El trámite de empalme entre los gobiernos saliente y entrante no fue posible cumplirlo conforme a nuestra tradición democrática por la negativa del régimen petrista a reconocer la legitimidad del presidente elegido por la mayoría de los colombianos en un proceso electoral transparente y avalado por las veedurías internacionales.
Pero la razón oculta detrás de esa irracional posición era la de evitar a toda costa que se develara la verdadera magnitud del monumental saqueo al erario protagonizado por Petro y su banda de criminales. Hasta el último instante de su período, continuaba el petrismo su depredadora expedición de nombramientos y celebración de contratos para agotar las arcas —presentes y futuras— del Estado.
Con la anuencia de las mayorías del Congreso, obtuvo el expresidente Petro permiso para ausentarse del país durante un año, en lugar de poner la cara a las numerosas denuncias e investigaciones por corrupción que enfrenta su gobierno. Flaco servicio a la transparencia prestaron los senadores que aprobaron tan inconveniente autorización.
No conformes con semejante desaguisado, designaron las mayorías del Congreso un nuevo Contralor cuya principal obligación consiste en perseguir toda malversación de los recursos del Estado, pero su primer acto fue comprometerse a designar como vicecontralor a un representante del Pacto Histórico, o sea, del partido defensor del cuestionado gobierno vinculado a mayúsculos escándalos de corrupción en el pasado cuatrienio.
Con semejante panorama nos permitimos dudar de que se puedan cumplir las metas propuestas para erradicar la corrupción y castigar a quienes participaron en el asalto a los recursos fiscales en los últimos 4 años. Al fin de cuentas, la acción del Estado se cumple a través de sus funcionarios. Si éstos tienen otros compromisos diferentes a los de la naturaleza de su cargo, no podrá esperarse resultado alguno de su gestión.
Creemos desde hace tiempo que es imprescindible una reforma de los organismos de control, tanto a nivel nacional como regional, pues en la actualidad no dejan de ser un botín burocrático aprovechado por los caciques políticos y que funciona como un relojito: ”Yo te nombro Contralor y tú me nombras un amigo en la vicecontraloría”.
Pero debemos ser realistas y, ante todo, pragmáticos. Ni el Presidente está interesado en embarcarse en una reforma constitucional pues tiene una inaplazable agenda para este período, ni será fácil que los políticos de siempre renuncien a sus privilegios. Propusimos en cambio una reforma más general consistente en elevar a norma constitucional la obligación de que todos los funcionarios públicos, salvo los que deban ser elegidos por votación popular, sean designados por concurso de méritos. Si observamos lo que ocurre en los países donde esta norma está vigente, concluimos que los cambios electorales no afectan la estabilidad del aparato estatal y se obtiene una mayor eficiencia y compromiso por parte de los servidores públicos.
Sin embargo, hay una fórmula al alcance del Señor Presidente, que no requiere el engorroso e impredecible paso por el Congreso. Tiene el primer mandatario potestad para crear y designar Consejeros Presidenciales para temas específicos que actúan bajo su directa supervisión. La sugerencia, respetuosa y comedida, por supuesto, es que sean eliminadas la Consejería para la Reconciliación Nacional y el Alto comisionado para la Paz y, en su lugar se cree la consejería para la Lucha contra la corrupción. Entre sus funciones estarían las de recopilar toda la información sobre presuntos delitos relacionados con la corrupción, sus responsables, cómplices y auxiliadores; la persecución de activos fraudulentamente obtenidos con la corrupción, la elaboración de proyectos de ley y de decreto para derrotar a la corrupción, la formulación de denuncias penales y el seguimiento de los procesos. En una palabra, sería un verdadero “Zar anticorrupción” que el país requiere sin lugar a dudas.
Luis Alfonso García Carmona: Abogado. Escritor. Fundador de Alianza Reconstrucción Colombia.
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