La reforma a la salud que propone el gobierno crea las condiciones para el negocio privado de la salud contrario a su defensa de lo público al volver este derecho en un concepto vago por el que nadie responde.
El gobierno anuncia que radicará una nueva versión de su reforma a la salud en la que según ellos ya llegaron a un acuerdo con las EPS, pero donde los pacientes siguen ausentes. Por lo que se conoce es en esencia la misma reforma que presentaron al inicio del mandato y que fue derrotada en el Congreso. En ella desaparecen las EPS para convertirse en auditoras de las facturas que presenten los hospitales, quienes reciben sus pagos directamente del Estado los cuales serían controlados mediante un manual tarifario.
Es el fin de un sistema de seguros sociales creados en el mundo hace ya casi 100 años y en Colombia desde 1945, que buscaban que en principio los trabajadores y luego toda la población, estuviesen cubiertos financieramente del riesgo de enfermar y morir. Su finalidad era que el costo de atender la enfermedad no se convirtiera en una causa de empobrecimiento ni de pérdida del sustento familiar al no poder trabajar, que fue el principal atributo del Sistema General de Seguridad Social creado por la Ley 100 de 1993.
Es un golpe de gracia al derecho fundamental a la salud pues ya no habrá nadie que responda integralmente por este, por lo que quien requiera un servicio no sabrá a que entidad colocarle una tutela para exigir que sea atendido. El derecho a la salud se convertirá en el “derecho” del paciente a hacer la fila en un hospital y a esperar que sí alcance a ser atendido, o a volver, como ocurría en tiempos pretéritos, a solicitar la ayuda de un “político” para este propósito.
Esto significa que el derecho a la salud dejará de serlo para el ciudadano a quien el sistema le asignaba una cantidad de dinero para cubrirlo (UPC), que pasará a ser el “derecho” del hospital a que le paguen (giro directo), un sutil cambio pero que hace la gran diferencia entre un sistema de seguros y uno de oferta pública controlado por el Estado (los políticos de turno). Mucha gente al ver que no puede acceder a los servicios de salud por lo largo de la fila y ante la dificultad de colocar una tutela, no le quedará otra alternativa que acudir al favor del político o a costear la atención de su propio bolsillo.
Ya se viene observando en el último año un aumento creciente del gasto de bolsillo en salud de los colombianos, clara señal de que lo que afirmo es cierto. Es decir, lo que antes cubría el sistema de seguros de salud, ahora está siendo cubierto con los ingresos familiares. Es ahí donde radica la paradoja de un gobierno que dice defender el servicio público de salud, pero que contrariamente a lo que pregonan, ha venido creando las condiciones para que florezca el que ellos mismos denominan el “indigno negocio de la salud”. ¿Será que se han dado cuenta?
Por Luis Gonzalo Morales Sánchez – opinion@elcolombiano.com.co
