La ley o el delincuente

La entrada en vigor en marzo de 2025 en Italia de la llamada Ley Meloni -Decreto de Seguridad- reavivó un debate ineludible para Colombia: ¿Hasta dónde debe llegar el Estado en el ejercicio de su autoridad para garantizar el orden y proteger a los ciudadanos?

Se ha difundido la idea, equivocada hasta los tuétanos, de que el ejercicio firme de la autoridad resulta incompatible con el respeto por los derechos humanos. Ocurre exactamente lo contrario. En un Estado de Derecho, la autoridad legítima constituye la garantía de las libertades ciudadanas. Cuando el Estado deja de hacer cumplir la ley, no se amplía el ámbito de la libertad; se consolida el poder de los violentos.

Colombia conoce bien las consecuencias de esa renuncia. Durante el llamado estallido social de 2021, instrumentalizado y convertido en bandera política por quienes después llegarían al poder, el Estado respondió con una vacilación que erosionó el principio de autoridad. Mientras se confundía deliberadamente la protesta pacífica con la violencia organizada, los bloqueos ilegales paralizaron ciudades enteras, se destruyeron bienes públicos y privados, se atacó a la Fuerza Pública y se restringieron derechos fundamentales de millones de ciudadanos, como la libre movilidad, el acceso al trabajo, la salud y el abastecimiento de alimentos.

Lo más grave no fue únicamente la violencia, sino el mensaje institucional que dejó esa respuesta. Se instaló la idea de que hacer cumplir la ley podía interpretarse como una amenaza para los derechos humanos y que la inacción del Estado constituía una muestra de mayor legitimidad democrática. Esa confusión debilitó la confianza ciudadana en las instituciones y estimuló la percepción de que la violencia podía convertirse en un mecanismo eficaz de presión política.

Conviene recordar una verdad elemental: los derechos humanos protegen a todas las personas frente a los abusos del poder, garantizan el debido proceso y un juicio justo para quien infringe la ley, pero no convierten el delito en un derecho ni la violencia en una forma legítima de participación política. Nadie tiene un derecho humano a incendiar un establecimiento público, destruir bienes privados, atacar a un policía, saquear un comercio o bloquear indefinidamente una carretera.

Sin duda, la protesta pacífica constituye un derecho fundamental. Pero los bloqueos violentos, la destrucción de bienes públicos y privados, las agresiones contra la Fuerza Pública, el saqueo y la intimidación de los ciudadanos no son formas de protesta. Son conductas tipificadas por la ley como delitos y, por tanto, punibles. Frente a ellas, el Estado tiene la obligación constitucional de intervenir con firmeza y gradualidad para proteger los derechos de los ciudadanos y restablecer el orden jurídico. Esa actuación, naturalmente, debe sujetarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y cualquier exceso debe ser investigado y sancionado. Pero una cosa es controlar los abusos de la autoridad y otra muy distinta impedir que la autoridad cumpla la función para la cual existe. Una democracia no se fortalece cuando el Estado renuncia a ejercer el monopolio legítimo de la fuerza; se fortalece cuando lo ejerce conforme al orden constitucional para proteger los derechos de todos.

Las experiencias de numerosos países democráticos muestran que la defensa del orden público no es incompatible con el respeto por las libertades. Por el contrario, allí donde la ley se aplica con firmeza, imparcialidad y pleno respeto por las garantías constitucionales, la convivencia se fortalece y los derechos de los ciudadanos encuentran una protección real y efectiva.

Colombia necesita recuperar esa claridad institucional. El verdadero dilema no es entre autoridad y libertad. El dilema es entre el imperio de la ley o el predominio del delincuente; entre un Estado que protege a los ciudadanos o un Estado que termina siendo rehén de quienes desafían el orden jurídico mediante la violencia.

Sin principio de autoridad no hay Estado de Derecho; sin Estado de Derecho, los derechos y las libertades terminan reducidos a un simple saludo a la bandera. Solo un Estado capaz de hacer cumplir la ley puede garantizar su vigencia efectiva.