Un informe de la Fundación Ideas para la Paz asegura que la estrategia del gobierno de Gustavo Petro no logró reducir la violencia ni consolidar el tránsito de los grupos armados a la legalidad. Según el documento, las organizaciones ilegales casi duplicaron su número de integrantes durante los cuatro años de su mandato.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un balance crítico sobre la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro, concluyendo que la estrategia dejó “más costos que ganancias” y que sus principales objetivos no se cumplieron.
El informe, titulado El costo de negociar mal: 29.000 integrantes de grupos armados entre disputas y gobernanzas criminales, sostiene que el fracaso de la política obedeció a un diseño institucional y jurídico deficiente que debilitó la posición del Estado en las negociaciones y derivó en crisis recurrentes en las distintas mesas de diálogo.
Según la FIP, la Paz Total presentó fallas en sus tres pilares fundamentales: el desescalamiento de la violencia, las transformaciones territoriales y el tránsito de los integrantes de los grupos armados hacia la vida civil. El documento sostiene que, lejos de disminuir, la violencia y el control territorial de las organizaciones ilegales aumentaron durante el cuatrienio.
Uno de los datos que destaca el informe es el crecimiento de las estructuras armadas. De acuerdo con cifras de la Fuerza Pública citadas por la FIP, los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 integrantes al inicio del gobierno Petro, en 2022, a cerca de 29.000 miembros en julio de 2026, lo que representa un incremento cercano al 90 %.
La organización señala que este fortalecimiento estuvo acompañado por un aumento en fenómenos como el desplazamiento forzado, el secuestro, el confinamiento y el reclutamiento de menores, además de una expansión de las disputas entre organizaciones criminales en diferentes regiones del país.
El estudio también cuestiona la efectividad de las mesas de negociación. Aunque el Gobierno abrió o mantuvo nueve espacios de diálogo —tres de carácter sociopolítico y seis sociojurídicos—, la FIP sostiene que la mayoría de los acuerdos alcanzados quedaron únicamente consignados en documentos y no se tradujeron en resultados concretos sobre el terreno. En varios casos, agrega el informe, los compromisos sirvieron para mantener vivas las conversaciones, pero no para avanzar hacia el desarme o el sometimiento efectivo de las organizaciones ilegales.
Respecto al objetivo de reducir la violencia, la fundación considera que ninguna de las acciones implementadas logró debilitar de manera significativa a los grupos armados. Por el contrario, afirma que decisiones como los ceses al fuego, la suspensión de bombardeos y la falta de respuestas contundentes frente a hechos violentos terminaron favoreciendo la expansión de estas estructuras en varias zonas del país.
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El informe también advierte que las transformaciones territoriales promovidas en el marco de la Paz Total fueron acordadas con grupos que aún mantenían control armado sobre las comunidades, lo que, según la FIP, terminó otorgándoles un papel de interlocutores frente al Estado y generó riesgos de cooptación de los procesos de participación ciudadana. La organización identificó al menos 55 compromisos de transformación territorial suscritos en ocho mesas de negociación.
En cuanto al tránsito hacia la legalidad, la FIP asegura que la Paz Total no culminó con la desmovilización completa de ningún grupo armado. El único avance significativo, indica, fue el proceso de concentración de 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), quienes permanecen a la espera de una solución jurídica definitiva debido a la ausencia de un marco legal para su reincorporación.
Como conclusión, la Fundación sostiene que los próximos esfuerzos de negociación deberán partir de una caracterización adecuada de los grupos armados, contar con reglas claras, un marco jurídico sólido y una estrategia de seguridad que acompañe los procesos de diálogo. Además, insiste en que la experiencia de la Paz Total deja lecciones que el Estado deberá tener en cuenta para futuros procesos de paz o de sometimiento a la justicia.