Las Farc tienen su propia verdad. O mejor, su propia mentira. A medida que pasa el tiempo, sus excabecillas no se inmutan con los emplazamientos que les hacen las instituciones y les reclama la opinión pública para que digan la verdad y confiesen sus crímenes. Ríen impúdicamente ante esos llamados. Niegan los reclutamientos forzados de menores de edad a sus filas subversivas. Y juran y rejuran que las violaciones no fueron sistemáticas ni estimuladas y apoyadas por los jefes de esa guerrilla. A medida que organizaciones internacionales y nacionales de defensa de la vida y de las víctimas desenmascaran a agresores y violadores de menores, rechazan su protagonismo en los delitos con una frescura que irrita por el cinismo.

Han encontrado en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) una gran aliada para sus silencios. Los que creían que este iba a ser un tribunal imparcial para dictar justicia pronta y decidida, se han llevado una ingrata sorpresa. Ha sido una política penal sesgada, abiertamente cómplice, en donde aplican la ley del embudo para favorecer a violadores de niños y de la ley, en tanto le cargan el peso de la normatividad, maliciosamente interpretada, a quienes vistieron uniforme militar, el mismo traje que algunos lamentablemente hoy manchan.

Sostiene la periodista María Jimena Duzán, visceralmente antiuribista, que “preocupa que en la JEP vayan más rápidamente los procesos de reconocimiento de la verdad a la fuerza pública que los de las Farc. A diferencia de los militares, las Farc han decidido que no van a reconocer sus responsabilidades de manera voluntaria y que en cambio van a aceptar solo los que la JEP les pueda probar”. Percibe la ley del embudo, que se aplica al matrimonio Farc – JEP.

Esas discriminaciones repugnantes llenan de razones a quienes ven en la JEP el refugio de la impunidad unilateral. Palo a militares y simples reproches a la subversión. Ante tantas paradojas, algunos claman a grito herido la intervención de la Corte Penal Internacional. Porque en Colombia parecería que se siguiera comprobando aquello de que el sistema de justicia, “es un desastre sin remedio”.

Alberto Velásquez Martínez, El Colombiano, 18/08/2020

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