JEP vincularía a cuatro ministros por alterar exposición ‘Voces para transformar a Colombia’

Nota de redacción:

¿GESTAPO CULTURAL EN ACCIÓN?

¿Cómo es que en 6 años la JEP no ha emitido una sola condena en contra de los confesos narco-terroristas de las FARC, mientras que en unos pocos meses se apresta para condenar a personalidades que discordan de su dialéctica histórico-cultural?

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El organismo de justicia transicional citó al exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, que presentó su renuncia el pasado 7 de julio

Este 9 de julio, en las horas de la mañana, se dio a conocer que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vinculó al trámite de medidas cautelares sobre la colección ‘Voces para transformar a Colombia’, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), a cuatro ministros que habrían estados involucrados en la modificación del guion del Museo de Memoria, donde, al parecer, omitieron detalles de la violencia paramilitar en el país narrados por las víctimas.

De acuerdo con la W Radio, los ministros vinculados al trámite de medidas de protección son:

– El ministro de Justicia, Wilson Ruiz

– El ministro de Defensa, Diego Molano

– La ministra de Educación, María Victoria Angulo

– La ministra de Cultura, Angélica Mayolo

Al parecer, el llamado es porque los cuatro mencionados son parte de Consejo Directivo del CNMH y fueron testigos del desacató de Darío Acevedo, por omitir las correcciones del guion del Museo de Memoria que se le pidieron inicialmente porque violaban los derechos de las víctimas de conflicto armado en Colombia.

En la diligencia, que tendrán que afrontar el próximo 11 de julio, la JEP les pidió a los implicados reunir todos los documentos que están relacionados con la verdad de las víctimas.

“Relate y anexe los documentos soporte pertinentes, que den cuenta de las acciones concretas desplegadas por usted para garantizar los derechos de las víctimas, en especial de las víctimas participantes en la construcción de la Colección Voces para transformar a Colombia”, señaló la decisión según citó el medio colombiano.

El documento también pide a los cuatro funcionarios del gobierno de Iván Duque que declaren si tuvieron alguna participación en los documentos del guion y los diversos planes previos a la estructuración del contenido.

“Señalar si para la adopción de los documentos se tuvo en cuenta la participación de las víctimas que formaron parte de la construcción del guión del Museo Nacional de Memoria. En caso afirmativo, narrar cuál fue su participación, anexando actas de reuniones, propuestas realizadas y demás soportes que considere relevantes”, detalló el fallo.

Asimismo, fueron citadas las entidades pertenecientes al Sistema Integral para la Paz, dentro de las que se encuentran la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), además de la JEP, así como a 36 entidades expertas, dentro de las que se incluyen organizaciones de víctimas y universidades del país.

La diligencia, que será presidida por el magistrado Gustavo Salazar, abordará las medidas cautelares que fueron ordenadas en 2020 y obligaban al Centro Nacional de Memoria Histórica a no modificar el guion del Museo de Memoria, porque, al parecer, omitía detalles de la violencia paramilitar en el país.

El pasado 14 de junio la JEP abrió un incidente de desacato contra Darío Acevedo por presuntamente incumplir estas medidas, quien respondió que, desde que se encontraba en la dirección de la entidad, había contribuido para que se conozca lo ocurrido con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Daré la cara, defenderé lo realizado por las víctimas (…). Bajo mi dirección se han publicado 11 informes sobre el fenómeno paramilitar, se creó un portal de datos sobre el mismo, están en fase final otros 11 y concluimos la meta de 18 mil contribuciones a la verdad. Siempre es monumental la diferencia entre propaganda y hechos”.

Por otra parte, en la diligencia también se abordarán las medidas cautelares que había ordenado la justicia transicional sobre el CNMH en mayo de 2020 para proteger la colección ‘Voces para transformar a Colombia’, con el propósito de “garantizar los derechos a la verdad, la memoria colectiva, la reparación simbólica, la participación y las medidas de satisfacción de las víctimas”, debido a que se habrían suprimido y alterado algunos términos como “conflicto armado” y “Unión Patriótica”.

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