Muy respetables Doctores:

En nuestra calidad de ciudadanos, mayores de edad, de nacionalidad colombiana e interesados en el bienestar de la Patria, nos permitimos dirigirnos a Usted, de la manera más comedida y respetuosa, para pedirle una sabia y pronta en intervención que sea acorde con el ejercicio de las funciones que viene desempeñando, desde hace un tiempo, como cabeza visible de su importante partido político.

No se escapa a su conocimiento la caótica coyuntura que atraviesa el país, subyugado por un gobierno totalitario de extrema izquierda que, desde su posesión, ha venido incurriendo en heterodoxas conductas, y adoptando las más absurdas decisiones, que tienen al país al borde del colapso en todos los frentes. Entre ellos destacamos estos:

1. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO

Petro fue elegido tras incuestionable violación de los topes máximos de financiación de las campañas, sancionada como lo dispone el art. 109 de la C.P.

Su elección fue fraudulenta ya que no podía ser elegido Presidente de la República por haber sido condenado a 18 meses de prisión por un delito común, y doloso, porte de ilegal de armas y de explosivos caseros, de conformidad con lo establecido por los arts. 197 y 179 de la C. P.

2. PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD

Bajo el gobierno Petro no existe política de seguridad humana y, por el contrario, el Gobierno tiene como aliados suyos a los grupos armados ilegales generadores de violencia

Las eufemísticamente llamadas disidencias de las FARC  han actuado desde el acuerdo de La Habana como un brazo armado de las FARC; el ELN ha resurgido gracias a las contemporizaciones y beneficios recibidos de este gobierno con el que negocia la “paz total”; el propio Presidente intercede ante la Justicia para la liberación de los criminales de la Primera Línea y de integrantes de toda esta clase de grupos terroristas con los que negocia; al secuestro de 78 agentes de policía por una irregular y violenta “guardia indígena” lo califica el Gobierno como “cerco humanitario” y prohíbe a efectivos militares prestarles socorro, con la consecuencia de que un agente fue degollado a plena luz del día.

En suma, se gobierna en beneficio de los más crueles criminales, causantes de permanentes ataques a la vida y a la seguridad de los colombianos.

a.  No es posible cumplir con la labor primordial del Estado de protección de proteger la vida humana cuando la seguridad nacional no ha funcionado está siendo desmantelada por los arbitrarios e inconsultos actos del gobierno Petro:

• Designación de un Ministro de Defensa que no sólo carece de conocimientos del tema, sino que, además, es convicto de delitos cometidos en el exterior y se ha caracterizado como enemigo tradicional de la Fuerza Pública;
• Desmantelamiento del alto mando de las Fuerzas Militares y de la Policía, lo que ha generado falta de confianza del gobierno en los mandos medios, dispersión de esfuerzos, desaparición de las operaciones conjuntas; indecisión y lentitud en las acciones militares, traumatismos en la seguridad real en el terreno y en la ejecución táctica de las operaciones por el retiro masivo de mandos medios y suboficiales; pérdida de capacidades humanas y tecnológicas por el menoscabo de la inteligencia militar y su utilización como herramienta política;
• Políticas de desfinanciación de las Fuerzas Militares, lo que ha generado consecuencialmente que cada vez son más escasos los insumos para las unidades de combate, lo cual se agrava con la hostil ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales del gobierno Petro con el estado de Israel, importante y fundamental proveedor de nuestra ciberseguridad, aeronaves, armamento, así como su mantenimiento y sus repuestos;
• Desmantelamiento de unidades estratégicas como la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, y reducción de 4 a 1 solo batallón en 11 brigadas.

b. No existe gobierno en materia de seguridad y protección a la vida humana:

• Se carece de iniciativa frente a la acción de los criminales, llámense guerrilleros, vándalos, guardias irregulares, narcotraficantes u organizaciones delincuenciales de todo tipo.
• La Fuerza Pública tiene instrucciones de no actuar ni para defenderse, y así hemos presenciado el humillante secuestro y asesinato de soldados y policías después de que son despojados de sus armas. Estas prácticas se van extendiendo en todo el Territorio Nacional, como acaba de suceder en Guaviare y Meta y con el inhumano paro armado del ELN en el departamento del Chocó. Resultado? Sangre, miseria y opresión.
• Es decir, mientras la mayor parte del territorio nacional está bajo el control de grupos irregulares, las fuerzas del orden son relegadas a sus cuarteles por la autoridad civil.

c. Los resultados en el control de la criminalidad, hasta agosto 2023, no pueden ser peores:

• Un total de 185 masacres desde el comienzo del gobierno hasta la fecha. 
• Aumento de 212 % en los secuestros.
• Aumento del 79 % en la trata de personas.
• Aumento del 43 % en la extorsión. 
• Escasa erradicación manual de cultivos (apenas 3965 hectáreas).
• Menos incautación de drogas (de 245 a 209 toneladas).
• Un paro armado cada bimestre en distintos territorios.
• Patrullaje ilegal en cabeceras municipales, carreteras rurales y nacionales.
• Aumento significativo del desplazamiento y de las áreas sembradas con artefactos explosivos improvisados.

