6/08/2026 | El Tiempo | Por Elena Bermúdez Rivera
El nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que una vez asuma el cargo, retirará el proyecto por considerarlo «antitécnico».
Uno de los primeros proyectos que el gobierno de Abelardo De La Espriella buscará desmontar será el proyecto de la ley de Competencias que el gobierno de Gustavo Petro radicó alrededor de una semana antes de la ceremonia de posesión del presidente electo. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció que, una vez asuma el cargo, retirará del Congreso el proyecto de Ley de Competencias, pues considera que se trata de un texto «antitécnico» y construido sin la suficiente concertación con gobernadores y alcaldes.
Esta afirmación del próximo jefe de la cartera política abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo debe implementarse la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).
Aunque el nuevo gobierno asegura su compromiso con la descentralización, la decisión implica volver a empezar la construcción de la ley que debe definir qué funciones asumirá cada nivel territorial y bajo qué condiciones se hará el traslado de recursos desde la Nación hacia departamentos, distritos y municipios.
El proyecto que deja el gobierno Petro fue radicado a finales de julio y busca reglamentar el acto legislativo que reformó el SGP que incrementa progresivamente la participación de las entidades territoriales en el presupuesto nacional, pasando del 29,5 por ciento al 39,5 por ciento durante los próximos doce años. La iniciativa planteaba que el acceso a esos recursos adicionales estaría condicionado a que departamentos, municipios y distritos demostraran que contaban con la capacidad institucional para asumir nuevas funciones delegadas por el Gobierno Nacional.
Aunque el Ejecutivo defendió el proyecto como la hoja de ruta para profundizar la descentralización, la propuesta recibió cuestionamientos desde distintos sectores territoriales incluso antes de su radicación en el Congreso.
La principal preocupación que expresaron gira en torno al riesgo de que la ley termine convirtiéndose en un mecanismo para trasladar nuevas responsabilidades a las administraciones locales sin garantizar una financiación suficiente, lo que podría agravar las dificultades fiscales de muchos municipios y departamentos.
Reparos ante el proyecto de ley
Una de las posturas más críticas fue de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). La asociación señaló que el proyecto evidenciaba un sesgo hacia la concentración de decisiones en el nivel central, incorporaba elementos de reformas que aún no habían sido aprobadas por el Congreso —como la reforma a la salud— y otorgaba al Gobierno facultades reglamentarias que, a su juicio, superaban el alcance previsto por la Constitución. Además, enfatizó en el riesgo de caer en una mayor presión fiscal para las entidades territoriales si las nuevas obligaciones no iban acompañadas de los recursos necesarios para cumplirlas.
Carlos Sepúlveda director del Centro de estudios para la competitividad regional, SCORE, retomó las críticas de Asocapitales para explicar que la principal debilidad del proyecto era concentrar la discusión en el aumento de las transferencias y no en una descentralización integral. A su juicio, la iniciativa creaba mecanismos de coordinación que terminaban limitando la autonomía de las entidades territoriales y fortalecían la participación del Gobierno Nacional en la toma de decisiones.
«El proyecto confundió toda esta agenda alrededor de la Ley de Competencias: le apunta sobre todo al tema de transferencias y no a un tema de descentralización real«, afirmó. En ese sentido, sostuvo que una nueva propuesta debería incorporar la dimensión fiscal de la descentralización, fortaleciendo la capacidad de recaudo de municipios y departamentos para garantizar una verdadera autonomía.
Aunque tanto el nuevo gobierno como diferentes autoridades territoriales coinciden en la necesidad de replantear el proyecto, el retiro de la iniciativa radicada por la administración de Petro también implica comenzar nuevamente un proceso legislativo. Diferentes expertos consultados por EL TIEMPO consideran que el texto presentado por la administración saliente tenía importantes vacíos técnicos, aunque advierten que reemplazarlo exigirá mucho más que modificar la distribución de recursos entre la Nación y las regiones.
