Con las recientes masacres que han enlutado a decenas de hogares, por cuenta del accionar criminal desbordado de los mismos actores armados que no hace menos tiempo nos habían dicho que habían firmado la paz, queda una frase célebre del historiador griego Heródoto: “En la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, en la guerra son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba”.

Sí señores, luctuosamente debemos recordar que seguimos en conflicto armado interno de tinte terrorista, es básicamente, un accionar cobarde de unos atacantes perversos ensañados con la población inocente y civil que en nada tienen que ver en esas vendettas criminales al servicio del narcotráfico y el ilícito organizado. De este manto de dolor que hoy llora un país, quedan lecciones.

La primera de ellas es que el poema de poesía lírica, como de trovadores medievales, de la famosa paz, nunca ha existido. Lo que hubo fue un pacto bilateral de un gobierno y una bandola de pillos narcotraficantes dispuestos a dejar de asesinar dentro de un tiempo determinado, mientras todas las concesiones que le exigieron a su derrotada contraparte, una tras otra, iba quedando en ese manuscrito al que vilmente llamaron acuerdo de paz.

Lo segundo es que ese acuerdo lírico trajo consigo mismo a toda Colombia, un mal ejemplo, no solo a su generación actual sino las venideras, de que ser delincuente, paga. Que no importa el grado de maldad y el sinnúmero de delitos que se puedan cometer, siempre habrá una puerta abierta al diálogo institucional que les garantice a esos bárbaros, impunidad, sin verdad, sin justicia, sin reparación y no garantía de repetición. Es como cuando a tu niño desde muy pequeño le permites que haga lo que quiera y no tenga castigo. Cuando sea un hombre, hará lo que le parezca, pero esta vez con consecuencias legales por lamentar. Eso fue lo que aconteció con el acuerdo de paz, creando la JEP y permitiéndoles a los jefes guerrilleros, unos congresistas y otros regresando más pronto que tarde a sus orígenes, la maldad, a que reconozcan su responsabilidad, sea de manera temprana o tardía, de los delitos más graves, según su nivel de participación determinante en esas conductas. Mejor dicho, si confiesan al menos un delito grave, les aplican una sanción flexible de restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años, que parece ser, según lo acordado por debajo de la mesa, su casa, su trabajo, su finca o el sitio en el que mejor se sientan.

En tercera medida, y en honor a la verdad, las tomas guerrilleras a poblaciones, a estaciones de policía, las pescas milagrosas soportadas en el secuestro simple y extorsivo, los campos de concentración de cientos de policías y militares encadenados en sus cuellos; las víctimas de minas antipersona, los asesinatos a miles y miles de ciudadanos, el reclutamiento forzado infantil con violaciones incluidas y miles de delitos sexuales y abortos; decenas de miles de asesinatos colectivos; los ataques con bombas, cilindros y petardos a la antigua caja Agraria y TELECOM, a las estaciones policiales y batallones, alcaldías y bancos; el narcotráfico y sus ganancias calculadas en miles de millones de dólares; las más de 3.000 de acciones que encajan en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra e infracciones al DIH; los más de 11.000 procesos contra miembros de esa estructura criminal que hoy duermen el sueño de los justos, en los despachos de la Fiscalía General de la Nación y las cerca de 2.000 sentencias condenatorias, lamentablemente pasaran a ser anecdóticos, ya que de acuerdo con el DIH, se otorgara amnistía o indulto para delitos políticos y conexos como el de la rebelión. Y como todos estos largos prontuarios de lesa humanidad, por obra y gracia de la JEP son conexos a su delito político de rebelión, no les queda de otra que proceder a indultar y amnistiar a estas máquinas del delito, con el aplauso sonoro de la izquierda radical, del progresismo, del liberalismo, de la independencia ideológica y de los que tuvieron que ver con esa paz solo en papeles.

Lo demás hace parte del espectáculo mediático de esa justicia transicional que debe justificar su millonario presupuesto, su burocracia, sus magistrados con ideales de izquierda y la persecución implacable a aquellos que la intenten desafiar. Cuál 20 años de la JEP. No señores, han llegado para quedarse.

En cuarto lugar, las dolientes victimas que no recibirán nada a cambio, porque la paz está diseñada exclusivamente para beneficio y lavado de activos de sus victimarios. Solo serán acompañadas psicológica y jurídicamente en los procedimientos de la JEP, a que sean tratadas con respeto y dignidad, un acto tan solemne como abominable. Para este propósito se adelantan diálogos en mesas departamentales de víctimas, solo que no les han explicado con sinceridad que no van a recibir indemnización por el daño moral y los perjuicios por la muerte de sus seres queridos, el desaparecimiento, el secuestro, desplazamiento forzado y otros delitos, simplemente porque la JEP establece sanciones con enfoque restaurativo como por ejemplo el desminado o la reparación de infraestructuras, y de enfoque simbólico, como el ofrecimiento de excusas públicas o construcción de monumentos y de memoria histórica. Mientras que la restitución y la indemnización, como formas de reparación, le corresponden a restitución de tierras y a la unidad de víctimas, que no tienen recursos para pagarles a más de 7 millones de víctimas de la Farc. La pregunta sería ¿Dónde están las fortunas del narcotráfico en tantos años de producción y exportación de coca para reparar a las víctimas? Si esto se diera, otro gallo cantaría.

La paz de Colombia solo está en papeles, la realidad dista mucho de los resultados de esa negociación y de su implementación. En esa lucha sangrienta de disidencias Farc entre los bandidos Márquez, el paisa y el otrora honorable representante alias “Santrich”, (a quien la C.S. de J. dejo volar), contra el cocalero alias Gentil Duarte, en todo el sur de la patria, por 70.000 hectáreas sembradas con mata de coca, algo más de 390 toneladas métricas. Hagan cuentas de cuánto recibirían por poner solo una tonelada de coca en Nueva York o en Europa. En el negocio están en disputa el ELN, BACRIM, carteles mexicanos y delincuencia de todo orden. Por esta bicoca es que les importa un “pito” matar jóvenes inocentes, líderes sociales, profesores, defensores de DD.HH. y ciudadanos de bien, excusados en una “limpieza social”. Si les hablan de fumigación con glifosato, se indignan. Cuando hay masacres, se conmueven; solo buscan culpables. Coherencia por favor.

César Salas Pérez, La Linterna Azul, 20/08/2020

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