“Quien domina el sentido común de una época gobierna sin necesidad de imponerse”, advirtió Antonio Gramsci desde su celda fascista, formulando sin saberlo la clave que la izquierda latinoamericana explotaría durante décadas y que la derecha, distraída con superávits fiscales y estadísticas de criminalidad, tardó demasiado en comprender.
Durante años, la derecha creyó que gobernar bien bastaba. Mientras tanto, la izquierda entendía algo más profundo: quien conquista la cultura termina moldeando la educación, los medios y la manera en que una sociedad interpreta su propia realidad. Javier Milei, Giorgia Meloni y Viktor Orbán no inventaron esa batalla; simplemente decidieron librarla sin complejos, entendiendo que la política también es una disputa por el sentido de la libertad, la nación, la familia y la historia frente a proyectos que aspiran a convertirse en pensamiento único.
En el fondo de esa disputa hay una civilización que defender. Occidente no es solo un espacio geográfico ni un sistema económico: es una herencia moral construida sobre los valores judeocristianos -la dignidad de la persona, la ley por encima del poder, la familia como célula fundacional de la sociedad-. Buena parte del progresismo contemporáneo ha tratado esa herencia como un lastre del que emanciparse, y en ese proceso la familia tradicional ha sido una de las primeras víctimas: relativizada, deconstruida, disuelta en categorías identitarias que fragmentan más de lo que integran. El resultado no ha sido mayor libertad sino mayor desorientación: sociedades sin relato compartido, más vulnerables precisamente porque han dejado de creer en algo propio.
Ese vacío no se produjo solo. Durante años, buena parte de ese activismo identitario se financió con dinero público bajo la etiqueta de “cooperación” o “promoción de derechos”, una arquitectura de subsidios que rara vez rindió cuentas de sus resultados reales. Cuando la administración Trump decidió recortar drásticamente el financiamiento de Usaid a comienzos de 2025, salió a la luz la magnitud de esa red: miles de millones de dólares distribuidos entre ONGs, medios y organizaciones activistas alrededor del mundo, muchas de ellas dedicadas menos a resolver problemas concretos que a reproducir una agenda cultural determinada. El episodio funcionó como radiografía involuntaria: reveló cuánto de lo que se presentaba como “sociedad civil” dependía en realidad de billeteras estatales con intereses ideológicos propios.
Europa ofrece la advertencia más visible de hacia dónde conduce ese vacío. Donde el progresismo ha erosionado la identidad cultural en nombre de un relativismo que ya no distingue qué vale la pena defender, el islam político ha encontrado terreno fértil: no por su fuerza intrínseca, sino por el hueco que encontró enfrente. Comunidades que ya no transmiten con convicción sus propios valores difícilmente pueden pedirle a nadie que se integre a ellos.
Colombia no ha sido ajena a este fenómeno. Esa percepción explica por qué el nuevo gobierno parece dispuesto a disputar también ese terreno. La llegada de Enrique Serrano como asesor presidencial es la señal más clara: recuperar la discusión sobre la identidad nacional y el lugar de Colombia dentro de la tradición liberal democrática. En el Ministerio de Cultura, el reto será fortalecer el patrimonio al servicio de la nación entera, no de una corriente. Desde la Cancillería, Omar Bula tendrá una función estratégica proyectando esos valores hacia afuera.
Quizás el escenario más determinante sea la educación. Viviane Morales y el viceministro Camilo Noguera enfrentan la tarea de formar ciudadanos con pensamiento crítico, sin convertir las aulas en trincheras de militancia.
Esta batalla cultural no es una cruzada contra quienes piensan distinto, sino la recuperación del derecho a defender, sin complejos, los valores que hicieron posible la libertad que hoy se da por sentada.
@rosenthaaldavid