En el Índice Mundial del Crimen Organizado preparado por Global Initiative aparece Colombia en segundo lugar entre los países con mayor criminalidad del mundo, después de Birmania y por encima de México.

Farid Badrán, analista de la entidad , afirma que “el histórico problema de los grupos armados sigue siendo el jalonador de este indicador”. Y agrega: “El fortalecimiento progresivo de las disidencias de FARC, el ELN y el Clan del Golfo tienen incidencia directa en la dinamización del crimen organizado”. Termina recomendando: “Es clave fortalecer las capacidades de inteligencia y abstenerse de sacrificar la estabilidad y el control territorial del Estado como condición para el desarrollo de negociaciones”.

En resumen, no ha existido en la historia de Colombia un gobierno más desentendido de su prioritaria obligación de proteger la vida de sus gobernados y garantizar la seguridad en la Nación.

Tampoco ha existido un mayor depredador de las gloriosas Fuerzas Armadas que tantas vidas han sacrificado para proteger a la población.

Ningún otro gobierno que haya ha infringido de manera más ostensible y reiterada las normas contenidas en el preámbulo de la Constitución y en los artículos 2, 11, 44 y 189 relativas a la protección de la vida y a la garantía del orden público, a la copiosa  Jurisprudencia de la Corte Constitucional, a los Tratados Internacionales -como la  Declaración Universal de los Derechos Humanos- y a la Jurisprudencia del derecho internacional sobre el orden público.

3. CORRUPCIÓN Y DESPILFARRO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Próximo a cumplir la mitad de su mandato, el régimen petrista se ha caracterizado como el gobierno más corrupto de nuestra historia. Su gestión no conoce límites en  la   infracción, sin pudor alguno, de las normas constitucionales y legales, ni en los escándalos que el Presidente, su familia y sus aliados protagonizan consuetudinariamente. Para muestra, van aquí algunos botones:

• Megaescándalo de la UNGRD cometido por políticos petristas y confesado por sus director y subdirector, Olmedo López y Sneider Pinilla, el primero de los cuales fue nombrado directamente por Petro. Desviaron miles de millones de pesos extraídos de la compra sobrevalorada de carrotanques, y ollas comunitarias para la Guajira, hacia estratégicos congresistas como Iván Name, expresidente del Senado, Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y Wadith Manzur, expresidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La Fiscalía ha solicitado a la Corte Suprema investigar por este escándalo a otros congresistas: Juan Pablo Gallo Maya, Liliana Esther Bitar Castilla, Julio Elías Chagui Flórez, Julián Peinado Ramírez, y otros más.

