Iván Cepeda Castro construyó su carrera política sobre la memoria de sus padres como perseguidos por el Estado. El Estado colombiano fue condenado en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas. Ese es un hecho jurídico.
Lo que el candidato presidencial del Pacto Histórico omite sistemáticamente es el contexto que explica por qué sus padres eran objetivo de esa persecución: ambos eran dirigentes activos del partido que fundó y sostuvo ideológicamente a las FARC durante décadas. Hay una historia larga detrás de ese silencio.
Manuel Cepeda Vargas nació en Armenia en 1930 y se afilió al Partido Comunista Colombiano en 1952, mientras estudiaba derecho en la Universidad del Cauca. No era un simpatizante ocasional.
En 1958 fue elegido al Comité Ejecutivo Central del PCC, se hizo cargo de reconstruir la Juventud Comunista —la JUCO— y ascendió durante décadas hasta convertirse en secretario general del partido en 1992, la posición más alta de la organización.
Durante casi treinta años dirigió Voz Proletaria, el semanario oficial del comunismo colombiano. Esa no era simplemente una publicación de opinión de izquierda. Era el vehículo ideológico de la misma organización que, según documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, fundó en 1964 las FARC como su brazo armado.
La guerrilla y el partido operaban bajo un principio que ellos mismos denominaban «la combinación de todas las formas de lucha»: el PCC desde la legalidad, las FARC desde las armas. Manuel Cepeda administraba la mitad visible de esa ecuación.
En 1964, mientras estaba preso en La Modelo de Bogotá por actividad revolucionaria, escribió un libro de poemas titulado «Vencerás Marquetalia» — un tributo a la resistencia armada campesina en el mismo episodio que dio origen a las FARC.
El libro no tiene ambigüedades. Es una declaración pública de adhesión a la lucha guerrillera, escrita desde la cárcel, dedicada al origen armado del comunismo colombiano.
Ese mismo año su familia partió al exilio en Checoslovaquia, y tras la invasión soviética de Praga en 1968, se trasladaron a Cuba. El joven Iván Cepeda creció entre Praga, La Habana y Bogotá, de regreso en 1970.
A los trece años se afilió a la JUCO, la misma organización que su padre había dirigido. Entre 1981 y 1987 realizó sus estudios universitarios en Bulgaria, por entonces parte del bloque soviético.
Su madre, Yira Castro Chadid, compartía esa militancia sin reservas. Periodista de Voz Proletaria, fue acusada por el gobierno de Julio César Turbay de hacer cobertura periodística de una conferencia guerrillera de las FARC. La acusación la obligó a pasar a la clandestinidad durante meses, lejos de su casa y su familia.
Que el Estado persiguiera a los dirigentes del partido que fundó y financió a la guerrilla no fue una persecución arbitraria. Fue el ejercicio legítimo del mandato constitucional de combatir a las organizaciones que optaron por las armas.
Una paradoja menor ilumina el ambiente familiar: el hermano de Yira, Gustavo Dager Chadid, era ministro de Agricultura del mismo gobierno que la perseguía por sus vínculos con la subversión.
En octubre de 1992, ya como representante a la Cámara y a punto de ser elegido senador, Manuel Cepeda fue investigado por el Congreso tras aparecer fotografiado junto a ciudadanos dominicanos que habían ingresado al país por invitación directa de las FARC. El hecho fue registrado por El Tiempo.
Aparece también fotografiado junto a Alfonso Cano e Iván Márquez, dos de los comandantes del secretariado de las FARC. Cano fue el máximo cabecilla de la guerrilla hasta su muerte en un bombardeo del Ejército en 2011. Márquez fue jefe negociador en La Habana y luego retomó las armas fundando la Segunda Marquetalia. No eran conocidos casuales.
FOTO MANUEL CEPEDA VARGAS CON ALFONSO CANO E IVÁN MÁRQUEZ
La Unión Patriótica, el partido por el que Manuel Cepeda llegó al Senado como su último representante electo, no fue un partido convencional de oposición. Fue creada en 1985 conjuntamente por el PCC y las FARC como su brazo político electoral, resultado de los Acuerdos de La Uribe con el gobierno de Belisario Betancur.
