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El próximo 7 de agosto de 2026, el nuevo gobierno presidido por el mandatario electo, Abelardo De La Espriella, asumirá la dirección del Estado en medio de un complejo panorama de orden público. Reportes de las agencias de seguridad estatales y diversas fuentes oficiales confirman que la administración entrante recibirá una fuerza armada ilegal combinada de más de 27.500 combatientes. Esta cifra, que congrega a hombres y mujeres vinculados a grupos armados organizados de las tres disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo, representa el volumen de efectivos en armas más elevado que se haya registrado en el país en cualquier momento desde el año 2018.
De acuerdo con los informes de inteligencia, el fenómeno posee un marcado carácter transnacional, dado que diversos cabecillas y estructuras pertenecientes a estos grupos criminales extienden sus acciones delictivas hacia Venezuela, Perú, Ecuador y las zonas fronterizas con Brasil.
Las agencias oficiales detallan que estas organizaciones ejercen presencia activa en más de 20 departamentos de la geografía nacional, controlando economías ilícitas y disputando corredores de movilidad estratégicos en la frontera con Venezuela, el Catatumbo, el Pacífico nariñense, el Bajo Cauca antioqueño y el suroriente del país.
Clan del Golfo y ELN: hegemonía criminal y diálogos fracturados
La estructura criminal más grande de Colombia la constituye el denominado «Clan del Golfo», organización que también es conocida formalmente por las autoridades como «Ejército Gaitanista de Colombia» (EGC) o «Autodefensas Gaitanistas de Colombia» (AGC). Según las agencias de seguridad del Estado, este grupo ostenta un pie de fuerza total que asciende a los 10.100 miembros.
El desglose efectuado por los organismos de inteligencia señala que, del total de su militancia, 3.458 integrantes corresponden a hombres armados, mientras que los restantes 6.642 individuos están plenamente integrados en sus redes de apoyo. El impacto territorial de esta organización abarca más de 300 municipios de la nación.
Las autoridades identifican que sus focos principales se concentran en el Urabá antioqueño y chocoano, que constituye su bastión histórico y el centro neurálgico donde se asienta su mando central, abarcando de manera particular los municipios de Turbo, Apartadó y Necoclí. Más allá de este epicentro, el Clan del Golfo mantiene presencia en 17 departamentos, entre los que figuran Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, La Guajira, Chocó, Valle del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar. Asimismo, se documenta su despliegue en el Catatumbo, Norte de Santander, Arauca y Vichada, complementando su red con corredores estratégicos hacia Panamá y Ecuador.
Por su parte, la guerrilla binacional del Ejército de Liberación Nacional (Eln) representa la segunda fuerza en importancia numérica según los censos oficiales, contando actualmente con un total de 6.860 integrantes dentro de sus filas. Las agencias de seguridad precisan que este grupo cuenta con 3.672 hombres en armas y 3.188 individuos dedicados a las redes de apoyo y estructuras urbanas.
Desde el punto de vista operacional, los servicios de inteligencia certifican que el Eln delinque en 231 municipios distribuidos en 19 departamentos, focalizándose en el Chocó, Norte de Santander —con mayor presencia en El Catatumbo— y Arauca. Estructuralmente se organiza a través de cinco frentes de guerra que agrupan a frentes y destacamentos: el Frente de Guerra Oriental, Frente de Guerra Nororiental, Frente de Guerra Occidental, Frente de Guerra Suroccidental y el Frente de Guerra Urbano Nacional (Fegun).
El Frente Oriental, que opera en Arauca y posee su base en Venezuela, es liderado por alias «Pablito». Los informes calculan que dicho frente cuenta con unos 300 hombres en Venezuela y casi la mitad de sus combatientes se encuentran en la zona de frontera colombo-venezolana. Las autoridades indican que los máximos cabecillas del Eln dirigen a las estructuras de esa guerrilla desde territorio venezolano.
