El proyecto de Ley de Competitividad fue presentado por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín. La iniciativa busca reducir trámites, costos y tiempos para empresas y emprendedores.
El Gobierno nacional radicó ante el Senado el proyecto de Ley de Competitividad, conocido como Ley Antitrámites, una iniciativa que busca reducir las cargas burocráticas que enfrentan empresarios y emprendedores en Colombia.
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El proyecto fue presentado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y quedó radicado como Proyecto de Ley 177 de 2026 Senado. Posteriormente fue radicado también en la Cámara de Representantes bajo el número 305 de 2026.
La propuesta plantea medidas de simplificación administrativa, digitalización e interoperabilidad de trámites, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Entre los cambios que contempla están la creación de un Expediente Único Empresarial Digital, la reducción de documentos que deben presentar los empresarios ante distintas entidades y el establecimiento de plazos para algunos trámites.
La iniciativa todavía debe ser discutida y aprobada por el Congreso, por lo que las medidas planteadas no están vigentes.
¿Qué propone la Ley Antitrámites?
Uno de los principales puntos del proyecto es la creación del Expediente Único Empresarial Digital, con el que el Gobierno busca que las entidades públicas puedan compartir información y evitar que ciudadanos y empresas tengan que entregar varias veces documentos que ya reposan en el Estado.
La propuesta contempla integrar información de sistemas como el RUES, RUT, RUP y SECOP, entre otros.
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El proyecto también plantea fortalecer las ventanillas únicas para que diferentes procedimientos puedan realizarse de manera coordinada y reducir los requerimientos sucesivos de documentos.
“Si el Estado ya tiene una información, no puede obligar al ciudadano o al empresario a entregarla nuevamente”, es uno de los principios que plantea la iniciativa, según dio a conocer en un pronunciamiento oficial el vocero del Gobierno Miller Soto.
Plazos para trámites urbanísticos
En materia de construcción y urbanismo, el proyecto propone establecer un plazo máximo de 15 días hábiles para el certificado urbanístico vinculante.
También plantea que determinados trámites relacionados con espacio público y arbolado puedan adelantarse de manera conjunta, con el propósito de reducir los tiempos que actualmente pueden requerir estos procedimientos.
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La iniciativa busca, además, establecer requerimientos integrales para evitar que las entidades soliciten información de manera fragmentada durante un mismo proceso.
Menos costos para las microempresas
Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la eliminación del cobro del concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos para las microempresas.
El Gobierno sostiene que esta medida permitiría reducir costos asociados con la formalización y operación de los pequeños negocios.
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La propuesta también contempla impedir que la digitalización de trámites sea utilizada para crear nuevos cobros o recargos bajo el argumento de la modernización tecnológica.
¿Qué plantea sobre el silencio administrativo?
La iniciativa busca fortalecer la aplicación del silencio administrativo positivo cuando una entidad pública no responda dentro de los términos establecidos por la ley y se cumplan las condiciones previstas para que opere esta figura.
En esos casos, la propuesta busca que el silencio de la administración produzca los efectos jurídicos correspondientes, en lugar de prolongar indefinidamente la respuesta a una solicitud.
El proyecto también incluye medidas relacionadas con comercio exterior, actuaciones notariales, registros inmobiliarios y consultas digitales.
El proyecto inicia su trámite en el Congreso
Con la radicación, la propuesta comienza ahora su recorrido legislativo. De acuerdo con la ficha del Congreso, se trata de un proyecto de ley ordinaria que tiene como objeto reducir cargas administrativas, tiempos y costos de cumplimiento, además de facilitar la relación entre ciudadanos, empresas y Estado.
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El ministro Mauricio Gómez Amín ha presentado la iniciativa como una apuesta para facilitar la creación y operación de empresas y reducir las barreras que enfrentan especialmente las mipymes.
Ahora corresponderá al Congreso discutir el articulado, introducir las modificaciones que considere pertinentes y decidir si la propuesta se convierte en ley.