Da pesadillas imaginar lo que habría sido esta crisis en manos del petrocepedismo ladrón.
Tras el pavoroso terremoto del lunes 10, que, además de unos 300 fallecidos y otros tantos desaparecidos, destruyó más de 10.000 viviendas y averió otras 60.000, el presidente Abelardo De La Espriella se vio enfrentado, menos de 72 horas después de asumir el poder, a una doble tragedia: la destrucción causada por el megasismo de 7,4 en la escala de Richter y el caos en que Gustavo Petro dejó las finanzas públicas, así como numerosas instituciones devoradas por la corrupción del petrocepedismo.
Años de experiencia le habían permitido al país estructurar un sistema de atención de catástrofes que, en 2012, tomó forma institucional en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que aprovechó la pericia acumulada con el terremoto de Popayán (1983) y la tragedia de Armero (1985), los devastadores sismos del Cauca (1994) y el Eje Cafetero (1999) y la ola invernal de 2010 y 2011, entre otras graves crisis.
Pues bien, al gobierno de ADLE le ha tocado enfrentar los daños del cataclismo del lunes —que se extiende a 426 municipios de 15 departamentos, con lo más grave concentrado en el Eje Cafetero, Valle, Cauca y Chocó— con una UNGRD saqueada, atracada y desvalijada, que era fortín electoral de la izquierda ladrona que malgobernó al país estos cuatro años. Razón de más para que la Justicia ahonde en las investigaciones, acelere los procesos y lleve a la cárcel a todos los responsables.
Como si fuera poco, el terremoto dañó 236 centros de salud; algunos se vinieron abajo. Esa calamidad empeora una situación ya crítica, resultado del operativo de aniquilamiento del sistema de sanidad, al que se dedicaron Petro y su minsalud, Guillermo A. Jaramillo, a quien un cirujano amigo mío bautizó hace meses como “el médico asesino”.
La desidia y el robo se extienden a numerosas entidades públicas: el recién llegado gobierno está obligado a barrer con cientos de funcionarios incompetentes y ladrones, y a hacerlo sin tardanza. Aunque ha dejado las debidas constancias, la nueva administración no está dedicada a quejarse de la herencia. Ya habrá tiempo para eso y para asegurarnos, todos los colombianos, de que los saqueadores y sus cómplices paguen con años de cárcel la demolición de la UNGRD y de otras instituciones.
Desde la primera hora, ADLE y su equipo priorizaron salvar vidas entre los escombros, atender a los heridos, montar hospitales de campaña y distribuir agua y alimentos, con el generoso aporte de millones de colombianos, entre ellos miles de empresarios grandes y pequeños, así como de gobiernos extranjeros. Una vez la situación sea estabilizada, llegará la hora de la reconstrucción, en cuya planificación comienza a trabajar el nuevo Ejecutivo.
Este jueves, en una columna en ‘El Heraldo’, el expresidente de Findeter Luis Fernando Arboleda aconsejaba al Gobierno apuntar a tres objetivos: la creación de un fondo que combine recursos públicos, donaciones privadas y ayuda exterior, al estilo del Forec, que, con excelentes resultados, reconstruyó el Eje Cafetero tras el terremoto de 1999; una ley de incentivos tributarios temporales para quienes inviertan en las zonas afectadas, y concentrar la inversión pública y privada en infraestructura física y digital.
El primer punto fue anunciado por ADLE, con el nombre de Fondo Milagro. El resto debe venir pronto. Da pesadillas imaginar lo que habría sido esta crisis en manos del petrocepedismo saqueador. Insensible y cínica, la oposición izquierdista estuvo dedicada esta semana a envenenar las redes sociales con una lluvia de falsedades, tergiversaciones y mentiras: es lo que mejor saben hacer, aparte de robar. Por fortuna para Colombia, esta mala hora nos agarra con Presidente y con Gobierno. Ojalá acierten y cuando se equivoquen —que les va a pasar— corrijan pronto. A pesar del dolor y la tristeza por la tragedia, la reconstrucción puede convertirse en un potente motor de reactivación.
15/08/2026 | Por Mauricio Vargas | El Tiempo
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