Un informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Colombia 2050 concluyó que persistieron presiones sobre la libertad electoral durante la segunda vuelta presidencial de 2026. El documento remitió 667 puestos de votación para verificación institucional al identificar anomalías electorales en municipios con riesgos advertidos por la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo. Los autores sostienen que las amenazas continúan de cara a las próximas elecciones territoriales, debido al control que ejercen grupos armados ilegales en diferentes regiones del país.
El informe identifica patrones territoriales de riesgo
El estudio corresponde al tercer informe de la Veeduría Entorno Electoral 2026 y fue presentado en Bogotá D.C. el 3 de agosto de 2026.
Según el análisis, los 667 puestos de votación concentran 517.893 votos efectivos y presentan anomalías combinadas con factores territoriales de riesgo.
del Pueblo.
De ese total:
- 74 puestos están ubicados en Bogotá D.C..
- 593 puestos corresponden a municipios fuera de la capital.
- 64,4 % de esos casos se concentra en Cauca, Nariño y Chocó.
La veeduría desplegó 224 veedores en 132 municipios para documentar situaciones antes, durante y después de la jornada electoral.
Los reportes registraron restricciones a la movilidad, limitaciones a las campañas, vigilancia de votantes, revisión de teléfonos, carnetización y exigencia del certificado electoral.
El informe señala que los casos sin corroboración independiente permanecieron clasificados como presuntos.
Riesgos persisten para futuras elecciones
El análisis encontró que, en puestos rurales, la tasa de atipicidad alcanzó 45 % cuando coincidieron el Control Coercitivo de la MOE y las Alertas Urgentes e Inmediatas de la Defensoría del Pueblo.
Además, identificó algunos puestos donde el entonces candidato Iván Cepeda obtuvo resultados atípicos. El documento aclara que estos hallazgos no atribuyen responsabilidades al candidato ni a su campaña.
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Entre los casos revisados aparecen:
- Incrementos de participación superiores al 100 %.
- Casos extremos con aumentos de hasta 364 %.
- Puestos donde 97 % o más de los votos favorecieron al mismo candidato.
Los autores enfatizan que el análisis estadístico no demuestra fraude ni invalida los resultados electorales. También precisan que las comunidades involucradas deben considerarse sujetos de protección y no responsables de los patrones observados.
El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Colombia 2050 solicitaron al Estado verificar los 667 puestos de votación, investigar posibles responsabilidades, proteger a las comunidades expuestas y fortalecer las garantías para las próximas elecciones territoriales.