El presidente Petro ha sacado a más de 60 generales y almirantes desde que llegó al poder y puso en cargos estratégicos de la inteligencia y protección a varios de sus excompañeros de guerrilla que tienen cuestionamientos.
Cuando llegó a la Presidencia en agosto de 2022, por esa experiencia previa vivida en carne propia, Petro avanzó en varios frentes para cambiar la estrategia de inteligencia, seguridad y protección estatal. Foto: Presidencia
Desde el octavo piso del edificio del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un grupo de agentes de inteligencia denominados el G3, interceptaron, intimidaron y hostigaron a decenas de personas, entre ellos a magistrados, funcionarios, opositores y periodistas. La justicia condenó a los exdirectores del DAS Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado por estos hechos ocurridos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Finalmente, ese organismo de inteligencia, que nació en 1960, terminó cerrándose en 2011 y sus funciones fueron repartidas entre otras entidades gubernamentales.
Una de las víctimas de las chuzadas del DAS fue Gustavo Petro, para entonces congresista del Polo Democrático Alternativo. Fue interceptado ilegalmente y su familia sufrió amenazas al punto de que algunos miembros de su núcleo tuvieron que exiliarse.
Cuando llegó a la Presidencia en agosto de 2022, por esa experiencia previa vivida en carne propia, Petro avanzó en varios frentes para cambiar la estrategia de inteligencia, seguridad y protección estatal. Además de hacer un barrido en las Fuerzas Armadas sacando a más de 60 generales y almirantes hasta la fecha, el mandatario nombró en cargos estratégicos a excompañeros suyos de la guerrilla del M-19 de absoluta confianza. Esto supuso, como se esperaba, fricciones y divisiones internas. “Si a usted le ponen de jefe a un tipo que combatió o investigó en el pasado, pues cómo no va a haber problemas”, le dijo a este diario un funcionario de inteligencia de larga trayectoria.
Pero, más allá de las molestias persistentes en estos dos años de mandato, ¿qué ha implicado este cambio en la práctica y cuál es el alcance de los ex M-19 al frente de estos organismos? ¿Es cierto que las ‘chuzadas’ nunca se han ido y que este gobierno también perfila y monitorea a opositores, magistrados y periodistas? EL COLOMBIANO habló con fuentes de varios organismos de inteligencia que pidieron reserva de sus identidades y con algunos expertos, para sumergirse en las entrañas de la inteligencia estatal en el primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país.
Del DAS a otras entidades
El poder que concentraba el DAS era desmesurado. Por eso, cuando desapareció, el expresidente Juan Manuel Santos decidió repartir sus funciones en varias dependencias, algunas creadas en ese momento.
Así las cosas, la inteligencia y contrainteligencia de Estado, sin atribuciones de policía judicial, quedaron a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo director tiene línea directa y constante con el jefe de Estado. En ese cargo, Petro nombró inicialmente a Manuel Alberto Casanova, un filósofo que trabajó con él en el pasado, pero fue removido del cargo por su presunta vinculación en una falsa extorsión a la que supuestamente venía siendo sometido el canciller suspendido Álvaro Leyva por el tema de los pasaportes. Hoy Casanova es asesor de la embajada de Colombia en Alemania.
Su reemplazo fue otro ex M-19, Carlos Ramón González, propietario (literalmente) del Partido Alianza Verde, quien venía de ser director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). González fue jefe militar y operativo de la guerrilla del M-19 en Santander, pero luego se volvió en un poderoso contratista con influencia política y personal sobre Petro. Salió del Gobierno hace pocas semanas, en medio de su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El jefe de Estado perdió a uno de sus mayores escuderos.
Tanto sobre Casanova como González se ha dicho que ninguno de los dos contaba con la experiencia técnica en el manejo de agencias de inteligencia y que tuvieron que tomar cursos en las Fuerzas Armadas para hablar un mismo lenguaje. Sin embargo, una funcionaria de la DNI le dijo a este diario que “quien crea que ellos no saben del tema es porque no conoce la estrategia del Gobierno. Ellos se hacían los que no sabían, pero toda la información que les llegaba, que a veces podía ser parcial por algunos compañeros incómodos, servía como insumos que uno luego ve plasmados en discursos o programas gubernamentales”.
El DAS también tenía un convenio con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), pero quedó a cargo de la Policía Nacional en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) al mando del coronel Edwin Urrego —cuyo nombramiento fue criticado por algunos sectores porque para ese cargo solían poner a generales—.
