Humillados y ofendidos

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Echo mano del título de una famosa novela de Dostoiewsky para referirme a la situación a la que la secta perversa que pretende instaurar en Colombia un régimen totalitario y liberticida ha llevado a los integrantes de nuestra Fuerza Armada en estos días aciagos.

Circula por las redes sociales un video del zafio senador Bolívar en el que insulta a nuestros policías, diciéndoles cerdos. Hay otro en el que el mismo sujeto distribuye máscaras, cascos y otros utensilios para que los vándalos de la llamada primera fila hagan frente al Esmad cuando éste pretenda controlar sus excesos violentos. He visto otros en los que se los ofende y provoca sin que puedan responder a quienes los desafían. Vi uno más que recoge las expresiones de dolor de un policía que logró escapar del secuestro a que fueron sometidos varios de sus compañeros, creo que cerca de Palmira. Y el más aterrador, el que da testimonio de un policía que fue sacado por la fuerza del vehículo oficial que conducía por una turba desenfrenada, que le propinó golpes que hicieron correr la sangre por todo su rostro.

Por supuesto que, como decimos coloquialmente en Antioquia, la «tapa del congolo» la constituye el vergonzoso suceso de Orito, cuando la tropa, en lugar de defenderse de un alevoso ataque de malhechores dizque indígenas, prefirió huir en desbandada, pensando probablemente que en caso de proceder a defenderse caería después bajo las garras de una justicia sesgada en favor de los facciosos, como la que representa un juez de Popayán que resolvió por medio de  tutela que las fuerzas del orden no pueden enfrentar los disturbios valiéndose de armas eléctricas.

La situación no podría ser más calamitosa, pues, como lo observó alguien por ahí, si la policía no puede defenderse, ¿quién nos defenderá de los antisociales? Conviene agregar que, si el ejército tampoco puede defenderse, ¿quién protegerá el orden constitucional?

Hace algún tiempo escribí sobre el deterioro de la autoridad entre nosotros. Muchos no la respetan y no precisamente porque haya dado motivos de descrédito, sino en razón de ideologías extremistas y deletéreas que han hecho funesta carrera en la opinión pública, en buena medida por el adoctrinamiento al que los fanáticos de Fecode han sometido a lo largo de años a nuestras juventudes, amén de las tendencias ideológicas de buena parte de los protagonistas de los medios de comunicación social.

En la Fuerza Pública hay unos principios de honor que determinan su talante y su acción. Sus ingentes sacrificios se ven recompensados por dichos principios. Es el culto por el honor, junto con el sentido del deber, lo que lleva a sus integrantes a exponer la vida ante las cruciales circunstancias que les toca afrontar. La deshonra es para ellos el peor de los castigos. Y a tal extremo los han sometido quienes desde muy diversos frentes pretenden desmoronar los cimientos de nuestra institucionalidad.

El presidente López Michelsen, que profundizó sus conocimientos constitucionales en los Estados Unidos, solía recalcar que allá se ha considerado que las instituciones reposan sobre un binomio inescindible, configurado por las Cortes de Justicia y las Fuerzas Armadas.

Acá los jueces, en todas sus categorías, suelen ensañarse contra la institución armada, sin parar mientes en que la eficacia de sus proveídos reposa en rigor sobre la protección que ella le brinda al orden constitucional. De esa confrontación sólo males cabe esperar y ya los estamos presenciando. Quizás no esté lejano el día en que la ofensiva judicial contra los soldados y policías de la patria les haga ver a éstos que los peores enemigos del orden constitucional anidan precisamente en los despachos judiciales.

Nuestra institución armada es civilista y, en medio de tan procelosas circunstancias como las que ha tenido que manejar, procura ceñirse al orden legal. A sus integrantes se los adoctrina en el respeto por los derechos humanos y los límites que impone la juridicidad.

Por supuesto que en presencia de inextricables conflictos no siempre es fácil acoplar una estricta legalidad con el imperativo de proteger a las comunidades contra la violencia desaforada de vándalos y otros subversivos. De ahí que los estándares internacionales sobre el control de disturbios y otras manifestaciones antijurídicas postulen más bien principios tales como los de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad, que deben ponderarse considerando las situaciones específicas, más bien que regulaciones detalladas que podrían sujetar la acción defensiva de la fuerza pública a inconvenientes camisas de fuerza.

Recomiendo a quienes de buenas a primeras y guiándose por sus prejuicios suelen menospreciar las acciones de nuestros policías y soldados, que lean este documento de la Cruz Roja sobre la nomatividad internacional para el manejo de situaciones conflictivas. Hablen después de digerirlo. (Vid. https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc-003-809.pdf).

Concluyo diciendo que una fuerza pública desmoralizada nos arroja por la pendiente de la anarquía. Necesitamos con urgencia una que, como lo proclama el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, se niegue a arrodillarse.

Por Jesús Vallejo Mejía
Periódico Debate, 07/06/2021

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