La reconstrucción del eje Bogotá-Washington-Jerusalén

La política exterior de los Estados suele ser más resistente que las coyunturas políticas. Los gobiernos cambian, los intereses nacionales permanecen. Bajo esa premisa debería entenderse la eventual recomposición de las relaciones entre Colombia e Israel, una alianza estratégica construida durante más de siete décadas y fracturada por las decisiones diplomáticas de los últimos años.

La ruptura no fue un accidente coyuntural, sino la culminación de un proceso deliberado. El 2 de mayo de 2024, en plena movilización callejera en la plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia rompía relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, al que calificó de «genocida». Su canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, reveló después que la decisión llevaba ocho meses de maduración, es decir, que se venía gestando desde los primeros días posteriores a la masacre del 7 de octubre de 2023, cuando comandos de Hamás asesinaron a más de 1.200 personas en el sur de Israel, entre ellas 364 jóvenes que bailaban en el festival Nova, y secuestraron a 251.

Colombia no fue ajena a esa tragedia: dos connacionales, Ivonne Rubio y Antonio Macías, de doble nacionalidad colombo-israelí, murieron ese día en el desierto de Re’im, y un tercero, Elkana Bohbot, permaneció secuestrado por Hamás durante meses. Hasta hoy, Petro nunca ha expresado condolencias públicas a esas familias, un silencio que contrasta con su reiterada retórica en defensa de la causa palestina y que la comunidad judía colombiana interpreta como una omisión deliberada.

Ese patrón se profundizó meses después, cuando Petro designó viceministro de Asuntos Multilaterales a Mauricio Jaramillo Jassir, académico que el mismo 7 de octubre, mientras ocurría la masacre, celebró en redes una «Primavera Palestina» que la humanidad debía respaldar. Jaramillo Jassir nunca condenó los crímenes de Hamás ni se retractó; su nombramiento confirmó la orientación ideológica de la Cancillería petrista y envió una señal inequívoca a Jerusalén y Washington: la diplomacia colombiana había dejado de ser un instrumento de Estado para convertirse en plataforma de activismo.

Ese episodio, además, no fue un exabrupto aislado, sino el fragmento de un patrón sostenido a lo largo de todo el mandato. En octubre de 2023, el embajador israelí Gali Dagan denunció que las declaraciones de Petro «avivan el antisemitismo» y anunció, como reproche, la suspensión de exportaciones de seguridad. Petro escribió que ya había estado en Auschwitz y ahora veía ese horror «copiado» en Gaza, y que lo que hoy se dice de los palestinos es «lo que decían los nazis sobre los judíos»: una forma de distorsión del Holocausto según la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, adoptada por la propia legislación colombiana.

Más decisiones de Petro

En enero de 2025 fue más lejos: atribuyó el conflicto a la «incapaz acción del sionismo, fuertemente respaldada por el capital financiero internacional que controlan parcialmente», fórmula que la Liga Antidifamación calificó de tropo antisemita clásico sobre el control judío de las finanzas. Confrontado por la embajadora estadounidense Deborah Lipstadt, Petro respondió que los palestinos también son «semitas» según la Biblia, redefiniendo el término en vez de responder al señalamiento. Ya en la campaña de 2026, escribió en redes «Heil Hitler» contra una columna favorable al candidato de derecha, gesto que el American Jewish Committee describió como reflejo de una brújula moral deformada.

A esa retórica se sumaron gestos institucionales: el nombramiento, en 2025, de un supuesto rabino sin formación reconocida y con vínculos con el embajador de Irán como director de Asuntos Religiosos -repudiado por el Centro Simon Wiesenthal- y la expulsión, el 1 de octubre de 2025, de la delegación diplomática israelí. Marcos Peckel, de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, lo resumió así: Petro convirtió el término «nazi» en arma política de uso rutinario, exponiendo a una comunidad centenaria a un clima de hostilidad inédito.

Esa ruptura paralizó una cooperación fundamental en seguridad, innovación, agricultura, inteligencia y comercio, agravada en agosto de 2024 con la suspensión de las exportaciones de carbón hacia Israel.

