Según se lo explicó a EL NUEVO SIGLO, el autor de este análisis podría garantizar una reducción inmediata de la violencia si se aplican una serie de parámetros para garantizar resultados
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La seguridad ciudadana y el orden público continúan entre las principales preocupaciones de los colombianos. Delitos como el hurto, la extorsión, los llamados paseos millonarios y otras modalidades de criminalidad urbana han incrementado la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país, donde miles de personas afirman sentir temor al utilizar el transporte público o simplemente al salir a las calles.
Para hacer frente a esta problemática, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la creación de los Bloques de Defensa para la Seguridad Ciudadana, una estrategia con la que su gobierno buscará enfrentar el crecimiento de las organizaciones criminales y recuperar el control de los territorios urbanos más afectados por la violencia.
La iniciativa, que comenzará a implementarse a partir del 7 de agosto con el inicio del nuevo gobierno, recibió un respaldo inicial por parte de los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, quienes han manifestado su disposición para coordinar acciones con el gobierno entrante. Según han señalado, el propósito es fortalecer la respuesta institucional frente a estructuras criminales que han ampliado su presencia y capacidad de intimidación en varias zonas del país.
Sin embargo, el anuncio también ha despertado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y académicos, que advierten que cualquier estrategia de seguridad deberá estar acompañada de un diseño técnico, coordinación institucional y mecanismos de evaluación que permitan medir sus resultados.
Precisamente, el Centro de Estrategia de la Universidad del Rosario analizó los desafíos que enfrentará esta propuesta y concluyó que el país necesita transformar la manera en que combate el crimen organizado. El análisis recuerda que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga concentraron durante 2025 cerca del 23 % de los más de 3.200 homicidios registrados en Colombia, una cifra que muestra la alta concentración de la violencia en los principales centros urbanos.
Como alternativa, el estudio propone incorporar la denominada disuasión focalizada, una estrategia desarrollada inicialmente en Estados Unidos y posteriormente aplicada en países como Brasil y México, considerada una de las intervenciones con mayor respaldo científico para reducir la violencia urbana.
Este modelo plantea concentrar la inteligencia, la investigación criminal, la acción judicial y la coordinación interinstitucional sobre las organizaciones responsables de la mayor parte de los delitos violentos, en lugar de desplegar acciones generalizadas. EL NUEVO SIGLO consultó al profesor de Criminología de la Universidad del Rosario, PhD Ervyn Norza, quien fue el docente que lideró el análisis de esta institución educativa frente a la estrategia de seguridad propuesta por el gobierno entrante.
Norza habla sobre la experiencia internacional, esta expone mejores resultados cuando el Estado identifica a los principales generadores de violencia y concentra sobre ellos todas sus capacidades institucionales. «La evidencia muestra que cuando el Estado identifica y prioriza a los principales generadores de violencia, concentra allí sus capacidades institucionales y coordina la acción de Policía, Fiscalía, inteligencia y programas sociales, los resultados son significativamente más efectivos», señaló el profesor.
Según investigaciones internacionales mencionadas por el docente, «este tipo de intervenciones ha permitido reducciones de la criminalidad que oscilan entre el 16 % y el 23 %, especialmente en escenarios donde la violencia se encuentra concentrada en organizaciones criminales».
Sobre si los Bloques de Seguridad podrían garantizar una reducción inmediata de la violencia, Norza indicó que el impacto dependerá del diseño definitivo de la estrategia y de las capacidades que realmente sean puestas a disposición de las ciudades explicando que antes de cualquier intervención “es indispensable realizar un diagnóstico detallado de las dinámicas criminales para identificar los delitos prioritarios, las estructuras responsables y los procesos judiciales que permitan fortalecer futuras capturas y judicializaciones”.
En ese sentido, advirtió que una estrategia de estas características requiere tiempo para producir resultados y que un eventual aumento del pie de fuerza, por sí solo, difícilmente resolverá los problemas de seguridad. «Si hablamos de un bloque de seguridad, para que realmente tenga impacto en la reducción del crimen requiere inicialmente un análisis detallado de los cambios en la criminalidad de las ciudades. Hay que identificar las principales estructuras del crimen organizado, fortalecer los procesos judiciales y robustecer la inteligencia”, declaró Norza.
Respecto a la propuesta de disuasión focalizada, Norza subrayó que la experiencia internacional demuestra que su éxito depende de cinco grandes componentes, además de un elemento transversal: la voluntad política. De igual manera, añadió: “Todo eso toma tiempo, por lo que una estrategia diseñada hoy no garantiza resultados inmediatos. Incrementar únicamente el pie de fuerza o adoptar nuevas restricciones normativas representa apenas un pequeño eslabón dentro de todo lo que implica enfrentar la inseguridad».
El académico deja claro que el gobierno debe articular las capacidades de la Rama Judicial, las autoridades territoriales, la Fuerza Pública y las demás entidades del Estado para trabajar bajo un mismo objetivo. Además, se requiere conformar equipos especializados de análisis criminal capaces de identificar patrones delictivos, redes criminales, fuentes de financiación y prioridades de investigación.
A ello se suma el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y la policía judicial mediante fuerzas de tareas integradas, la coordinación con programas sociales liderados por alcaldías para ofrecer alternativas a jóvenes y comunidades vulnerables, y finalmente, mecanismos permanentes de rendición de cuentas que garanticen controles sobre el uso de la fuerza y fortalezcan la confianza ciudadana.
Frente a la identificación de las organizaciones criminales que deben ser priorizadas, Norza explicó que este proceso se basa en la integración de información proveniente de investigaciones judiciales, inteligencia, testimonios, informantes y herramientas técnicas de investigación.
El profesor indicó que “metodologías como el análisis de redes permiten establecer cómo funcionan las organizaciones, identificar a quienes ordenan los homicidios, reconocer las fuentes de financiación y determinar cuáles estructuras generan el mayor impacto sobre la violencia urbana”. Esa información podría permitir focalizar los esfuerzos institucionales para avanzar en judicializaciones, sometimientos a la justicia y reducción de la impunidad.
Sobre la capacidad de la Fuerza Pública para aplicar este tipo de estrategias, el criminólogo considera que «Colombia ha registrado avances importantes durante las últimas dos décadas mediante la incorporación progresiva de evidencia científica en sus políticas de seguridad«.
La modernización institucional, el uso de ciencias del comportamiento, la inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos y las nuevas metodologías de investigación criminal han tenido una evolución significativa, aunque todavía existe margen para fortalecer la evaluación rigurosa de las estrategias y aumentar el respaldo político a las decisiones basadas en evidencia, afirma Norza.
Con respecto a la posibilidad de flexibilizar el porte de armas para civiles como herramienta para enfrentar la inseguridad, Norza comparte que la evidencia criminológica internacional no respalda esa medida como una solución efectiva para reducir el crimen. «Cuando aumenta el acceso de la población civil a las armas de fuego también se incrementan riesgos asociados como suicidios, violencia intrafamiliar, feminicidios, retaliaciones y casos de justicia por mano propia. Si bien un sistema con mayores controles, trazabilidad, huella balística y evaluaciones rigurosas podría aplicarse bajo condiciones estrictas, el impacto sobre la reducción del crimen no es significativo», enfatizó el académico.
El profesor recordó, además, que cerca del 80 % de los homicidios registrados en Colombia son cometidos con armas ilegales, por lo que considera que los mayores esfuerzos del Estado deberían concentrarse en combatir el tráfico ilícito de armas, desarticular las rutas de abastecimiento de las organizaciones criminales y fortalecer la investigación judicial, antes que promover una ampliación del acceso a armas por parte de la población civil.
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