El denominado ‘genocidio’ que sufrió la UP es parte de la narrativa de la izquierda en Colombia. Pero su origen — como creación conjunta del comunismo legal y la guerrilla armada — es también un hecho histórico. Las FARC no bautizaron sus frentes con los nombres de sus enemigos.
El Frente 42 del Bloque Occidental — responsable del secuestro de los doce diputados del Valle del Cauca en 2002 y de múltiples atentados — llevó el nombre de Manuel Cepeda Vargas. Una guerrillera adoptó como alias el nombre «Yira Castro», el de su madre.
La herencia no terminó con los padres. En febrero de 2008, una integrante del Comité Internacional de las FARC identificada como Inés Graciela Dorado escribió en una comunicación interna de la guerrilla: «Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo.» El mensaje fue hallado en los computadores de Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC, abatido por el Ejército en Ecuador.
Cepeda sostuvo durante años que su nombre había sido sembrado en esos archivos por el DAS. Una investigación de La Silla Vacía con apoyo de La Liga Contra el Silencio demostró que esa versión no se sostiene — que la metadata y la cronología de los documentos la desmienten.
Consultado por segunda vez, Cepeda reconoció: «Es posible que me haya equivocado.»
En octubre de 2020, fuentes de agencias estadounidenses confirmaron que la DEA abrió una investigación contra Cepeda por múltiples frentes: los computadores de Reyes, el escape de Jesús Santrich — guerrillero del secretariado a quien Cepeda defendió ad honorem —, vínculos con el Clan del Golfo y visitas a cárceles de Estados Unidos.
Ese mismo año El Expediente documentó que el presidente Santos lo designó mediante el Decreto 1230 de 2017 para realizar acercamientos oficiales con el Clan del Golfo y su jefe Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Las visitas a cárceles forman un capítulo propio. La abogada Mercedes Arroyave — señalada como enlace clave de Cepeda — visitaba frecuentemente sus despachos congresionales para coordinar con testigos como Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, y Juan Guillermo Monsalve.
El Expediente documentó al menos 21 visitas de Cepeda a penitenciarías como Cómbita, Itaguí y La Picota para «recolectar testimonios».
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, cercana al senador, realizó pagos mensuales a la familia de Monsalve y le ofreció asilo en Argentina, según fue documentado judicialmente.
La Fundación Yira Castro, nombrada en honor a su madre, representó víctimas en la JEP y recibió contratos estatales.
Hay un episodio que el candidato tampoco menciona en sus discursos. En 1998, según declaración jurada rendida en 2007 ante un juez en Neiva por el soldado Elcias Muñoz Vargas, Iván Cepeda lo contactó para obtener su testimonio en el proceso por el asesinato de su padre.
En un audio publicado en exclusiva por El Expediente el 21 de febrero de 2021, Muñoz relata lo que Cepeda le dijo: «Yo necesito que me ayude a conseguir los responsables de la muerte de mi papá porque el Estado me tiene que dar una plata grande… si yo corono esa plata usted se va a llevar una parte de ella.»
Ese testimonio sirvió de base para la condena de los suboficiales Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho a 43 años de prisión — la misma condena que le dio vida a la demanda ante la CIDH y generó la indemnización al Estado colombiano.
La Corte Suprema analizó posteriormente las acusaciones contra Cepeda en relación con ese testimonio y no encontró mérito para investigarlo. Pero también estableció, en el mismo análisis, que la reunión entre Cepeda y Muñoz sí ocurrió.
Manuel Cepeda y Yira Castro no fueron simplemente dos intelectuales de izquierda perseguidos por pensar diferente. Fueron dirigentes del partido que armó, financió e ideologizó a la guerrilla más sangrienta de la historia de Colombia.
El candidato que hoy pide los votos para gobernar el país es el heredero político e ideológico de esa historia. A 53 días de la primera vuelta, los colombianos merecen conocerla completa.
Por: Gustavo Rugeles – El Expediente