El mapa fragmentado de las disidencias de las Farc
El fenómeno de las disidencias derivadas de las antiguas Farc se presenta atomizado en el mapa criminal a través de distintas estructuras independientes. En primer lugar, se sitúa el llamado Estado Mayor Central (EMC), catalogado por las autoridades como la principal disidencia de las Farc, que sigue bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias «Iván Mordisco». De acuerdo con los servicios de inteligencia de las fuerzas del orden, esta facción registra en la actualidad un total aproximado de 4.119 personas.
Los reportes oficiales indican que el EMC hace presencia en Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Amazonas, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Arauca y Norte de Santander. Además, en Venezuela el EMC cuenta con unos 497 integrantes repartidos en 3 estructuras y 4 comisiones diferenciadas.
Paralelamente opera el denominado «Estado Mayor de Bloques y Frentes» (EMBF), otra de las disidencias de las Farc, liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá Córdoba». Los servicios de inteligencia detallan que esta estructura cuenta con un pie de fuerza de 3.008 hombres y mujeres, destacándose por ser una de las disidencias más grandes que está en diálogo con el Gobierno Nacional.
La zona de influencia principal del EMBF está en el suroriente del país: Meta, Guaviare y Caquetá. Adicionalmente, las autoridades han verificado su presencia en Amazonas, Putumayo, Tolima, Huila, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Catatumbo, sur de Bolívar, Cauca y Chocó. En términos globales, los servicios de inteligencia calculan que esta disidencia posee influencia en 10 departamentos y cerca de 100 municipios.
Una tercera vertiente la compone la autodenominada «Segunda Marquetalia», dirigida por Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», ampliamente conocido por haber sido uno de los principales dirigentes de las otroras Farc. Las filas de esta organización cuentan con un estimado de 584 hombres y mujeres. De acuerdo con las fuentes oficiales, la Segunda Marquetalia hace presencia en 1.017 veredas de 41 municipios en 7 departamentos, entre ellos Nariño, Putumayo, la frontera con Ecuador y Venezuela, Amazonas y Bolívar.
Coordinadoras guerrilleras y facciones regionales
La «Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano» (CNEB) suma 2.089 miembros y agrupa a la «Coordinadora Guerrillera del Pacífico» y a los «Comandos de Frontera». Mantiene una mesa desde 2023, aunque las autoridades aclaran que los «Comandos de Frontera» no operan bajo su mando. Esta facción nació en 2017 uniendo los antiguos frentes 32 y 48 con la banda «La Constru».
En 2020 adoptaron su nombre actual, se adhirieron a la Segunda Marquetalia y rompieron en noviembre de 2024 para ingresar a la CNEB. Operan en Putumayo, Amazonas, Caquetá, Nariño, Ecuador y Perú. En menor escala regional, las «Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada» (ACSN), facción paramilitar con unos 520 hombres, delinquen en Magdalena, La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta. A su vez, la estructura «Comuneros del Sur» registra solo 251 integrantes.
Redes urbanas de la delincuencia común organizada
Se identifican al menos siete estructuras nacionales grandes de delincuencia común y múltiples regionales, con estructura jerárquica dedicadas a la extorsión, microtráfico, sicariato y «gota a gota». Entre ellas destacan «Los Costeños» (Atlántico y Bucaramanga); «La 57» (Bogotá); y el «Tren de Aragua», megabanda venezolana activa en Bogotá, Medellín, Eje Cafetero y fronteras. En el Caribe y Antioquia operan «Los Rastrojos-Costeños», «Papeleros» y «Los Paisas».
En Buenaventura «Los Shottas» y «Los Espartanos» sostienen diálogos sociojurídicos desde 2023. Finalmente, actúan «La Cordillera» (Eje Cafetero) y la «Oficina de Envigado» (Medellín), considerada una ODIN articulada como federación de ocho oficinas medianas: Los Chatas, Picacho, Caicedo, La Terraza, La Unión, Robledo, Trianon y San Pablo.