EL NUEVO SIGLO: Tras más de dos semanas de debate sobre el presupuesto y la funcionalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué le debe quedar en claro hoy al país?
MARÍA CLARA POSADA: Al país le debe quedar claro que no hay ningún ente del poder público que esté por encima del escrutinio ciudadano y que no deba rendirles cuentas a los colombianos. La JEP se había sentido hasta el día de hoy un organismo intocable, pero no lo es, porque este es un Estado de Derecho y aquí no hay ninguna entidad, no hay ningún órgano del poder público que esté por encima de la Constitución y la ley.
ENS: ¿Cómo llega usted a evidenciar las irregularidades en la contratación y el funcionamiento de la JEP que ha denunciado, y apoyará el proyecto para cerrar ese tribunal antes de concluir el tiempo acordado?
MCP: Nosotros observamos eso como una burla a la buena fe y a la generosidad de los colombianos que de alguna manera abrió un camino para que hubiera una forma expedita hacia la justicia, la verdad y la reparación. Esa generosidad de los colombianos fue desconocida no solo por los miembros de las Farc, sino también por las directivas y los miembros de este tribunal que se ha convertido en una entidad de derroche e impunidad que hoy les cuesta a los colombianos más de 3,8 billones de pesos con gastos que son inexplicables como viajes por más de 56 mil millones de pesos, pago de arriendo por más de 160 mil millones de pesos y la defensa jurídica de las Farc. Violentando lo que dice la ley estatutaria de la JEP por más de 40 mil millones de pesos, viáticos por más de $32.472 millones de pesos y toda una suerte de gastos que no se compadecen con la responsabilidad que le recae a cualquier funcionario público.
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