El tablero, sin embargo, se reconfigura en un contexto marcado por la violencia interna que ha vuelto a poner a Colombia frente a un espejo incómodo. El 7 de junio de 2025, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros en Bogotá; murió dos meses después, el 11 de agosto. Uribe Turbay fue en el Senado uno de los defensores más consistentes del derecho de Israel a defenderse y prometía recuperar la relación bilateral; Netanyahu, al conocer su muerte, dijo que fue «un verdadero amigo de Israel y de la comunidad judía colombiana». La Fiscalía atribuyó la autoría intelectual del magnicidio a la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc. Más allá de esa autoría, la muerte de Uribe dejó una lección amarga: ser aliado visible de Israel y de la comunidad judía tiene, en la Colombia actual, un costo político y, en el caso extremo, un riesgo personal.

Ese riesgo no es retórico. Investigaciones de inteligencia recientes documentan que Hezbolá, financiado por la Fuerza Al-Quds iraní, mantiene presencia operativa consolidada en Colombia: Maicao, en La Guajira, es base logística de redes de lavado y narcotráfico vinculadas a sus financistas, y la triple frontera con Panamá y Venezuela concentra la convergencia del Cartel de los Soles, el Eln y estructuras de Hezbolá en alianza funcional con el régimen de Maduro. Legisladores como el senador Bernie Moreno han denunciado que esa actividad creció durante el gobierno de Petro sin ser confrontada, mientras esquemas de triangulación financiera hacia Catar, Beirut y Teherán terminan financiando conflictos en Gaza, Siria, Yemen e Irak. Es una amenaza híbrida -crimen organizado, terrorismo transnacional y patrocinio estatal iraní- que trasciende cualquier consideración ideológica y que un futuro gobierno de derecha, percibido por Teherán como objetivo de desestabilización, no podrá ignorar.

Más allá de restablecer embajadores

En ese contexto, la eventual normalización con Israel es más que un gesto simbólico: es una necesidad estratégica. Si el gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene la orientación anunciada, Colombia podría iniciar una normalización que trascienda el restablecimiento formal de embajadores. La gestión del canciller designado, Omar Bula Escobar, será determinante desde el 7 de agosto: su desafío consistirá en restaurar una política exterior previsible, blindada frente a los vaivenes políticos, y capaz de enfrentar, con apoyo israelí y estadounidense, la amenaza concreta de Hezbolá e Irán en territorio nacional.

La primera señal sería la normalización plena, que reactivaría las comisiones binacionales y daría estabilidad a los inversionistas. Durante décadas, Israel fue socio clave de Colombia en inteligencia, ciberseguridad y lucha contra el crimen organizado; frente a las amenazas híbridas actuales, resulta inviable prescindir de esa experiencia.

La recomposición podría verse favorecida por Washington: la administración Trump privilegia el respaldo a aliados comprometidos con la estabilidad regional, visión que comparte el secretario de Estado Marco Rubio. Desde Jerusalén, Isaac Herzog ha insistido en fortalecer la cooperación científica con la región, mientras Netanyahu y el canciller Gideon Saar buscan expandir alianzas tecnológicas más allá de Oriente Medio.

Reconstruir la relación exigirá más que gestos protocolares: sanar la confianza erosionada y actuar con determinación frente a las redes de Hezbolá e Irán. El Tratado de Libre Comercio sigue siendo una plataforma subutilizada, y las universidades deberán ser centrales en esa agenda.

La diplomacia colombiana enfrenta una oportunidad histórica para recuperar un principio básico: construir relaciones sobre los intereses nacionales y no sobre el capricho ideológico. Las relaciones entre Bogotá y Jerusalén no volverán a ser idénticas; toda crisis deja lecciones, y esta ha costado vidas colombianas, tanto en el desierto de Re’im como en las calles de Bogotá. Por eso mismo, esta nueva etapa deberá edificarse sobre bases más sólidas: cooperación tecnológica, seguridad, ciencia y respeto institucional.

Tras más de setenta años de amistad, la historia demuestra que Colombia e Israel tienen demasiados intereses comunes, y demasiadas amenazas comunes, para permanecer distanciados.

*Politólogo, analista internacional y periodista.

@rosenthaaldavid