La insinuación de Paloma Valencia según la cual Abelardo De La Espriella sería un «cobarde» por aparecer en actos públicos utilizando protección antibalas no solamente resulta miserable, sino profundamente irresponsable en un país donde la campaña presidencial está siendo escrita con sangre. El bautismo de fuego de estas elecciones fue el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esa fue la señal de apertura de una contienda que se desarrolla bajo la sombra del terrorismo, del narcotráfico y de unas estructuras criminales que han demostrado estar dispuestas a todo con tal de preservar el poder que hoy ejercen sobre vastas regiones del país.
Cuando Paloma desliza semejante insinuación, surge una reflexión dolorosa: lástima que Miguel no hubiera sido el «cobarde» del que ella habla. De haberlo sido, hoy estaría donde tenía que estar: con su esposa, con su hijo, con sus hijastras, con su padre y a pocos pasos de convertirse en el nuevo presidente de Colombia.
Las palabras tontarronas de la candidata Valencia resultan más delicadas al tener en cuenta que De La Espriella lleva meses en la mira de estructuras criminales. Hace menos de diez días las autoridades desmontaron un atentado en su contra en Envigado. Luego, no solamente tiene derecho a extremar todas las medidas de protección posibles, sino la obligación elemental de hacerlo. Mucho más en un país gobernado por un régimen socialcomunista que no ha demostrado el menor interés en proteger a sus opositores, exactamente igual a como ocurrió con Miguel Uribe Turbay, quien elevó múltiples solicitudes para que se reforzara su esquema de seguridad y terminó siendo dejado prácticamente expuesto frente a los criminales. El régimen desoyó esas advertencias, ignoró esas peticiones y dejó al candidato a merced de quienes finalmente hicieron lo que habían anunciado: asesinarlo vilmente.
Aquí no se está discutiendo un asunto de bravura ni de heroicidades románticas. Esto es un problema elemental de supervivencia. El viejo dicho popular lo resume perfectamente: de valientes está lleno el cementerio. Colombia ha sepultado candidatos presidenciales, ministros, jueces, policías y periodistas porque durante décadas hubo quienes creyeron que el terror era un asunto lejano o manejable. El régimen petrista se ha encargado de recordar que no lo es. Las amenazas existen, los enemigos de la civilidad están a la vuelta de la esquina portando el diploma de «gestores de paz», y el narcoterrorismo, socio dilecto del gobierno, sigue siendo capaz de asesinar a quien considere un obstáculo para sus intereses.
Ahora bien, si de heroicidades se trata, claramente Paloma Valencia no es una figura épica ni mucho menos una mártir de la lucha política. Ella hace parte de la política tradicional colombiana, de esa politiquería de baja estofa que lleva años negociando burocracia, componiendo alianzas contradictorias y armando coaliciones imposibles únicamente para intentar conservar el poder a cualquier precio. Resulta bastante curioso que ahora pretenda posar de adalid de la valentía alguien que ha construido una campaña presidencial al calor de las maquinarias y de los acuerdos propios de un establecimiento caduco, corrupto y que es, a fin de cuentas, el verdadero responsable de la tragedia colombiana.
Y además convendría aterrizar un poco la discusión. Esto no es un asunto de cobardía o valentía, sino de inteligencia y de sensatez. Porque al margen de cualquier consideración política, lo razonable en un país como Colombia es proteger la vida. ¿O acaso Paloma Valencia no cuenta con un esquema de seguridad, no utiliza vehículos blindados y no goza de protección estatal como cualquier otro dirigente político relevante? ¿O es que ella se desplaza sola en transporte público protegida únicamente por su generosa humanidad? Finalmente, no está de más tener presente algo que resulta elementalísimo: la diferencia entre la vida y la muerte, las más de las veces, no depende del coraje, sino de la prudencia.
Publicado: mayo 19 de 2026