Fiscalía pide investigar a Gustavo Petro por el caso de Kevin Acosta

La Fiscal 51 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal de Bogotá, oficializó una compulsa de copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La solicitud busca que el órgano competente investigue la conducta del expresidente Gustavo Francisco Petro Urrego por la presunta comisión de los delitos de violación de datos personales agravado —a título de dolo— y homicidio culposo.

El expediente se relaciona con los hechos que rodearon la atención médica y posterior fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años de edad, quien padecía Hemofilia tipo A severa con altos títulos de inhibidores. De acuerdo con las pruebas materiales allegadas al proceso, el tratamiento del niño requería la administración continua del medicamento profiláctico Emicizumab. Sin embargo, la última dosis suministrada por la IPS Medicarte, adscrita a la Nueva EPS, se registró el 14 de diciembre de 2025, interrumpiendo el esquema asistencial exigido para su condición.

Dentro de los elementos de prueba, el ente acusador señaló que durante sus intervenciones públicas el exmandatario expuso ante la opinión pública apartes de la historia clínica del paciente pediátrico. La Fiscalía enfatizó que dicho documento legal posee carácter privado y se encuentra sometido a reserva estricta bajo la Ley 23 de 1981 y la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, cuya divulgación requiere la autorización expresa y escrita de los padres, precepto que no se cumplió.

Según el escrito remitido a la Cámara de Representantes, el investigado habría acomodado la información clínica reservada para eximir de responsabilidad a la administración nacional por la crisis en el abastecimiento de medicamentos, endilgando de forma imprecisa la culpa a la madre del menor, Yudy Katherine Pico Naranjo.

Dentro de los elementos de prueba, el ente acusador señaló que durante sus intervenciones públicas el exmandatario expuso ante la opinión pública apartes de la historia clínica del paciente pediátrico. La Fiscalía enfatizó que dicho documento legal posee carácter privado y se encuentra sometido a reserva estricta bajo la Ley 23 de 1981 y la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, cuya divulgación requiere la autorización expresa y escrita de los padres, precepto que no se cumplió.

Según el escrito remitido a la Cámara de Representantes, el investigado habría acomodado la información clínica reservada para eximir de responsabilidad a la administración nacional por la crisis en el abastecimiento de medicamentos, endilgando de forma imprecisa la culpa a la madre del menor, Yudy Katherine Pico Naranjo.