Luego de trece años, el ente investigador reabre el caso en contra del economista por los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito
Sin embargo, pasada esa hora Caracol Radio reveló una carta que presentó la defensa por parte del economista en la que se pidió al ente investigador suspender la diligencia judicial, y con ello se aplazó la convocatoria.
Según el ente investigador, la indagación se centra en el presunto pago de un millón de dólares a la agencia de publicidad Sancho BBDO, destinados a una encuesta y estudios estratégicos para fortalecer la campaña presidencial de 2014.
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El organismo asegura que ese aporte, financiado por la multinacional Odebrecht, no fue incluido en los reportes oficiales de gastos entregados a las autoridades electorales.
La diligencia judicial busca aclarar las responsabilidades legales de Prieto sobre el manejo de estos recursos no declarados.
El caso reactiva uno de los episodios más sensibles del escándalo de corrupción que involucra a la multinacional en Colombia, luego de trece años.
Las pruebas que sostiene la Fiscalía en contra de José Roberto Prieto
El organismo sostiene que un pago de un millón de dólares, proveniente de la empresa Odebrecht, habría sido destinado a financiar una encuesta política para la campaña, sin haber sido reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), como exige la ley para la financiación de campañas.
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La investigación señala que los fondos ingresaron en dos fechas, el 26 de marzo y el 28 de abril de 2014, y fueron utilizados para estudios de opinión que midieron la evolución de la candidatura de Juan Manuel Santos.
El pago, canalizado a través de la firma Paddington Ventures y financiado por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, no quedó registrado en los informes oficiales de ingresos y gastos.
Dicha omisión habría permitido a la campaña acceder a recursos estatales por concepto de reposición de votos, ya que el CNE aprobó las cuentas oficiales sin conocer la totalidad de los fondos utilizados.
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Documentos judiciales darían cuenta que las transferencias se realizaron mediante sociedades constituidas en jurisdicciones extranjeras, entre ellas Kleinfeld Limited e Innovation Research Engineering and Development, ambas registradas en Antigua
Estas compañías, según los expedientes, fueron utilizadas para dificultar el rastreo del origen de los recursos y ocultar la participación de Odebrecht.
El informe del Grupo de Análisis para el Caso Odebrecht (Graco), fechado el 2 de agosto de 2023, fue determinante para reactivar el expediente. La Fiscalía considera que la inclusión de estos fondos en la contabilidad oficial habría implicado el incumplimiento de los límites máximos de financiación electoral establecidos por la Resolución 289 de 2014.
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Como resultado de la aprobación de las cuentas, la Registraduría Nacional del Estado Civil reconoció para la campaña presidencial de Santos pagos por reposición de votos que suman aproximadamente 16.045 millones de pesos, desembolsados el 26 de diciembre de 2014.
Por tal motivo, desde el ente investigador se sostiene que estos pagos no habrían debido efectuarse si el CNE hubiese tenido conocimiento integral de los recursos manejados.
El expediente también recupera elementos probatorios ya divulgados en investigaciones previas, como grabaciones de conversaciones entre Prieto y personas cercanas a la campaña de Santos.
En uno de esos audios, Prieto admitió que Odebrecht financió la impresión de unos dos millones de afiches para la campaña y reconoció que estos materiales no se reportaron oficialmente.
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Otra grabación corresponde a un diálogo con Enrique Rivera, entonces secretario privado de la Presidencia, donde Prieto expresó su deseo de asumir responsabilidades políticas para evitar un impacto directo sobre el mandatario.
La defensa de José Roberto Prieto rechazó los señalamientos de la Fiscalía
El abogado Jesús Albeiro Yepes afirmó que los hechos eran conocidos por las autoridades desde 2017 y criticó la reapertura del caso.
Según su versión, Prieto nunca tuvo conocimiento ni intervino en la contratación del estudio financiado por Odebrecht, y el costo de la encuesta no fue administrado por la gerencia financiera de la campaña, por lo que no habría sido posible registrarlo en la contabilidad oficial.
Por todo lo anterior, de espera la Fiscalía formalice los cargos contra Prieto, sin que ello implique un juicio sobre su responsabilidad penal.
Roberto Prieto permanece fuera del país mientras la Fiscalía avanza en un nuevo proceso penal que lo apunta por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, según fuentes de la misma emisora.
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En un proceso distinto, derivado del mismo caso, suscribió un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó responsabilidad por los delitos de tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. Un juez avaló ese acuerdo y le impuso una condena de cinco años de prisión.
Ese expediente corresponde a gestiones para favorecer intereses de Odebrecht y es independiente de la imputación que ahora prepara la Fiscalía por la presunta financiación irregular de la campaña de 2014.
Prieto también fue investigado por gestiones para favorecer a la constructora ante la Agencia Nacional de Infraestructura dentro del proyecto Ruta del Sol II.