La desinformación como estrategia de guerra contra la Fuerza Pública

“Según encuestas de opinión, la favorabilidad de las Fuerzas Militares colombianas no ha estado por debajo del 60% en los últimos 18 años (Gallup Colombia, 2018) y ha marcado, en promedio, en el índice de confianza del Barómetro de las Américas (LAPOP) 61,97% en los últimos 13 años” (Fundación Konrad Adenauer, 2019).De hecho, para el año 2019 la Iglesia, el Ejército y la Policía Nacional se destacaban por sus porcentajes de confiabilidad en la opinión de los colombianos (El Tiempo, 2019). Sin embargo, a pesar de que las estadísticas respaldan con datos objetivos la confianza y el respeto que han merecido las Fuerzas Militares como parte integral del Estado y garante de la democracia,la seguridad y la soberanía, sus contradictores y enemigos intentan, de todas las formas posibles, desprestigiar su labor constitucional se valen de los errores de unos pocos integrantes, o de simples especulaciones alrededor de hechos aún no comprobados, para presentarlos como delincuentes ante la opinión pública.
Si bien la función de los medios de comunicación debería ser la de informar de manera imparcial, sorprende que algunos estén comprometidos con publicitar editoriales en contra de las Fuerzas Militares en los que tergiversan,descontextualizan y generalizan las acciones de un porcentaje mínimo de miembros de la Institución, con el único objetivo de torpedear la labor de la Fuerza Pública, minar la moral de sus integrantes y buscar reformas al interior de la Institución, como de hecho está sucediendo actualmente.
Ese claro interés en desestabilizar a las Fuerzas Militares tiene como objetivo limitar la lucha contra los grupos delincuenciales, los cultivos ilícitos, la protección de las fronteras, y permitir que los grupos terroristas, que durante décadas se han servido del tráfico de drogas, el secuestro y otros actos ilícitos, que hoy encubren bajo el manto del delito político, sigan delinquiendo.
Al hacer una revisión en los motores de búsqueda de portales de internet de algunos medios de comunicación, por ejemplo en lo que va del año 2020, se encontró que:
Se utilizan titulares sugestivos enfatizando la participación de miembros de la Fuerza Pública en acontecimientos de la sociedad colombiana, como si la institución castrense representara un alto porcentaje en la causa de problemas sociales generalizados. Tal es el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales contra menores en los que se evidencian titulares como:
“ANTE LA CRECIENTE DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA SEXUAL. Profamilia pide formar a los militares en derechos sexuales y reproductivos”.(El Espectador, 2020 a.)
Analizando a fondo el comunicado oficial de Profamilia, se evidencia que esta entidad alertó sobre el crecimiento de los casos de violencia sexual contra las niñas y los niños en Colombia, no solamente los casos de los miembros de la Fuerza Pública,sino que en general argumentó que“en este período de 2020 se han recibido 15.369 solicitudes asociadas a casos de violencias contra la niñez” (PROFAMILIA, 2020).
Sin embargo, y aunque el comunicado de Profamilia es claro al presentar las cifras totales, el titular da a entender, tendenciosamente, que son los militares los únicos responsables del creciente flagelo, cuando en realidad el porcentaje de militares implicados en la cifra total de casos a nivel nacional, no alcanza ni el 0.1%. De hecho, desde 2016 se tiene conocimiento solo de 118 investigaciones sobre casos relacionados con el Ejército Nacional.
Al respecto,cabe recordar que el Instituto de Medicina Legal recientemente emitió un informe sobre Violencia Contra niños, niñas y adolescente durante la Pandemia en el cual se afirma que “entre el 25 de marzo y el 23 de junio, 2.451 niños, niñas o adolescentes sufrieron violencia sexual. Esto es un promedio de 27,2 abusos sexuales cada día contra menores de edad”(El Tiempo, 2020). Además, desde la organización Aldeas Infantiles SOS se analiza que:“ahora, durante la cuarentena(…) la mayoría de los casos de violencia ocurren, por parte de un familiar”(RCN Radio, 2020).
Es evidente que estos sucesos, condenables bajo cualquier punto de vista, no surgen en la base de una institución particular y los responsables no representan a las Instituciones de las cuales son miembros. Si en el análisis de las denuncias se evidencia que participan los familiares de las víctimas, miembros de la comunidad educativa, de entretenimiento y hasta las de los cultos religiosos, ¿por quécuando se habla de estos casos, si se evidencia que son aislados,no se condena a estas instituciones en su totalidad? A pesar de que algunos de sus miembros han sido señalados de estos atroces actos, no se les dedican reiteradas y sugestivas campañas de desprestigio y de reformas estructurales en redes sociales y medios de comunicación, como sí sucede contra la FuerzaPública. Es obvio que el objetivo es debilitar a la institución militar,para que los grupos terroristas puedan seguir delinquiendo y lucrándose de actividades ilícitas como el narcotráfico.
De hecho, cabe recordar que recientemente en un operativo de la PolicíaNacional y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la nación fueron capturadas 90 personas sindicadas de abuso sexual de niños,entre las cuales se encontraron, además de“integrantes de la fuerza pública, padres de familia, guías espirituales y religiosos, personas cercanas a las víctimas”(Caracol Radio, 2020)

 

En el monitoreo de medios también se encontró que algunos contenidos sugieren que los casos recientes de violaciones no son situaciones aisladas o particulares, sino que son producto de políticas institucionales, con afirmaciones tales como:

“¿Qué fallas hay en la cultura colombiana y en la educación que brinda el Ejército a sus miembros como para que por lo menos siete soldados participen en la violación de una niña de 12 años? (…) También hay que resistir la tentación que produce adoptar el discurso de las “manzanas podridas”.(El Espectador, 2020 b.)