Así mismo, las actividades de control de migración quedaron a cargo de la nueva Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Petro designó a otro ex M-19, el politólogo Carlos García, quien está al frente del tema migratorio en una oficina clave para la inteligencia estatal. Migración, en gobiernos anteriores, ha tenido problemas de corrupción; también bajo este periodo, hace pocas semanas la Procuraduría anunció una investigación por líos en un contrato por más de $6.600 millones de la Imprenta Nacional para las cédulas de extranjería.
Las funciones de protección a personas, es decir, los esquemas de seguridad, quedaron a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior. En esta entidad, el Presidente nombró a uno de sus asesores más cercanos, el ingeniero químico y ex M-19 Augusto Rodríguez, quien lo asesoró durante sus debates como congresista.
Este diario conoció que los requisitos para dirigir la UNP fueron modificados en su momento para que Rodríguez pudiera asumir ese cargo. Durante estos dos años, esa entidad se ha esforzado por resolver y prevenir manejos irregulares de los esquemas de seguridad, aunque con falencias de por medio.
EL COLOMBIANO ha publicado en los últimos meses una serie de investigaciones periodísticas que demuestran presuntas irregularidades y peleas internas. La UNP juega un rol clave ya no solo en la seguridad de miles de protegidos —y desprotegidos, como el director de la cárcel La Modelo, el coronel Élmer Fernández, asesinado a pesar de las amenazas—, sino también en ‘La paz total’ del Gobierno. Tanto así, que a finales del pasado mes de julio, se conoció que unas camionetas de la UNP transportaban en Antioquia a disidentes de las Farc con órdenes de captura vigentes. Augusto Rodríguez, sin embargo, es uno de los ex M-19 más poderosos en el Gobierno. De hecho, el domingo pasado, este diario reveló que Rodríguez se estaba despidiendo de sus funcionarios en la UNP porque, precisamente, llegaría a dirigir la Dirección Nacional de Inteligencia ante la salida de Carlos Ramón González.
Los casos criminales y sus funciones de policía judicial fueron transferidos al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Pero la radiografía de la inteligencia estatal va más allá. En 2013 se aprobó la ley estatutaria 1621, por medio de la cual “se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones (sic)”, y al mismo tiempo crea la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), que está conformada por el ministro y viceministro de la Defensa; el alto asesor para la Seguridad Nacional; el jefe de Inteligencia Conjunta de las Fuerzas Militares; el jefe de Inteligencia del Ejército Nacional; el jefe de Inteligencia de la Armada Nacional; el Jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana; el director de Inteligencia Policial y el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Este último organismo, que lucha contra el lavado de activos, también ha estado en medio de polémicas porque Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Petro, tendría un combo de funcionarios enquistados. A su vez, hay una especie de enroque de esas personas en otras entidades como la cuestionada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).
Lo cierto es que la JIC (Junta de Inteligencia Conjunta), que se reúne al menos una vez al mes, discute todo tipo de temas sensibles relacionados con inteligencia y contrainteligencia, pero en la práctica cada una de esas entidades tiene amplia autonomía. La DNI, por ejemplo, según conoció este diario, mantiene constantemente informado al Jefe de Estado y pronostica todo tipo de escenarios para la toma de decisiones. En ese ajedrez, René Guarín, ex M-19, es el jefe de tecnología e informática de Presidencia y estaría sonando como una carta para llegar a la DNI. De hecho, según le contaron a este diario, en Presidencia hay otros ex M19 “en la sombra” que cuidan a Petro en materia de inteligencia y seguridad.
¿Volvieron las chuzadas?
En ese contexto, hubo una alerta reciente que prendió las alarmas. Se trata de un mensaje “privado” del magistrado Jorge Ibañez, vicepresidente de la Corte Constitucional, a principios de julio de este año: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, dijo Ibañez.
Según el magistrado, tenía indicios de que a su equipo de trabajo, cuatro magistrados auxiliares, también los estarían interceptando. A EL COLOMBIANO varios magistrados le dijeron en ese momento que no utilizaban WhatsApp ni se comunican por teléfono sino que preferían otras plataformas porque también estarían siendo interceptados. La fiscal Luz Adriana Camargo recibió una denuncia al respecto y se reunió con los magistrados.
