¿La ‘Comisión de la Verdad’ colombiana desatará la gestapo mediática, jurídica y cultural contra nuestra democracia liberal y cristiana, y contra nuestras Fuerzas Armadas?

La ‘historia de la infamia’ protagonizada por la Comisión de la Verdad, CVR, del Perú en el 2003

La increíble similitud entre los trabajos de la Comisión de la Verdad peruana 2003 y la colombiana 2022, me llevó a escarbar la historia reciente del Perú. Los resultados que obtuve son escalofriantes…

Presento enseguida el resumen de un análisis profundo sobre la materia, “Conclusiones parcializadas, afán punitivo a ultranza, y un gran olvidado: el bien común”, efectuado por la valerosa asociación Tradición y Acción por un Perú Mayor, publicado el 28-10-2003. Y al final, otro publicado el 22-09-2012, una píldora de gran valor que lleva como título “Emerge la verdad sobre la “Comisión de la Verdad”

Juzguen Ustedes…

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Durante más de una década (1980-1992) el terrorismo marxista gozó de una enorme y chocante impunidad en el Perú. Mientras que el Estado se abstenía de reprimirlo debidamente, numerosos eclesiásticos, políticos y medios lo trataban con una indulgencia incomprensible.

Esto permitió que el marxismo echara raíces entre la pobrecía, universitarios, sindicatos, religiosos… Llegaron a realizar desafiantes desfiles a metros de la Casa de Pizarro, casa de gobierno del Perú, y recibieron el elogio del gobernante de turno: “jóvenes idealistas”.

La principal causa de que ocurrieran excesos en la posterior represión de las Fuerzas de Seguridad fue su tardía reacción. Lo que de inicio habría sido fácil combatir, después fue muy arduo derrotar. Eran muchos los cómplices y protectores y muchísimos los intimidados.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, CVR, omitió estas verdades fundamentales y exageró sin rubor el número de víctimas del conflicto como veremos más adelante.

La Comisión estaba compuesta por 12 integrantes, 10 de ellos provenían de la izquierda marxista, unos laicos y otros religiosos devotos de la “teología de la liberación. Destacamos al mediático Padre Gastón Garatea y a los directivos/académicos de la izquierda católica que, a la sazón, controlaban a la Pontificia U. Católica del Perú. La CVR, comandada por Salomón Lerner, rector de tal universidad, fue responsable de una monumental indignidad moral que todavía hoy avergüenza al Perú.

Con gran ruido mediático, el 28-08-2003, la CVR entregó el llamado “Informe Final” de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, CVR. Este consta de 9 tomos y 4500 páginas impresas. Resultó ser un engendro documental signado por parcializaciones ideológicas y repleto de sindicaciones contra el régimen capitalista vigente: sus Fuerzas de Seguridad, su Estado y su sociedad. La gran mayoría sin prueba, sin valoración y/o sin la versión defensiva de la contraparte.

Como bien advirtió, 15-9-2012, el conocido comentarista y ex senador peruano, José Barba Caballero, la CVR se ganó un lugar aventajado en “la historia de la infamia” de su país.

Una controversia malsana y contraproducente

La publicación del ‘Informe final’ recibió inicialmente estridentes y fútiles elogios del mundo oficial, de la prensa adicta y de la izquierda internacional. La opinión pública, en cambio, reaccionó de forma contraria e indignada.

Aquel informe generó una controversia malsana y contraproducente, pues sobreexcitó las animosidades de un pueblo en proceso de cicatrización y reconciliación tras años de terror de Sendero Luminoso. Exigir una justicia extrema contra los defensores del orden que enfrentaron el terror, atizó pasiones que pudieron pulverizar la búsqueda de concordia nacional en torno de los grandes ideales, revitalizará un estado de conflicto latente, endémico, que cualquier chispa podría reencender.

El presidente de la CVR se apresuró a exigir que se inicien procesos penales sobre ciertos hechos de la lucha antiterrorista; y esto fue seguido – en una cadencia muy parecida a los sketches de una pieza teatral previamente calculada – por la apresurada entrega al Ministerio Público de varias decenas de expedientes y del envío de múltiples cartas notariales vejatorias a militares que participaron en la represión anti-terrorista.

En contraste, investigaciones similares sobre las causales y alcances de la violencia, desarrolladas por otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Mindes, no merecieron destaque de los grandes medios a nivel nacional, ni internacional. Sorprende que, muy al contrario de la CVR, estas entidades optaron por preservar,  con rigor, la discreción de las fuentes “por respeto a las personas que prestaron sus testimonios o han brindado su colaboración” así como la mesura en las conclusiones.

