda ese mal proceder de alguien que aspira a gobernar el país. Pareciera que los papeles estuvieran invertidos actualmente, los bandidos en la cresta de la ola y la gente de bien en el olvido. Veremos cómo se defiende Fajardo, si la pérdida de ese mayúsculo capital aparece o no; si las fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango tendrán castigo; si la gravedad de los hechos le traerán o no consecuencias individuales. Y, por último, si una investigación de un ente de control produce resultados en tiempos de una campaña presidencial.

César Salas Pérez, Periódico Debate, 07/12/2020


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