Las denuncias a Petro sobre favores sexuales a cambio de contratos ponen bajo cuestionamiento el decoro de la jefatura del Estado y abren investigaciones en la Fiscalía, la Corte y la Procuraduría.
La Presidencia de la República es mucho más que un despacho, una banda tricolor o una ceremonia de posesión. Es una institución que representa a millones de colombianos y cuya dignidad no termina cuando el mandatario abandona el Palacio de Nariño. Por eso, cuando el nombre de quien ocupó la jefatura del Estado aparece relacionado con denuncias sobre presuntos intercambios de favores sexuales por contratos públicos, las preguntas dejan de pertenecer exclusivamente a su intimidad y pasan al terreno de la responsabilidad pública.
Ese es el escenario que enfrenta el expresidente Gustavo Petro, cuyo nombre quedó nuevamente en el centro de una controversia que ha escalado desde las declaraciones de antiguas funcionarias y contratistas hasta los despachos de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación.
La discusión tiene varios capítulos. No todos corresponden a los mismos hechos ni tienen el mismo alcance judicial, pero confluyen en un interrogante de fondo: ¿se habría utilizado la cercanía con el poder presidencial, o incluso la contratación del Estado, para satisfacer intereses particulares?
El episodio que terminó de sacudir el panorama político se conoció a finales de octubre, cuando Deicy Jiménez, una mujer que ha tenido contratos con entidades estatales, relató a la revista SEMANA que habría sostenido encuentros íntimos con Gustavo Petro y que, según su versión, habría recibido vinculaciones contractuales como contraprestación.
Jiménez aseguró que conoció al entonces senador en 2019 y que posteriormente habría obtenido contratos en distintas entidades públicas. Su relato no se limitó a una experiencia individual: habló de una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que, según afirmó, habrían tenido relaciones con el exmandatario y recibido contratos o beneficios estatales.
También hizo señalamientos sobre presuntas solicitudes relacionadas con la compra y el transporte de sustancias ilícitas. Estas afirmaciones forman parte de su testimonio público y requieren corroboración independiente.
La denuncia adquirió una nueva dimensión el 4 de noviembre, cuando Jiménez publicó un video que, según ella, demostraría que estuvo con Petro en una habitación. La defensa del expresidente cuestionó el material por no contar todavía con verificación sobre su fecha, origen, integridad y contexto.
El abogado Alejandro Carranza, apoderado del exjefe de Estado, sostuvo que un fragmento difundido en redes sociales no constituye por sí mismo una prueba y que su autenticidad debe establecerse mediante peritajes. Petro, por su parte, negó haber utilizado contratos estatales para obtener favores sexuales.
Falta de dignidad
La excanciller Martha Lucía Ramírez consideró en diálogo con EL HERALDO que quien ocupa la silla presidencial ejerce temporalmente la jefatura del Estado y del Gobierno, por mandato de elección popular y en representación de toda la ciudadanía.
Debido a lo anterior, “no está allí a título personal, ni administrando su propio peculio. Debe, por lo tanto, actuar con transparencia y respeto por la cosa pública y por el ejercicio de una función que debe desempeñarse en beneficio del bien común de todos los ciudadanos, procurando cada día el fortalecimiento y la mayor legitimidad de las instituciones del Estado, así como la continuidad de largo plazo de su tarea de garantizar a todos los ciudadanos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la ley”.
“Asimismo, existe una dimensión estética de la dignidad en el ejercicio de la función presidencial, que trasciende cualquier solemnidad superficial. Se trata del decoro con el cual se ejerce la más alta magistratura de la nación, que se expresa, entre otras formas, en un lenguaje respetuoso y constructivo, capaz de convocar a toda la ciudadanía a reconocer en la jefatura del Estado un referente de las instituciones y de los valores que deben sustentar el progreso económico y social del país”, agregó.
De acuerdo con la exministra, “durante el gobierno de Gustavo Petro se quebrantaron todos estos principios. Se desconocieron de manera flagrante la Constitución y la ley; se irrespetaron los símbolos de la institución presidencial y, amparado en una falsa concepción de su autonomía personal, se abusó también de los recursos y del patrimonio público para satisfacer intereses particulares. Se habría llegado incluso a desconocer el respeto debido por cualquier jefe a sus subalternas, quienes, según las denuncias recientemente conocidas, habrían recibido remuneraciones con recursos públicos para satisfacer caprichos personales de quien ostentaba la Presidencia”.
