La agrupación ilegal estaría consolidando la circulación de droga y mercancías en puntos cruciales del Caribe y el Pacífico, aprovechando la disminución de la presencia institucional en varias regiones del país
El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, estaría ejecutando operaciones armadas y logísticas en corredores estratégicos del Chocó y la frontera con Panamá, tras la orden del presidente Gustavo Petro de suspender las capturas de 29 integrantes del grupo armado, que debían concentrarse en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
Así lo revelaron fuentes de inteligencia militar que, según relataron a Caracol Radio,la reducción de presión judicial y militar ha beneficiado el traslado de tropas ilegales por el corredor del pacífico colombiano, con el propósito de mantener su control territorial y fortalecer el envío de estupefacientes hacia el exterior.
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El reporte militar indica que las estructuras ilegales han intensificado el traslado de tropas, armamento y material de intendencia por el río Atrato y afluentes como los ríos Salaquí, Truandó y Buchadó, además de corredores marítimos cercanos a Unguía, Acandí y Capurganá, ubicados en el departamento del Chocó.
“La intención es mover al máximo el clorhidrato de cocaína que tienen represado y consolidar el control sobre las poblaciones”, señaló una fuente militar a la cadena radial mencionada.
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Las actividades serían lideradas por el Frente Pablo José Montalvo Cuitiva del EGC, responsable del control de corredores entre Riosucio, Belén de Bajirá, el río Cacarica y zonas fronterizas con el país centroamericano.
La inteligencia detalló que la región de Unguía ha resurgido como punto estratégico para el narcotráfico debido a su conexión directa con el Caribe y Panamá. “Unguía está prácticamente en el centro entre el Caribe y Chocó. De Unguía usted se tira a Acandí, Sapzurro, Capurganá, Panamá”, señalaron las fuentes militares.
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Sería orden de ‘Chiquito Malo’
Frente a ello, se detalló que estas acciones estarían bajo la orden de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien ha coordinado acciones con Elkin Casarrubia Posada, conocido bajo el alias de El Cura para fortalecer el tráfico y aprovechar el nuevo contexto operativo.
Además, inteligencia atribuye a alias Monseñor, antiguo jefe de la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva, como el responsable de la coordinación de narcotráfico, finanzas y explotación ilegal de oro en la frontera colombo-panameña.
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Las fuentes advirtieron también que la falta de presencia constante de la fuerza pública en las cabeceras de los ríos Salaquí y Truandó facilita la consolidación de rutas del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Polémica por las órdenes de captura
El Gobierno de Colombia insistió en que los procesos de negociación de paz con el Clan del Golfo se ajustan a todos los requisitos legales y cuentan con la supervisión de gobiernos extranjeros, en respuesta a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de mantener vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes de este grupo armado, entre ellos su líder alias Chiquito Malo.
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De acuerdo con la Fiscalía, la vigencia de las capturas responde a la necesidad de verificar tanto la identidad como la situación jurídica de los integrantes listados por el Ejecutivo. Este procedimiento individual debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales antes de autorizar cualquier traslado a las ZUT.
Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su solicitud y remarcó que la intervención internacional y la observancia de las normas nacionales forman parte de la estrategia oficial para dar continuidad a los diálogos con el grupo.
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“Todos los requisitos que exige la ley se aplican en los procesos de negociación de paz que adelanta el gobierno y están bajo la intermediación y garantía de gobiernos extranjeros para garantizar pulcritud (sic)”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.
La decisión de la Fiscalía se formalizó poco después de que, el 8 de mayo, el Gobierno nacional solicitara suspender temporalmente las órdenes de captura y algunas solicitudes de extradición, paso necesario para avanzar hacia negociaciones formales con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
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Según la Resolución Occp No. 120, del 29 de abril de 2026, se autorizó el traslado inicial de los 29 miembros hacia dos ZUT ubicadas en los departamentos de Córdoba y Chocó, zonas que comenzarían sus operaciones el 25 de junio de 2026.
La coordinación y supervisión de este proceso está a cargo de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, y su objetivo es facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del EGC.
Jhon Bernal