Tal suceso puso los focos sobre la DNI y Carlos Ramón González. Casi al mismo tiempo, el senador opositor David Luna, de Cambio Radical, citó a un debate a González para preguntarle directamente, bajo gravedad de juramento, si habían vuelto las ‘chuzadas’ y si “han venido alquilando inmuebles cerca las viviendas de personas que ejercemos la oposición y obviamente periodistas”. El director de la DNI negó los cuestionamientos en el atril del Senado. Decidió no dar entrevistas a los medios de comunicación —y en general casi nunca responde a los periodistas— salvo al gobiernista RTVC, sistema de medios públicos, en el programa “Noches de opinión” con Hollman Morris. El escudero de Petro, que ha convertido a los medios estatales en una caja de resonancia del Gobierno, manifestó que le parecía una “canallada” decir que habían vuelto las ‘chuzadas’ y menospreció lo dicho por el magistrado Ibañez y la oposición. González dijo que la DNI estaba concentrada en perseguir criminales, pero en la comodidad de la entrevista no desglosó los cuestionamientos.
El presidente Petro salió a rechazar en múltiples mensajes en la red social X las acusaciones: “Hay una absoluta diferencia entre ciberseguridad y chuzadas. Sus gobiernos señor Uribe Turbay chuzaron, mi gobierno quiere defender a la ciudadanía de las chuzadas, eso es ciberseguridad”.
Este diario indagó con funcionarios y exfuncionarios de la DNI y otros organismos de inteligencia, quienes aseguraron, bajo la condición de no revelar sus identidades, que si bien no hay una directriz clara del Gobierno para interceptar y seguir a opositores, magistrados y periodistas, es “normal” que se hagan “perfilamientos y monitoreos” y que se hace en todos los gobiernos.
De hecho, en el gobierno Duque hubo un escándalo relacionado con carpetas en el Ejército en donde aparecían algunos datos personales de opositores y comunicadores. Estas actividades, que guardan absoluta reserva, se hacen en varios gobiernos con agencias de inteligencia y contrainteligencia que trabajan en conjunto. Por ejemplo, la presencia de agentes venezolanos en Colombia.
Las agencias extranjeras
Otra de las consecuencias de la política de seguridad e inteligencia del Gobierno Petro, con ex M-19 en cargos estratégicos, es que se han debilitado las relaciones con agencias internacionales. Así lo explica a este diario Néstor Rosanía, experto en seguridad, quien ha estudiado el tema de inteligencia: “Colombia se ha apoyado en aliados históricos como la CIA y el FBI en Estados Unidos, el MI6 de Inglaterra y el Mossad de Israel. Colombia tiene funcionarios de mucha experiencia por las características del conflicto armado, a nivel técnico y humano nuestro país tiene unas capacidades importantes. (…) Pero en Colombia hay una ideologización de la inteligencia. Sí hay inexperiencia, pero no solo se puede suscribir a este gobierno”.
EL COLOMBIANO también habló con el coronel (r) José Luis Esparza, experto en inteligencia y uno de los líderes de la “Operación Jaque”, quien explica que “en el caso de este gobierno, se entiende que se reservó esta posición cargo para los más cercanos colegas del Presidente y la gran confianza del mismo está en sus antiguos camaradas de lucha con quienes vivió la misma en la clandestinidad. Lo complejo del asunto es que en conflictos irregulares o asimétricos, la principal arma de los estados para combatir grupos como el M-19, fue la inteligencia y la contrainteligencia. Los reveses sufridos por las guerrillas se debieron a la acción de la inteligencia y ello sin duda puede guardar efectos nocivos (sic)”.
Esparza asegura que “en la práctica, la presencia de ex M-19 en estos cargos podría generar tensiones con ciertos sectores del Ejército y la Policía. Muchos de los mandos tradicionales en estas instituciones ven al M-19 con desconfianza, dado su pasado insurgente. Esta situación podría dificultar la colaboración y coordinación efectiva entre las distintas agencias de seguridad, generando fricciones que afecten la operatividad y cohesión”.
En cualquier caso, como señala el profesor Rosanía, la alternancia del poder implica reconocer que ese tipo de cargos históricamente liderados por un sector ideológico pueden y deben transformarse bajo altos estándares de evaluación. Sin embargo, en este gobierno, no solo en el sector seguridad se han repetido fórmulas sin que necesariamente el presidente Petro esté de acuerdo. Quizás por eso, cuando empezó a sonar otra vez la idea de que las ‘chuzadas’ regresaron, el mandatario dijo: “Nunca seremos como lo que tanto hemos señalado, ni como lo que nos llevó a las peores tristezas de nuestra vida personal y familiar. Nunca seremos como ellos”. Eso mismo ha dicho el Presidente sobre otros casos, como la corrupción, la mermelada y el nepotismo.
17/08/2024 | Por Nicolás Rivera Guevara | El Colombiano
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