Por su parte, la exsenadora María Fernanda Cabal arremetió duramente contra el expresidente Petro, a quien consideró como el principal promotor de supuestos excesos en la Casa de Nariño.
“La dignidad presidencial exige responsabilidades más allá de las incluso naturales del cargo, porque es la figura pública más importante a la que los electores le han delegado un mandato. Eso significa que incluso su vida privada deja de ser suya. Y aquí pasó todo lo que nadie se imaginó. Con recursos del Estado se contrataban mujeres para que fueran sus compañeras de sexo. Bacanales, todo lo que contaban en algún momento que eran chismes, ya se ve que es una realidad, pagando con notarías, con contratos”, criticó.
Luego agregó: “Seguramente sus viajes internos e internacionales, que también se supo que se perdió en París, que se perdió en Italia, se perdió en Manta, todas esas escapadas por cuenta del erario público, dejando un país en absoluta crisis económica. La inmoralidad es el sello de todos estos de izquierda”.
Investigación
La Fiscalía abrió el 23 de octubre una noticia criminal para investigar las posibles irregularidades en la contratación de mujeres durante el gobierno anterior, tanto en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) como en otras entidades.
La actuación quedó en manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un equipo especializado.
Uno de los aspectos centrales es determinar si las vinculaciones contractuales respondieron a necesidades reales de las entidades o si existieron favorecimientos indebidos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también puso en marcha sus primeras actuaciones para verificar los señalamientos relacionados con el periodo en que Petro ocupaba una curul en el Senado.
El alto tribunal ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para recopilar la información sobre los contratos que tuvo Jiménez en esa corporación.
La diligencia también tiene una conexión con la excongresista María José Pizarro, cuyo entorno legislativo aparece mencionado en las denuncias. La actuación busca establecer qué vinculaciones existieron y si hay elementos que permitan contrastar la versión de la denunciante.
El presidente de la Sala Penal de la Corte, Carlos Roberto Solórzano, dejó una reflexión que trasciende el expediente. Al referirse a la controversia, señaló que los servidores públicos deben ser dignos tanto en sus actuaciones públicas como privadas y que tienen responsabilidades particularmente exigentes.
Finalmente, el 26 de octubre, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por identificar del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud.
“La presidencia no es un privilegio”
El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, consideró sobre los recientes escándalos sexuales en los que está involucrado Gustavo Petro que: “La dignidad de la Presidencia no es un privilegio personal: es el símbolo que el pueblo le confía a quien ocupa el cargo más alto. Cuando esa investidura se degrada en actos que ofenden la decencia colectiva, el dolor no es privado; es nacional.
Se hiere la autoridad moral del Estado y se enseña, con el ejemplo, que el poder puede ser capricho. Esos liderazgos no pueden volver. Un país no se reconstruye sobre la vergüenza institucional”.
“Lo último que nos faltaba, que convirtiera al Estado en un burdel”
Alejandro Ordóñez, ministro del Interior, se pronunció sobre el escándalo sexual que rodea al expresidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el jefe de la cartera política, lo sucedido es “Es el envilecimiento del poder, el envilecimiento de la autoridad. Lo último que nos faltaba, que convirtiera al Estado en un burdel. Porque es él ostentando, haciendo una pedagogía del mal ejemplo”.
Renglón seguido, en diálogo con Semana, señaló que por eso “es necesaria una restauración moral del país. La hecatombe económica, social, política y moral ha llegado a tal punto que es menester una restauración moral”. “El presidente Abelardo De La Espriella lo ha dicho sin vergüenza, el presidente no tiene vergüenza de decir lo que piensa, de decir lo que hace, es un sinvergüenza en el buen sentido de la palabra. Y eso fue lo que el país dijo: por aquí es, esta es la ruta que queremos recorrer. Estamos ante una necesaria e inevitable restauración moral de la patria”, agregó.
Cabe recordar que el presidente de la sala penal de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, se refirió al video de Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro asegurando: “Tengo que decir categóricamente que los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado, y en eso yo creo que tenemos responsabilidades muy grandes”.