Durante las sesiones extraordinarias, se negó el archivo del proyecto con 87 votos negativos.
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que reúne a más de 57 mil especialistas médicos en Colombia, solicitó formalmente al presidente de la Cámara de Representantes, José Raúl Salamanca, suspender la discusión del proyecto de reforma a la salud (proyecto 312 de 2024) impulsado por el Gobierno Nacional que hoy se discute en sesiones extraordinarias de la plenaria.
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A esta petición se han unido varias voces del sector, como la Asociación Nacional De Profesionales de la Salud y distintos colegios médicos, así como pacientes del sistema, académicos y empresarios. Aseguran que el texto alberga ciertas deficiencias que no cambiaron del articulado que se hundió en Senado y tampoco ofrece soluciones estructurales a los problemas críticos del sistema, como su financiación, aseguramiento operativo y acceso equitativo a servicios de salud.
Además, advierten que la reforma podría abrir la puerta a riesgos como la manipulación política regional y la malversación de recursos públicos.
“Resulta inadmisible que una reforma de tal impacto pretenda ser aprobada apresuradamente, sin un espacio participativo para que la sociedad civil, los sectores afectados y los expertos contribuyan al debate”, indicaron las organizaciones.
Razones para archivar el proyecto de ley
Por este y otros motivos, la Plenaria de la Cámara discutió hoy, durante un poco más de 9 horas, una proposición de archivo para el proyecto de ley. Aunque la solicitud de archivo fue negada, con 87 votos en contra, quedaron expuestas algunas de las principales falencias del documento.
Entre los principales argumentos que validaban esta acción, se planteaba la crisis financiera en la que está sumido el sector y que no parece encontrar solución, ni siquiera con la implementación de una nueva reforma.
«No es cierto que esta sea la misma reforma a la salud «1.0». No lo es. Esta versión es mucho peor. La reforma actual es más grave que la que discutimos hace algunos meses, y hay razones concretas que lo demuestran», manifestó la representante Jennifer Pedraza.
Según ella, el Gobierno ha venido implementando de manera gradual y fragmentada varios aspectos de esta reforma, y los resultados, hasta ahora, han sido desastrosos.
«Un ejemplo claro es el modelo de salud para los maestros, que sigue sin resolverse a pesar de meses de crisis. Otro ejemplo es el escándalo de corrupción en el que la Adres giró 25 mil millones de pesos a EPS fantasmas sin siquiera darse cuenta», dijo.
Ante estos hechos, Pedraza se pregunta: ¿cómo podemos confiar en que este nuevo modelo no continuará facilitando la corrupción, especialmente cuando no se plantea un fortalecimiento suficiente de la Adres?
Otro de sus argumentos sostiene que el concepto fiscal de esta «reforma 2.0» revela una situación alarmante. El Ministerio de Hacienda reconoce abiertamente que los 22 billones de pesos que prometieron para financiar la versión anterior simplemente no existen. Además, han admitido que el recaudo proyectado del Sistema General de Participaciones se reducirá en 7 billones de pesos respecto a lo calculado hace apenas unos meses.
«Si hubiéramos aprobado la reforma anterior, hoy estaríamos frente a 30 billones de pesos «imaginarios» que no existirían para financiar las promesas hechas. ¿Y qué significa esto? Que, si no hay financiación, inevitablemente nos enfrentaremos a una interrupción crítica en la prestación de servicios de salud para la gente», señaló.
Sin ir más lejos, destacó que esta reforma recupera propuestas de gobiernos anteriores, contra las cuales muchos congresistas ya protestaron. «Me refiero a la idea de tomar el 40 por ciento del Fondo de Protección al Cesante, es decir, los ahorros de los trabajadores, para entregárselos a las EPS con el fin de cubrir sus deudas. Lo que antes criticábamos, ahora se propone descaradamente en esta reforma», aclaró.
Por su parte, al congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, le preocupa de este proyecto de ley que plantea asignar a los CAPS (Centros de Atención Primaria) una serie de responsabilidades desproporcionadas, como la adscripción de pacientes, la coordinación de equipos extramurales, el manejo de referencias y contrarreferencias, así como el pago de licencias de maternidad y paternidad, entre otras.
Según él, lo anterior resulta inviable, especialmente en regiones donde los CAPS carecen de recursos y capacidades suficientes. «Además, no queda claro si estos centros serán públicos, privados o gestionados por entidades diferentes, lo que refuerza la falta de claridad en su implementación», dijo.
Por otro lado, le preocupa que la reforma otorga a alcaldes y gobernadores la capacidad de definir las redes integradas de salud, lo que podría derivar en un manejo político de los recursos y decisiones, comprometiendo la eficiencia del sistema.
«Al distribuir las funciones que actualmente cumplen las EPS entre múltiples entidades sin una definición clara de responsabilidades, se genera una superposición que, en la práctica, puede traducirse en que ‘cuando todos son responsables, nadie lo es’», dijo. Para Forero, esto podría complicar aún más el acceso y calidad de los servicios para los usuarios.
Además, manifiesta que la reforma incluye propuestas ambiciosas que carecen de un plan realista de implementación. Por ejemplo, la transición de la Adres como eje central del sistema, que inicialmente requería tres años, fue reducida a uno, lo cual es impracticable.
Asimismo, el sistema público unificado de información interoperable, crucial para la reforma, podría tardar al menos cinco años en desarrollarse y costar hasta 800.000 millones de pesos, con altos riesgos de fracaso, como lo evidenció un intento similar en el Reino Unido.
En defensa de la reforma
Desde otra orilla, la representante Martha Alfonso, del partido verde, una de las principales defensoras del texto de la reforma, manifestó que la atención primaria en salud no debe verse como un riesgo de «inducción a la demanda», sino como una obligación del Estado para garantizar el cuidado preventivo y acceso temprano a los servicios de salud.
«Se critica que, bajo el modelo actual, las EPS han evitado fomentar la atención primaria para reducir costos, dejando que la población llegue a etapas avanzadas de enfermedad. La reforma busca cambiar esta lógica, priorizando la salud preventiva como un derecho fundamental», manifestó.
Asimismo, aseguró que el financiamiento del sistema de salud colombiano ha sido responsabilidad del Estado durante los últimos 30 años, no de las EPS.
«Estas entidades no han aportado directamente al aseguramiento financiero, medicamentos ni servicios médicos. La disminución del gasto de bolsillo para los pacientes se debe al diseño del sistema, que incluye estos beneficios en el plan de salud, financiado por recursos públicos», aseguró, y manifestó que la reforma busca desmontar mitos y desinformaciones que atribuyen logros a las EPS, cuando han sido posibles gracias a la estructura estatal.
Asimismo, aseguró que contrario a las acusaciones de fragmentación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la reforma propone organizar de manera más efectiva los recursos del sistema. «Esto incluye evitar desvíos y corrupción que han perjudicado la atención de los usuarios», señaló.
Además, dijo que se elimina el modelo de autorizaciones centralizadas que obstaculiza el acceso oportuno a los servicios, garantizando así que los recursos se utilicen para el cuidado de la salud de las personas y no para intereses administrativos o financieros.
17/12/2024 | El Tiempo | Por Daniela Ortiz Álvarez
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