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Según indican, el reto será construir un texto que logre equilibrar mayores recursos para las regiones con mecanismos claros de asignación de competencias y responsabilidades, evitando que la descentralización termine siendo únicamente un aumento de transferencias sin una transformación efectiva del funcionamiento del Estado.
Qué implica retirar el proyecto del Congreso
Para Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, buena parte de las críticas formuladas por el nuevo gobierno tienen fundamento. Aunque considera que el país necesita avanzar hacia una mayor descentralización, sostiene que el proyecto presentado por la administración saliente estaba incompleto porque se concentraba en aumentar las transferencias de recursos hacia las regiones sin definir con claridad qué responsabilidades asumirían los gobiernos territoriales ni cómo se fortalecerían sus capacidades institucionales.
Zuleta afirmó que una reforma de este tipo debe partir de tres principios básicos. El primero es que los bienes públicos deben ser administrados por el nivel de gobierno que esté en mejores condiciones para prestarlos y responder ante los ciudadanos. El segundo consiste en fortalecer el vínculo entre los impuestos que pagan los ciudadanos y los servicios que reciben, de manera que las administraciones locales tengan mayores incentivos para mejorar su recaudo y su gestión fiscal. Finalmente, resaltó que Colombia presenta profundas diferencias entre sus territorios, por lo que el principio de solidaridad obliga al Gobierno a redistribuir recursos hacia aquellos municipios con menor capacidad económica para garantizar una provisión similar de servicios públicos.
En ese sentido, el decano Zuleta planteó que el proyecto “es antitécnico” porque se cree que “al darle más plata a las regiones, le estoy aumentando, digamos, la independencia, pero en realidad, siguen dependiendo del gobierno central. Lo que estoy haciendo es incluso aumentar su dependencia, entre más plata cede el gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, menor necesidad tienen para gestionar sus propios recursos. Y eso genera incentivos perversos a la hora de la descentralización”.
Desde esa perspectiva, el economista considera que la Ley de Competencias no resolvía uno de los principales desafíos de la descentralización: fortalecer la autonomía financiera de los gobiernos subnacionales.
Germán Machado, docente de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, coincide con este punto. Según indica, “uno de los mayores riesgos del acto legislativo y de la Ley de Competencias (radicada) es justamente que amplificaría las brechas regionales. La verdad es que, según los datos del Departamento Nacional de Planeación, menos del uno por ciento de los municipios son fiscalmente sostenibles y hay grandes diferencias en términos de capacidades a lo largo del país”. Así, la medida en realidad haría que departamentos y ciudades principales ganen más autonomía territorial mientras los municipios con menos capacidades queden aún más rezagados.
En este escenario, Zuleta sostiene que retirar el proyecto de ley no implica necesariamente un retroceso para la descentralización. Por el contrario, considera que le abre la posibilidad al nuevo gobierno de construir una reforma más robusta si aprovecha el trabajo que ya realizaron las comisiones técnicas sobre descentralización y tributos territoriales.
A su juicio, una verdadera descentralización como la que plantea De La Espriella debe ir más allá de redistribuir recursos y debe comenzar por fortalecer el sistema tributario territorial, definir con precisión las competencias de cada nivel de gobierno y establecer mecanismos de desarrollo institucional para las regiones.
Por su lado, Germán Machado, advirtió que retirar la iniciativa tendrá un impacto de freno en el proceso de descentralización de Colombia. Según explicó, el Acto Legislativo 03 de 2024 establece que el período de transición para incrementar las transferencias del Sistema General de Participaciones solo comienza un año después de que entre en vigencia la Ley de Competencias. Esto significa que, mientras no exista una nueva norma, las regiones seguirán recibiendo los recursos bajo el esquema actual y tampoco asumirán nuevas funciones. Frente a esto, el economista insiste en que ese retraso es preferible a implementar una reforma que considera inviable.
Gobierno De La Espriella retirará el proyecto de la Ley de Competencias de Petro: qué cambiará y por qué expertos respaldan la decisión. .