”Es así como una vez más se ataca a la Institución militar por el comportamiento de un mínimo porcentaje de sus miembros que no representan los valores de las Fuerzas Armadas. Además, se condena en su totalidad a quienes en el cumplimiento de su labor constitucional, arriesgan su vida para proteger a los colombianos.

Otros temas que hacen parte de los titulares diarios de los medios de comunicación, en los cuáles se menciona la participación de miembros de las Fuerzas Militares, además de los delitos sexuales, son los perfilamientos, el maltrato animal, y en menor medida, las ejecuciones extrajudiciales y tráfico de armas, mientras que las noticias sobre hechos significativos y positivos que resalten la heroica labor de la Fuerza Pública se mencionan en una menor medida.

Más allá de desarrollar su función de comunicar hechos desafortunados, aislados y condenables de miembros de la Fuerza Pública, algunos medios se encargan de hacer seguimiento diario y reiterado de situaciones que ocurrieron años atrás, que no están comprobadas y/o que se basan en presunciones sin confirmar, algunas de ellas trascendiendo a medios internacionales como CNN, la BBCy la agencia de noticias EFE.

Muestra de las intenciones mediáticas se evidencia en el caso de abuso sexual en Risaralda a la niña indígena, ocurrido el 22 de junio cuando, sin dar tiempo a que las autoridades pertinentes judicializaran a los soldados regulares, lo cual hizo la Fiscalía general de la Nación el 25 de junio (Fiscalia General de la Nación, 2020), algunos medios publicaron titulares como “Siete militares habrían violado a niña embera de 13 años”, emitiendo sentencias condenatorias el día 24 de junio, cargadas de mediatismo y con una ausencia total de rigurosidad informativa, para esclarecer los lamentables hechos.

De hecho, que la Fiscalía hubiera tipificado esto como “acceso carnal abusivo” y no como “acceso carnal violento” hace que valga la pena cuestionarse, al igual que lo hacen abogados penalistas como Diego Suárez, sobre lo que están publicitando los medios acerca del caso, y si es que “(…) los medios de comunicación nos metieron cuentos y las cosas no ocurrieron así (…)” (2020).

Y es que, no contentos con publicaciones trasnochadas o que se repiten hasta 5 veces en un día bajo titulares desinformativos, y sobre acontecimientos sin confirmar por las autoridades pertinentes, también se evidencia la intención de algunos medios de comunicación de resaltar los casos negativos en donde hubo participación de militares o policías. Es así que, por ejemplo, en una noticia que habla sobre  casos de violencia sexual a menores de edad e integrantes de una comunidad indígena, identificados por la Fiscalía General, el medio de comunicación hace énfasis en los casos que involucran a miembros del Ejército,pero no ahonda en la responsabilidad de los otros implicados. Allí cabe preguntarse si es que los victimarios de los otros casos son menos condenables por el solo hecho de no pertenecer a la Fuerza Pública. 

De igual forma sucede con casos de corrupción,violencia contra animales o abuso de autoridad, que a todas luces son condenables si se cometen por cualquier persona, pero que para algunos medios parecieran ser más relevantes si en su contenido mencionan la palabra Fuerza Pública.

Sin perder de vista que los casos presentados son de extrema gravedad, y que quienes participan directa e indirectamente en su ejecución deben ser sancionados, es evidente que algunos medios de comunicación se han encargado de magnificar y mantener vigentes los casos que involucran miembros de la Fuerza Pública,con un especial interés de condenar a la Institución en su totalidad.

Pero ¿por qué el interés de algunos medios en deslegitimar la labor de la Fuerza Pública?¿Existirá un acuerdo de complicidad entre sectores políticos y ciertos medios, para dirigir la atención de la sociedad a los actos negativos de un porcentaje mínimo de miembros de las Fuerzas Militares que no representan a la Institución? Es claro que los medios de comunicación pueden fabricar un imaginario en la sociedad y sectores políticos detractores de las Fuerzas Militares y de su lucha contra del narcotráfico, el terrorismo y otras actividades delincuenciales, pueden hacer uso de estos para generar beneficios electorales, mientras logran su cometido de deslegitimar a la institucionalidad y proponer reformas estructurales que buscan debilitarlas y limitar su accionar.

Es evidente que la guerra ha mutado y ahora, los detractores de la Fuerza Pública han decidido llevar a cabo una guerra sicológica que, en palabras de Paul Lainbardger, creador del término,representa en sí el empleo de la propaganda en la lucha armada (Urra). Hacer uso de los medios de comunicación les permite a ciertos sectores políticos y sus simpatizantes, influenciar y manipular la sociedad modificando la imagen de la Institución militar y su legitimidad. Esto, acompañado de la guerra política y jurídica en contra de la institucionalidad, se ha convertido en el medio principal de quienes buscan, no solo llegar al poder, sino que además intentan tergiversar la historia,para que el pueblo colombiano olvide las atrocidades a las que fue sometido por parte de las organizaciones terroristas como las FARC y ELN. (Subrayado de la Redacción)

Universidad Militar Nueva Granada, Instituto de Estudios Geoestratégicos y d Acción Política, IEGAP, 20707/2020

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