La mitología griega creó la fantástica historia de Pandora, una mujer emparentada con los dioses del Olimpo, a quien Zeus le regaló una caja misteriosa el día de su matrimonio, con la advertencia de que allí adentro se encontraban cautivos todos los males, por lo cual ella jamás debería abrirla. Pero como la curiosidad de la mujer pudo más que la obediencia a los dioses, Pandora abrió la caja y entonces la maldad fue liberada y se expandió por el mundo.
Pues bien, esa Caja de Pandora acaba de ser abierta en Colombia. Se trata de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), la cual bien podría llamarse la Caja de Petro. Este es un oscuro y siniestro organismo creado por Juan Manuel Santos en 2011, tal para cual, cuya finalidad es atender catástrofes y ayudar a los damnificados, pero desde que se creó solo ha servido para satisfacer la voracidad corrupta y desvergonzada de la politiquería. Es la chequera sin límites para que los políticos roben, financien sus campañas y se enriquezcan en forma grotesca.
Como los desastres naturales son imprevisibles, esa entidad ha sido diseñada para actuar con prontitud en medio de las calamidades. En consecuencia, para ella no hay licitaciones públicas, ni control alguno de gastos, pues su contratación millonaria se realiza en medio de emergencias. Pero, aunque parezca una ficción, las víctimas no reciben atención alguna, pues la realidad es que este monstruo burocrático está diseñado solo para robar.
El paraíso terrenal de la corrupción
La UNGRD es el paraíso terrenal de la corrupción desde sus inicios, en donde todo se gasta con urgencia extrema y sin control alguno. El dolor y el sufrimiento de millares de compatriotas permite a los políticos el saqueo de los recursos que supuestamente los deben salvar.
Es así como en este gobierno la UNGRD compró decenas de carrotanques para llevar agua al desierto de La Guajira; y tanques de almacenamiento de agua para las comunidades indígenas; y alimentos para los pobres a través de las “ollas comunitarias” por valor de más de $60.000 millones de pesos solo para La Guajira. Pero con ese dinero se financiaron los candidatos del Pacto Histórico en las pasadas elecciones de alcaldes y gobernadores.
¡Ninguna gestión de este organismo se concreta en ayudar a los necesitados! Los carrotanques se están pudriendo en medio del desierto, los tanques de agua son inservibles y los alimentos nunca llegaron a los pobres. ¡Pero todo se compró a muchas veces su valor real! Y es muy significativo que esa cadena de rapiña tiene como protagonista al departamento de La Guajira, bajo la tenebrosa declaración de Emergencia Económica decretada por el presidente el año pasado.
Sin embargo, todas estas son historias antiguas, pues ahora hemos pasado a otro más sofisticado nivel de corrupción.
La corrupción es una máquina para aprobar leyes
Se acaba de descubrir que esta entidad, que depende de la Presidencia de la República, se usa para pagar millonarios sobornos a los congresistas y a los partidos políticos para que aprueben las reformas del gobierno. La UNGRD cuenta con un presupuesto anual de 2,2 billones de pesos (US $600 millones), que se han convertido en un inmenso fondo de corrupción al servicio de los intereses oscuros del presidente Petro.
Según las gravísimas denuncias del ex subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, él mismo le entregó $4.000 millones al presidente del senado, $1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes y otras sumas de dinero no cuantificadas a 15 congresistas más.
Además, el Sr. Pinilla denuncia que en esos actos de corrupción están involucrados varios ministros y funcionarios de la presidencia. El también destituido ex director de la UNGRD, Olmedo López, ratifica las denuncias, siendo que ambos están solicitando un principio de oportunidad a la Fiscalía para contar todo lo que saben. La gran pregunta que los colombianos nos hacemos es: ¿Quién ordenó hacer esos pagos corruptos?
Hasta ahora no se sabe, pero evidentemente no fueron los destituidos funcionarios de la UNGRD, que en sana lógica no tendrían nada que ver con la aprobación de las reformas de Petro en el Congreso. Lo lógico sería que esas órdenes llegaron directamente desde el alto gobierno.
¡El País exige que se sepa la verdad! ¡Que los organismos encargados de hacer las investigaciones castiguen ejemplarmente a los responsables! Esas entidades son la Corte Suprema de Justicia para los congresistas, y la Fiscalía y la Procuraduría para los demás implicados.
Aunque todavía no hay evidencias jurídicas de responsabilidades penales, todos los días surgen informaciones más escandalosas. Es decir, estamos ante una Caja de Pandora, o Caja de Petro, que es como un volcán en erupción, que vomita las más sofisticadas formas de corrupción de este gobierno, cuyos principales funcionarios son grandes especialistas en delinquir.
Una campaña presidencial plagada de delitos
La campaña presidencial de Petro fue financiada ilegalmente por reconocidos narcotraficantes, por frentes terroristas de las FARC y por estafadores con cripto monedas. Esos aportes millonarios fueron omitidos fraudulentamente ante el Consejo Nacional Electoral, delito que en caso de ser probado anula la elección del presidente, de la vicepresidente y de los congresistas del Pacto Histórico. Y el entorno familiar del presidente, su esposa, su hermano y sus hijos, está rodeado de escándalos y delitos.
Cuando Petro fue alcalde de Bogotá el dinero de la corrupción le llegaba en bolsas de basura. Ahora que es presidente, el dinero corrupto circula por toda Colombia en maletas, es entregado a los destinatarios por “mensajeros”, y a los sobornos se les denomina “el recurso”.
Escandaliza que el abogado defensor del Sr. Pinilla sea el famoso ex Fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien resultó ser el más corrupto de los fiscales, y fue protagonista en el escándalo del Cartel de la Toga.
Fue demostrado que sobornó con millonarias sumas de dinero a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual fue condenado a varios años de cárcel, al igual que varios de esos magistrados que siguen en prisión. No es posible que un fiscal al que se le condena por actos tan deleznables, al poco tiempo esté en libertad y siga ejerciendo su profesión de abogado defendiendo a otros funcionarios corruptos, cuando debería estar vetado de por vida para ejercer su profesión.
Quienes ordenaron pagar los sobornos a los congresistas y a los partidos políticos, de confirmarse las denuncias, debieron ser los directamente interesados en la aprobación de las reformas. Es decir, el presidente y sus ministros, entre los cuales han sido señalados hasta ahora los de Salud, Interior, Hacienda y Minas. Y también el director de Inteligencia del Gobierno.
Es de esperar que estos hechos despierten a Colombia de su letargo y destraben la figura Constitucional del juicio político al presidente. Solo así se lo podrá destituir, junto con todos sus funcionarios ineptos y corruptos que ocupan ministerios y embajadas, para devolverle el honor a la Nación, pisoteada y humillada por una pandilla criminal que se tomó el gobierno.
¡El gobierno de Colombia es una vergüenza que deja perplejo al mundo y a los colombianos honestos!
8/05/2024 | Por Eugenio Trujillo Villegas | Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción | trujillo.eugenio@gmail.com
