¿Invisible mano judicial?

Desde la Colonia, en Colombia ha habido un poder judicial caracterizado por una lentitud pasmosa. Aquello de que “la demora en la justicia es la mayor injusticia”, no ha rezado nunca con nuestros falladores.

Bien que mal, entre 1821 y el Acuerdo Final de 2016 la justicia era una de las tres ramas del poder público. Se concebía como independiente frente al ejecutivo e imparcial frente a los que a ella acudían. Sus decisiones se presumían ajustadas a derecho y, por tanto, eran predecibles. Además, por aquello de la tridivisión del poder, no invadía las esferas de competencia de los otros dos, el legislativo y el ejecutivo.

Después del llamado “Acuerdo Final”, la justicia se transformó. Por un lado apareció una jurisdicción espuria, a cargo de magistrados escogidos por agentes extranjeros, encargada de fallar a favor de un grupo subversivo y en contra de los que habían defendido al Estado. Esa fue la reforma explícita, pero paralelamente se presentó, de hecho, una reforma implícita, que consistió en llevar a las llamadas “altas cortes” magistrados comprometidos con un proyecto político de extrema izquierda: poco a poco, estos señores hicieron mayoría y luego colocaron individuos de igual calaña en tribunales y juzgados.

En realidad, quien haya observado el sesgo político que impera en el poder judicial, puede concluir que actualmente este se parece a una obediente pirámide jerárquica, cuando antes los diferentes despachos carecían de coordinación funcional.

El mismo observador puede también concluir que la justicia colombiana es bifronte, como Jano. En efecto, los mismos despachos que dejan envejecer por años los negocios, actúan con pasmosa celeridad para producir resultados políticos favorables a la izquierda. Sea ante el más humilde juez de tutela o ante la más encumbrada corte, si lo que se demanda sirve a la revolución, el correspondiente fallo no tarda.

Sin embargo, la huella de cinco siglos de independencia judicial es difícil de olvidar, y entonces todavía algunos acuden a la justicia esperando un fallo legítimo, pero una y otra vez se llevan un palmo de narices, porque se resuelve, con pruebas, sin ellas, o contra ellas, siempre en favor de la izquierda. Esta ha avanzado más en los juzgados que en los sufridos campos de Colombia.

La aprobación judicial del Acuerdo Final, contra la voluntad del pueblo soberano, llevó a las Farc al centro del poder que no habían conseguido por las armas en el medio siglo anterior.

También el observador puede recordar cómo ya no se puede fumigar narcocultivos, ni explorar yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Asimismo se condena al Estado a indemnizar los daños causados por las bandas subversivas. La extradición de comandantes narcoguerrilleros se traba hasta que logren fugarse, y así sucesivamente. Con docenas de fallos impredecibles y sorprendentes, se acerca el colapso jurídico en un país donde es prácticamente imposible gobernar, por la interferencia abusiva de las cortes, que cada día invaden más áreas.

Si alguien es rotulado como “de derecha”, tiene asegurada la condena, pero si es “progresista”, tiene expedita la absolución,  la preclusión o la ceguera  judicial.

El caso de Andrés Felipe Arias es especialmente preocupante. Fue condenado a  17 años de cárcel por una posible equivocación de tipo administrativo. Luego, solicitado en extradición invocando un tratado no vigente. Más tarde le fue negada la segunda instancia a la que todos tienen derecho. Y a pesar de haberle sido esta reconocida por una autoridad internacional indiscutible, tendrá que seguir esperando largos años antes de que se le fije fecha para audiencia.

No quiero referirme a la negativa de decretar la preclusión en el caso del  expresidente Uribe Vélez (solicitada por Fiscalía y Procuraduría), porque la extraña resolución, ladina, acomodaticia y sin precedentes, causa estupor. ¡Pobre juececita! ¡Si llega a fallar en derecho, puede despedirse de su futuro en la rama!

Ahora bien, he empezado con aquello de la invisible mano judicial, porque revisando tanta actuación política eficaz observo que hay un hilo conductor, un derrotero inexorable, un propósito implícito y una coordinación inocultable para que la justicia actúe monolíticamente dentro de la senda revolucionaria. ¿Actuará también en la densa sombra un grupo de hábiles abogados que suministran a los jueces esos sorprendentes y calculados fallos?

Con sobrada razón Lenin eliminó la independencia judicial para transformar a los jueces en agentes políticos, sometidos a las consignas del partido.

***

A 27 días de la primera vuelta el problema ya ni siquiera es Vega. Nadie ha “auditado” el misterioso algoritmo, no habrá tiempo para hacerlo ni lo revisarán expertos intachables. El fraude no se elimina con los cambios cosméticos anunciados para el formulario E-14, ni con afirmaciones de que  hay que confiar en las buenas gentes de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, como finalmente le respondieron al Dr. Pastrana Arango. Estamos, pues,  indefensos frente al posible fraude electrónico. ¡Quien pierde en las urnas puede ganar en la Registraduría!

***

El artículo “Catástrofe en cámara lenta”, de Luis Guillermo Vélez Cabrera, en La República, es de obligatoria lectura para comprender lo que pasará si Petro es presidente.  http://www.lalinternaazul.info/2022/04/30/catastrofe-en-camara-lenta/

 José Alvear Sanín, La Linterna Azul, 02/05/2022

Nota.- Los subrayados al texto son nuestros.

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