La alianza cita cifras de la ONU sobre 261.000 hectáreas de coca y 3.001 toneladas potenciales en 2024.
El narcotráfico continúa movilizando millonarios recursos en Colombia. Según Fedesarrollo y el Laboratorio de Justicia y Política Criminal (LJPC), los grupos criminales obtienen cerca de US$16.500 millones anuales de esta actividad, una cifra que refleja la dimensión económica del negocio ilegal.
Ante este panorama, ambas instituciones anunciaron una alianza de tres años para estudiar las finanzas de estas organizaciones y fortalecer la información disponible para combatirlas.
La iniciativa, presentada el 21 de octubre bajo el nombre de Iniciativa sobre Seguridad y Justicia, contempla investigaciones sobre las rentas criminales, el lavado de activos, la extorsión y el reclutamiento, además de un seguimiento al gasto público destinado a seguridad y justicia.
El anuncio se produce en medio de cifras históricas sobre la producción de drogas ilícitas. De acuerdo con los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), citados por Fedesarrollo y el LJPC, Colombia registró 261.000 hectáreas de cultivos de coca en 2024, mientras que el potencial de producción de cocaína alcanzó las 3.001 toneladas, los niveles más altos reportados por ese organismo.
Para las dos instituciones, estas cifras evidencian la necesidad de contar con herramientas que permitan comprender no solamente las actividades de los grupos criminales, sino también sus fuentes de financiación y la manera en que operan en diferentes territorios.
Fedesarrollo y el LJPC investigarán las finanzas del crimen organizado. Foto:Imagen generada con ChatGPT
Fedesarrollo investigará las finanzas del crimen organizado en Colombia
Uno de los componentes centrales de la alianza será la puesta en marcha de un observatorio del crimen organizado, que reunirá cerca de 70 variables con series históricas desde el año 2000.
Esta herramienta permitirá hacer seguimiento, municipio por municipio, a la presencia de organizaciones criminales, sus rentas ilegales y fenómenos como la extorsión y el reclutamiento.
La investigación también incluirá modelos de análisis de finanzas ilícitas, desarrollados con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para identificar redes de lavado de activos y estudiar los mecanismos utilizados por las organizaciones para administrar sus recursos.
A través de este trabajo, Fedesarrollo aportará su experiencia en evaluación de políticas públicas, manejo de información y finanzas del Estado, mientras que el LJPC contribuirá con conocimientos especializados en investigación criminal y persecución de economías ilegales.
El Laboratorio está conformado por profesionales con trayectoria en fiscalías de Colombia, México y Panamá, quienes han participado en investigaciones y estrategias de política criminal en territorios como Tumaco, Buenaventura, Ciudad de Panamá, Chihuahua, Tabasco y Jalisco.
Por su parte, Fedesarrollo complementará estas capacidades con su experiencia de investigación económica y el trabajo de la red regional Organizados Contra el Crimen, de la cual ejerce la secretaría.
Las rentas criminales y su impacto económico serán objeto de estudio. Foto:Imagen generada con ChatGPT
Gina Cabarcas, directora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal, explicó que uno de los propósitos es modificar la manera en que se investigan las actividades de las organizaciones delictivas.
“Una entidad como la Fiscalía rinde más cuando investiga la estructura completa y no caso por caso. Es la forma más acertada de enfrentar el crimen organizado, porque permite entender sus mecanismos de financiamiento y sus estructuras de lavado de activos”, afirmó.
La extorsión y los resultados de la justicia también estarán bajo estudio
Además del narcotráfico, la alianza prestará especial atención a la extorsión, un delito cuyas denuncias han aumentado considerablemente durante la última década.
De acuerdo con las cifras presentadas por Fedesarrollo y el LJPC, las denuncias pasaron de 5.480 en 2015 a más de 13.400 en 2025, lo que representa un incremento superior al doble en diez años.
Sin embargo, los registros oficiales no reflejan la totalidad de los casos. Según información del Dane citada por las instituciones, el 76,8% de las víctimas de extorsión no denuncia, una situación que dificulta conocer la magnitud de esta actividad criminal.
Frente a este panorama, las entidades realizarán encuestas a empresas y desarrollarán estrategias diferenciadas por ciudad, con el propósito de identificar las características del delito y aportar información para su prevención e investigación.
Narcotráfico Foto:Ejército Nacional
Los resultados de los procesos judiciales constituyen otro de los asuntos que serán estudiados. Según las cifras divulgadas por la alianza, solamente una de cada cuatro investigaciones por homicidio llega a la etapa de imputación, mientras que en los casos de extorsión la proporción estimada es de apenas 4%.
El reclutamiento de menores de edad también tendrá un espacio específico dentro del programa. En este frente, Fedesarrollo y el LJPC retomaron las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que contabiliza al menos 1.494 niños, niñas y adolescentes reclutados entre diciembre de 2016 y 2025.
La iniciativa contempla trabajar con alcaldías y colegios en programas de prevención que puedan ser evaluados, para identificar sus resultados y contribuir al diseño de nuevas intervenciones.
El gasto en seguridad y defensa será otro eje de investigación
El componente económico de la alianza no se limitará a las rentas que obtienen las organizaciones criminales. También incluirá un análisis de los recursos públicos que Colombia destina a seguridad, defensa y justicia.
Según las cifras presentadas por Fedesarrollo, el presupuesto de Defensa para 2026 asciende a $65,8 billones, equivalentes a cerca del 3,4% del producto interno bruto (PIB). No obstante, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa citada por el centro de investigación, alrededor del 14% de esos recursos queda disponible para operar.
A esto se suma que la inversión en Defensa durante 2025 fue de $2,3 billones, una cifra que, expresada en pesos constantes, resulta casi igual a la registrada en 1990, según Fedesarrollo.
NArcotráfico. Foto:iStock
Para Marcela Meléndez, directora ejecutiva del centro de estudios, contar con información consolidada sobre estos recursos es fundamental para evaluar las decisiones de política pública.
“Hoy no sabemos cuánto gasta el país en seguridad ni qué obtiene a cambio. Queremos aportar datos actualizados y análisis que les permitan a las autoridades tomar decisiones acertadas en la lucha contra el crimen organizado”, señaló Meléndez.
En este frente, las instituciones construirán un mapa del gasto en seguridad y justicia, que permita examinar la distribución de los recursos y aportar elementos para evaluar las políticas existentes.
El programa contempla seis áreas de trabajo: observatorio del crimen organizado, finanzas ilícitas, gasto en seguridad, justicia y política criminal, reclutamiento y extorsión.
De esta manera, durante los próximos tres años Fedesarrollo y el Laboratorio de Justicia y Política Criminal buscarán producir información sobre el funcionamiento de las economías ilegales, los recursos que movilizan y las capacidades institucionales para enfrentarlas, en un país donde el narcotráfico continúa siendo una de las principales fuentes de financiación de los grupos criminales.
JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA
Periodista de Portafolio