• Financiación irregular de la campaña presidencial confesada por Nicolás Petro, hijo del Presidente, y Day Vásquez, soportada por audios del ”turco” Gabriel Hilsaca Acosta y Samuel Santander Lopesierra, (el hombre Marlboro).
• Audios de Armando Benedetti, que después desautorizó, confesando la entrega a la campaña ‘Petro presidente’ de 15.000 millones de pesos conseguidos con el clan Torres, y no reportados a la Registraduría.
• Donaciones ilegales a la campaña presidencial en Casanare por el narcotraficante Juan Carlos López (alias El Sobrino) y su cónyuge Sandra Navarro.
• Audios de Aída Merlano que confirman compra de votos y alianzas con el dictador Nicolás Maduro para la campaña presidencial.
• Multimillonaria donación en servicios de transporte aéreo, y, al parecer, lavado de activos procedentes de la pirámide ilegal Daily Corp, los cuales tampoco fueron registrados en gastos de la campaña electoral.
• Donación de FECODE por 500 millones de pesos no incluida en la contabilidad de la campaña presidencial
• Donación de Unión Sindical Obrera (USO) por 600 millones de pesos no incluida en la contabilidad de la misma campaña presidencial.
• Entrega de 500 millones de pesos por Máximo Noriega al hijo del Presidente, según confesión de éste, para la campaña presidencial, que tampoco fueron registrados.
• Pacto de La Picota entre el crimen organizado y Juan Fernando Petro, hermano del Presidente, para la toma del poder.
• Interceptación de los teléfonos de Marelbys Meza, y sometimiento ilegal al polígrafo por parte de su patrona, Laura Sarabia, por la pérdida de maletas llenas de dinero enviadas a Petro, y el misterioso suicidio del coronel Dávila horas antes de presentarse a la Fiscalía para dar su versión sobre el caso.
• Los millonarios contratos de María Isabel Urrutia antes de abandonar su cargo en Coldeportes.
• Desvío de recursos de Ecopetrol por parte del gerente de la campaña Ricardo Roa, hoy presidente de la compañía.
• La entrega del departamento del Cauca a las guerrillas narcotraficantes con la excusa de la paz total.
• La glorificación de los bandoleros del M-19 y de sus cabecillas, y la humillación de sus víctimas.
• La quiebra intencional del sistema de salud, lo que ya ha obligado a cerrar empresas del sector. Por esta vía, se provocará el mayor genocidio sanitario de la historia colombiana.
• La virtual expropiación de las pensiones y del ahorro de los colombianos en flagrante violación de las normas constitucionales que las protegen, a través de aquella reforma pensional que fue escandalosamente aprobada por el Congreso en al Legislatura pasada.
• Irregularidades y lavado de dinero en RTVC, máquina de propaganda oficial manejada por el siniestro Hollman Morris.
• Soborno a congresistas mediante contratos con el Fondo Nacional del Ahorro.
• Derroche de dineros públicos, abuso del poder y el despido masivo e inexplicado de sus 100 escoltas, por parte de Verónica Alcocer, esposa del Presidente.
• La repentina y multimillonaria fortuna del joven, 25 años, Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, mano derecha de Petro, de quien se dice que es la que realmente gobierna.

Gracias a la intervención de Luz Adriana Camargo, nueva fiscal, amiga de Petro y de su Ministro de Defensa:

• Fue sustituido el fiscal que investigaba los escándalos de Nicolás Petro cometidos en el Departamento del Atlántico.
• Se congelaron las investigaciones que se adelantaban en contra de Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial, y los procesos en contra de Laura Sarabia por el uso ilegal del polígrafo con la niñera Marbelys Meza, y de varios ministros por su participación en el negocio de la UNGRD.
• En cambio, ha iniciado investigaciones y llamado a juicio a representantes y/o miembros de la oposición.
• En solo 100 días desnudaron su verdadero papel: servir como fiscal de bolsillo de Pet

Para no ahondar en este repugnante tema, resta consignar que el cumplimiento real de las obligaciones constitucionales de las distintas entidades del Gobierno y de la Rama Legislativa depende, en gran medida, del grado de corrupción aplicado en cada caso.

¡Qué futuro tan oscuro nos aguarda con esta calaña de gobernantes! 

4. REALES PROPÓSITOS DEL GOBIERNO

Tanto lo expuesto en esta panorámica reseña, como lo que ocurre en materia económica, laboral, de infraestructura, educación y demás servicios a cargo del Estado, nos indican que el objetivo del actual gobierno no es, ni mucho menos, trabajar por el desarrollo del país y el bienestar de los colombianos.

Sus verdaderas metas las tiene cifradas en perpetuarse en el poder para consumar su proyecto estratégico, que comprende, entre otros:

• La implosión sistemática de nuestro perfectible régimen liberal capitalista. Esto es, de nuestro Estado de Derecho, nuestras instituciones, nuestra sociedad, en últimas de nuestra Civilización.
• El desangre de la propiedad privada, de las empresas, y, en consecuencia, del empleo, lo que provocará el empobrecimiento general de la población, como sucedió en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
• Generación de desorden y caos generalizado para justificar un golpe de Estado sobre las otras ramas del poder público y la prolongación indefinida de su mandato.
• Desmoronamiento de la Fuerza Pública y su sustitución gradual por grupos armados irregulares denominados gestores de paz, guardias indígenas, cimarronas y campesinas, etc. Todos ellos financiados por el propio Gobierno, por la narcofortuna de las guerrillas y por algunos gobiernos de la extrema izquierda internacional.
• Reforma ilegal e inválida de la Constitución mediante un acuerdo con el ELN. Han creado el ‘Comité Nacional de Participación Ciudadana’ con una mayoría de 64 miembros de extrema izquierda sobre un total de 80 integrantes. Y han ‘decretado’ que sus acuerdos tendrán “fuerza vinculante”, lo que equivale a otorgarle a esa irregular confabulación un inaudito, absoluto y dictatorial ‘poder constituyente’.
• El Ejecutivo estudia otras alternativas para cambiar la actual Constitución a espaldas del pueblo soberano y del expreso mandato constitucional: