La frase final de la entrevista con ‘Ronald Gómez’, un joven indígena reclutado por las disidencias de las Farc a los 13 años de edad en Cajibío (Cauca), es lapidaria: “Lo peor que me pudieron haber hecho fue haberme quitado la infancia. Fue haberme quitado la oportunidad de crecer al lado de mi familia y ser ese niño educado, ese niño respetuoso que pude haber sido, y hoy día me convirtieron en una máquina de matar”.
Desde una celda en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel San Isidro de Popayán, más que contar su historia, ‘Ronald’ narra una realidad que, asegura, han vivido cientos, quizás miles de niños reclutados en Colombia de manera forzosa, en especial en el norte del departamento del Cauca, para nutrir los ejércitos con los que las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, entre otros, disputan la guerra por el control territorial y las economías ilícitas en todo el país.
No existen cifras reales sobre reclutamiento infantil en Colombia, pero un dato relevante obtenido en esta investigación es que entre enero de 2020 y diciembre de 2025 desaparecieron de las escuelas y colegios de cinco municipios del norte del Cauca 5.834 niños, niñas y adolescentes, según los registros del Sistema Integrado de Matrículas del Ministerio de Educación Nacional. La cantidad suficiente para llenar catorce instituciones educativas, entre jardines infantiles, escuelas y colegios.
Cerca de seis mil menores de edad entre 9 y 17 años, casi todos indígenas de la comunidad Nasa, que para el Estado apenas figuran en la columna de una tabla Excel como ‘Desertores’ de las instituciones educativas de Caloto, Corinto, Caldono, Jambaló y Toribío, los municipios más afectados por el reclutamiento forzado.
Aunque en la comunidad no es un secreto el porqué de la deserción, lo que las autoridades indígenas ignoraban era la dimensión de un fenómeno oculto en el silencio y el miedo de las familias a denunciar en esta región del suroccidente colombiano donde la guerra no es noticia. Donde en susurros se habla del niño que desapareció; de la madre que no denuncia por temor a represalias o del profesor amenazado y desplazado por oponerse a que los menores sean llevados a la guerra.
Fue a comienzos del 2020 que muchos de esos niños y adolescentes que no atendieron el llamado a lista de sus maestros en las escuelas empezaron a llegar en medio de un desfile de carrozas fúnebres que trasladaban casi de manera clandestina los cuerpos de menores muertos en combates en departamentos como Caquetá, Huila, Putumayo, Valle, Cauca, Nariño y Guaviare, entre otros.
Servicios funerarios que se internaban de noche o madrugada por los caminos y veredas de estos municipios para entregar en silencio los cadáveres de niños y niñas en algún resguardo o caserío. Para mantener esta realidad oculta y evitar la presión de las autoridades, las disidencias de las Farc, responsables de más del 75 % de los reclutamientos en el Cauca, asumen los gastos del sepelio y envían con las mismas funerarias una compensación económica a las familias. Adjunta llega también la recomendación de guardar silencio.
“Muchos padres en medio de su dolor han debido sepultar a escondidas a sus hijos hasta en predios de su propiedad porque con el dinero que les mandan llegan también las amenazas. Hoy sabemos que hay niños que figuran como desaparecidos, pero que podrían estar enterrados a un lado de su casa”, explica un líder comunitario del norte del Cauca que pide omitir su nombre por temor a estos actores armados.
Agrega que: “En la Cominera, una vereda de Corinto (Cauca) nos fusilaron a dos niños y fuimos hasta allá y no nos los iban a dejar traer. Ellos pagaron todos los gastos y le dieron dinero a la mamá como comprando silencio. Son funerarias de los pueblos que se pelean los jóvenes asesinados. Pero hay un miedo muy grande en las comunidades y en las mismas familias de hablar”.
Datos solicitados a la Defensoría del Pueblo revelan que entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de julio del 2026 recibieron el reporte de desaparición de 1.218 niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por los grupos armados que se disputan el control de los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico en Colombia. De ellos 623, más del 50%, corresponden a niños y adolescentes indígenas del departamento del Cauca.
“Pensaría uno que el fenómeno de acudir a los menores de edad para ampliar sus filas viene descendiendo. Infortunadamente vemos que no; lo que tenemos es que estas cifras son únicamente la punta del iceberg. La mayoría de casos que sabemos que existen y que también tenemos conocimiento, no llegan a la Defensoría del Pueblo. En los últimos años ha subido el reclutamiento forzado, pero ha subido también el subregistro”, subraya la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Si bien el reclutamiento no es un fenómeno nuevo (las extintas Farc se apoderaron en 20 años de 18.711 menores de edad, según la Jurisdicción Especial para la Paz), la falta de implementación de los acuerdos logrados en La Habana abrió la puerta al surgimiento de grupos disidentes, que junto a otros actores armados llegaron a regiones como el Cauca a disputarse esos espacios que debió copar el Estado. La necesidad de combatientes para disputar la guerra del posacuerdo dejó en el punto de mira a los niños y niñas indígenas del Cauca.
El general Federico Mejía, excomandante del Ejército en el Cauca, asegura que existe una razón estratégica cínica por parte de estos grupos armados ilegales a la hora de reclutar a niños indígenas. “Ellos prefieren a los niños Nasa porque los consideran, bajo un estereotipo histórico, como un ‘pueblo guerrero’ y con alta resistencia física. Esta visión instrumentaliza la identidad indígena para convertirla en combustible bélico”.
Consideración que comparte Feliciano Valencia, asesor en asuntos políticos y de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), al asegurar que “el pueblo Nasa es la mayor víctima de este delito por su condición, su mentalidad guerrerista y su capacidad de aguante en situaciones críticas. Parece que estuviéramos diseñados para ese tipo de oficios, lamentablemente; y esas características son muy apetecidas por los grupos armados”.
“Algún día un mando guerrillero dijo: ‘nos encanta tener indios del Cauca porque son bravos para la guerra’. Eso quiere decir que ellos han hecho una caracterización de lo que son los indígenas de este departamento, especialmente del pueblo Nasa, y por eso llegan a hacer ese proceso de reclutamiento en nuestros territorios y comunidades”, agrega Feliciano Valencia.
EL RECLUTAMIENTO
Para las comunidades indígenas del norte del Cauca la esperanza de paz duró tan solo cuatro meses. El acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc se firmó el 26 de septiembre de 2016 y a partir de los primeros días de enero de 2017 sintieron el acecho, especialmente del Frente Dagoberto Ramos y la Columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, con ofrecimientos a sus niños, niñas y adolescentes.
En el pasado quedó la vieja táctica de retener a los niños y llevarlos de manera forzada para enrolarlos en las filas de estas organizaciones armadas. En la última década ese reclutamiento se hace de manera ‘voluntaria’ e imperceptible.
El motor de esta forma de plagio han sido los ofrecimientos de elementos materiales que difícilmente una familia humilde en el campo, como la gran mayoría de las familias indígenas, pueden darles a sus hijos; ‘regalos’ que van desde unos tenis costosos, un teléfono de alta gama, una motocicleta o la promesa de salarios millonarios para extraer a los niños de sus resguardos. Incluso, han sabido las autoridades indígenas del Cauca que a esos niños reclutados les pagan también una comisión por cada menor que logre llevar a las filas.
Imagen ilustrativa de niños y adolescentes caminando por un sendero en una zona selvática del Cauca.
El reclutamiento consiste, asegura el exintegrante de las disidencias de las Farc ‘Ronald Gómez’, “en llegar a los territorios y mostrarles a los menores algo que no hay dentro de su organización: lujos, por ejemplo; el tema de portar un arma, que hoy día usted ingresa y le dan de una vez un arma; carros de alta gama, bienes, dinero, el poder controlar los territorios y poder demostrar que es superior a los demás. Eso hace que los niños y los adolescentes decidan tomar ese camino”.
Las nuevas tecnologías han jugado también en contra de los menores y el algoritmo de redes sociales como Tik Tok, Instagram y Facebook han permitido también que algunos niños y niñas empiecen a ser atrapados por estas organizaciones en el ecosistema digital.
Aunque se supone que las escuelas son espacios seguros, los caminos hacia las sedes educativas del norte del Cauca son territorio del victimario y se han convertido también en escenarios en los que grupos armados arrastran a niños, niñas y adolescentes al conflicto. Escuelas que han dejado de ser históricamente refugios seguros para convertirse en terrenos de persuasión y caza.
Instituciones educativas de formación étnica como Quintín Lame y Sesteaderos en Toribío; Kwesx Uma Kiwe, en Caldono, y Kwe’sx Piya Yat, en Jambaló, registran la deserción de hasta 250 alumnos en un año, según la base de datos obtenida del Ministerio de Educación, en la que el año 2023 es especialmente dramático.
“Lo que es claro es que la mayor cantidad de reclutamientos se da en el norte del Cauca y van dirigidos en contra de menores de edad, principalmente indígenas (…) esto demuestra que el reclutamiento es también un reflejo de la discriminación étnica en nuestro país y los menores de edad de estos pueblos étnicos tienen menos condiciones de protección frente al reclutamiento”, detalla la defensora del Pueblo, Iris Marín.
La Acin ha denunciado también presiones y amenazas por parte de estos grupos contra docentes y rectores de colegios que se oponen y hacen campaña entre los estudiantes en contra del reclutamiento infantil. Varios han sido asesinados o desplazados de sus territorios.
“La narcocultura ha erosionado la autoridad de los mayores, sustituyendo el prestigio del saber ancestral por el del consumo material. El fusil se presenta como una vía de ‘crecimiento personal’ falaz, donde el acceso a lujos reemplaza el proyecto de vida comunitaria”, explica Feliciano Valencia, asesor del Cric y la Acin.
El amor, los sentimientos y las necesidades de las niñas indígenas también cobran valor en la guerra. Las menores no solo son utilizadas emocionalmente para llevarlas a los campamentos, sino que son explotadas sexualmente y utilizadas para seducir a otros niños en sus comunidades o escuelas y sumarlos a las filas.
“Vemos niñas de 10, 11 o 12 años ilusionadas completamente, imaginando el amor de su vida, pero juegan con sus sentimientos y sus necesidades. Hemos rescatado niñas que nos decían que el maldito que las enamoró se preocupó por ellas durante cinco o seis meses; las llaman, les envían dinero y luego les dicen que se van a ir juntos y las meten al campamento, luego el hombre desaparece dejándola allá metida. Las que hemos logrado recuperar llegan deshechas”, cuenta una exconsejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
Para las comunidades indígenas la mujer es el pilar de la existencia, la dadora de vida, por lo que su sustracción forzada representa un golpe letal a la pervivencia del tejido cultural.
El reclutamiento forzado despoja a los niños de su infancia para integrarlos tempranamente al entorno del conflicto armado en el Cauca.
Pero existe otro método silencioso de captación y adoctrinamiento pasivo a través de acciones sociales de estos grupos en los territorios de su interés. Aquí no hay promesas, solo hay un orden, hombres armados y familias que entienden demasiado tarde que el niño ya no está bajo su custodia. Todo oculto en patrocinio de fiestas, eventos y ‘regalos’ que terminan las comunidades pagando a un alto costo.
“Lo que buscan estos grupos dando regalos en Navidad, útiles escolares o haciendo torneos de fútbol es generar cercanía con las comunidades; eso es otra forma de adoctrinamiento y preparación para la vinculación. Tarde o temprano terminará vinculado al grupo armado y tristemente más temprano que tarde. Hay casos como el del niño de 4 años que dice: ‘mire, el cuaderno me lo regaló don Jaime. Y quién es don Jaime, pues es la columna Jaime Martínez de las disidencias”, asegura Hilda Beatriz Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado (Coalico).
“Usualmente tenemos la idea de que el reclutamiento es ponerle un uniforme, darle un fusil y llevárselo para el monte, pero hoy no funciona así; hoy el niño o la niña hacen parte de la estructura, siguen en su casa y van al colegio, pero no dejan de ser parte de un grupo armado y víctimas del conflicto”, detalla Hilda Beatriz.
LOS VICTIMARIOS
La reconfiguración del conflicto ha consolidado al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc como el principal victimario de la niñez Nasa. La gravedad de su accionar ha llevado a la Fiscalía General de la Nación a imputar a las disidencias de alias Iván Mordisco por el delito de etnocidio, reconociendo que el reclutamiento sistemático tiende a la destrucción de la estructura social indígena.
Entre los mayores reclutadores figuran los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño y Franco Benavides, pero la niñez indígena también ha estado en el punto de mira de otras organizaciones armadas como la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo (EGC) y varios grupos de seguridad al servicio del narcotráfico.
En respuesta a un pedido de información al Ministerio de Defensa Nacional, el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia (Gahdasij) indica que entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de agosto del 2026 han registrado los casos de 1.571 niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado o han sido recuperados de las filas de los grupos armados ilegales.
Advierte la respuesta que esta cifra representa solo una parte, seguramente menor, de las víctimas y que aún son muchos los padres, hermanos, compañeros, docentes o abuelos que esperan noticias de sus niños. Datos irreales, pero que revelan una crisis desbordada. De ellos, 608 eran niños y niñas de comunidades indígenas (38,7% del total), cifra que sería muy superior porque en 691 registros no aparece la identidad étnica del menor.
Estas estadísticas confirman también que los grupos residuales de las extintas Farc son los máximos reclutadores de niños y niñas en todo el país y principales victimarios de los menores indígenas del Cauca. De los 1.571 niños recuperados de la guerra, 1.198 estaban en las filas de las disidencias de las Farc (76,2%).
“A inicios del 2017 arranca la disputa sangrienta por el control del territorio y lo que hicimos como comunidad fue retomar el Plan Minga en Resistencia, que son estrategias de protección colectiva y establecimos puntos de control para saber quién entra y quién sale del territorio. ¿Qué pasó? Empezaron estos grupos a individualizar los liderazgos e iniciaron los asesinatos selectivos”, recuerda otro líder del Consejo Regional Indígena.
La situación fue tan tensa y confrontacional entre los grupos disidentes de las Farc y los integrantes de la guardia indígena, que para el 2019 no podían salir al territorio con su simbología porque tras su lucha por evitar el reclutamiento de niños, llegaron amenazas de muerte a cualquiera que hiciera parte de la autoridad ancestral.
Por primera vez en la historia los cabildos del norte del Cauca habían visto caer a 19 de sus principales guardias asesinados; un golpe al corazón mismo de la estructura. Primero fue Gerson Acosta Salazar en el 2017; para el 2018, Edwin Dagua Ipia; en el 2019 mataron a Cristina Bautista y en el 2021 cobraron la vida de Argenis Yatacué, entre otros; máximos dirigentes que murieron portando sus chontas de mando.