Conclusiones impregnadas de parcialidad ideológica

  • En el abordaje de los problemas sociales desde una perspectiva igualitaria (No. 6, 32, 136);
  • En la parcialidad a favor de ciertas ONGs, en general, y de una de ellas en particular (No. 145-148);
  • En la presunción implícita de que el terrorismo genocida sería una fuerza beligerante según los convenios de Ginebra (N°s. 28, 34), pese a ser evidente lo contrario.
  • En la crítica exculpatoria y detallista sobre la estrategia usada por los grupos políticos de izquierda – sobre todo la Izquierda Unida – ante la violencia, (No. 105-113, 136);
  • En el manoseo semántico de ciertas palabras. Llaman “mártires” a los periodistas muertos por campesinos de Uchuraccay (único caso en que la CVR emplea ese calificativo) y le niegan el apelativo a los verdaderos mártires, esto es a los numerosos sacerdotes y fieles católicos ejecutados por el terrorismo in odium fidei – (N° 149);
  • O cuando encubre a ciertas ONGs, refiriendo que, en los años 80, éstas “zanjaron” (en realidad fueron cómplices) con las organizaciones de fachada del terrorismo (N° 146).
  • La parcialidad de la CVR se desnuda crudamente sobre todo en el ataque incendiario e injurioso que lanza contra el clero católico que les resistió (No. 142). En el Informe final, ellos fueron condenados sumariamente y sin derecho presentar descargos. Hay que reconocer, como excepción, que al Obispo de Ayacucho lo escucharon 3 días antes de la publicación, cuando el Informe final ya estaba impreso.
  • La CVR sistemáticamente escuchaba a testigos que le convenía y excluía a los que no, para finalmente exigir una justicia sesgada. Los testimonios de otros testigos, llave del genocidio senderista, integrantes de los Comités de Autodefensa, fueron igualmente descartados por la CVR.
  • Las cifras de víctimas de la violencia, un “wishful thinking” (pensando con el deseo). Sin rubor alguno la CVR duplica las cifras presentadas por entidades públicas y privadas a lo largo de los últimos años (69 mil contra 28 a 35 mil), a partir de simples proyecciones especulativas. Éstas provienen de inauditas deficiencias de método: no se identifica a los presuntos desaparecidos; no se examina cuántos de éstos –suponiendo que fueran reales– buscaron refugios ocultos. Es por esta razón que muchos estudiosos le niegan validez científica a las cifras publicadas por el CVR.

La conclusión del ‘Informe final del CVR’ no pudo ser más diciente:

Las Fuerzas Armadas Peruanas, con el respaldo o ante la desidia del Estado y de la sociedad dominante fueron los responsables primarios de la violencia contra millones de oprimidos. Como culpables del terrorismo de Estado deben ser condenadas con máximo rigor y transformadas de raíz sus doctrinas e instituciones. El relato de la verdad condensada por la CVR debe convertirse en historia oficial del Estado peruano con la intención de cambiar el imaginario colectivo y la cultura de la Nación.

 

Irresponsable socavamiento del bien común

En aquellos días -en los que se presentó el ‘Informe final en Perú- la prudencia requería contribuir con el fortalecimiento de una atmósfera de renovada comprensión y respaldo a las Fuerzas Armadas, encargándolas de extinguir los nuevos brotes terroristas.

El informe de la CVR parecía trabajar en sentido contrario: escamotea la realidad e invierte los papeles. A quienes defendieron la sociedad agredida por el terror marxista se los muestra como represores, mientras que a los agresores se los presenta como idealistas dignos de benevolencia.

Actuar con sabiduría, cordura y equidad

Tradición y Acción por un Perú Mayor, concluye el estudio con un llamado a los peruanos para reaccionar con cordura y sabiduría, advirtiendo que:

1. Hay un bien mayor en juego, la concordia y estabilidad de la Nación. Este resulta ser el componente esencial del bien común

2. Si para alcanzar este bien mayor toca sacrificar un bien menor – aclaración y justicia sobre las prácticas ilícitas cometidas durante el estado de conmoción interna –, tal sacrificio no sólo es razonable, también es justo y conveniente. En determinados casos constituye una necesidad y hasta un deber, por ejemplo cuando, lamentable e involuntariamente, caen inocentes en desarrollo de precipitadas acciones para contener el terrorismo atómico.

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En el 2012 emergen nuevas revelaciones
sobre la “Comisión de la Verdad” peruana

– 29 de Septiembre de 2012 –

En el último semestre de 2012, emergen dos nuevas revelaciones sobre la ex Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, que desnudan definitivamente el déficit de credibilidad de aquel organismo y de la izquierda católica que lo promovió y dirigió.

1. El “Informe final” de la CVR infló el número de víctimas hasta casi 70 mil para atribuírselas a las Fuerzas Armadas.

A pesar de búsqueda incesante, 40 mil de ellas, el 60%, nunca fueron demostradas. ¡Son ficticias!

Hace pocos días la prensa dio a conocer el caso del general EP(r) Emilio Murgueytio, a quien hace 9 años, la CVR responsabilizó, como comandante de una base contrasubversiva, de una “masacre” de 10 personas en 1994. Ya se comprobó que 6 de esas ‘víctimas’ no existen, sus nombres son imaginarios. Los restantes 4 ‘asesinados’ los detectaron votando 6 años después, en las elecciones presidenciales del 2001 y las municipales del 2002; con la particularidad de que 3 de ellos son procesados por terrorismo, y el otro, por violación…”

2. La CVR burló sistemáticamente el derecho al debido prioceso y  la legítima defensa de sus imputados

Pero hay más: todo proceso legal, para ser válido, debe garantizar la defensa de los acusados. La CVR estaba obligada a oír, y valorar, los descargos del general Murgueytio al menos en lo que respecta a las acusaciones. Ahora se descubrió que fue entrevistado el día anterior a la presentación oficial del “Informe Final”, cuando este ya estaba impreso. Repiten la triquiñuela aplicada al Cardenal Juan Luis Cipriani cuando fue imputado por una ONG, sin pruebas, por su reacción cuando fungía como arzobispo de Ayacucho.

Conforme la ley peruana y universal, era obligatorio que los descargos de estos dos calificados testigos constasen en el informe. Sin embargo, allí no figuran. Las tales entrevistas fueron una farsa inicua, una verdadera burla a testigos claves y a la justicia de la Nación. Se trata de una repugnante violación al derecho fundamental al debido proceso.

Por Juan Carlos Ariza Gómez | Dirección Alianza Reconstrucción Colombia

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