En su primer mes de gobierno, posterior al anuncio de un impuesto a las grandes fortunas, incremento del gasto público, rupturas comerciales con países estratégicos a la región y un nuevo bono “Contra el Hambre”, Luis Arce ha propinado otro nuevo golpe contra los emprendimientos y la actividad comercial del país.
Mediante la aprobación del Decreto Supremo 4407, Luis Arce y el gobierno del MAS abrogaron la norma promulgada por la ex presidente Jeanine Añez sobre la ampliación del registro público de empresas y actividades comerciales a FUNDEMPRESA, una institución privada sin fines de lucro administrada por la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara de Construcción de Santa Cruz, encargada de la administración del registro de todas las empresas privadas.
FUNDEMPRESA recibió esta licencia a inicios del milenio a iniciativa del gobierno de Hugo Banzer Suárez, y fue efectivizado posterior a su renuncia por su entonces vicepresidente y posterior presidente Jorge “Tuto” Quiroga por un lapso de 20 años, cuyo período finaliza en el año 2021.
El 6 de octubre de 2020, Añez amplió por 15 años más esta licencia, hasta el año 2036, a fin de garantizar las alianzas público-privadas para la reactivación de la economía a raíz de la pandemia de coronavirus, puesto que todos los administradores de esta institución son grupos empresariales de Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia.
Sin embargo, el Gobierno socialista mencionó que «la licitación ampliada por Añez no cumplió con todos los requerimientos legales para ejecutar la ampliación de los permisos», razón por la cual, la norma fue cancelada para llamar a una nueva licitación pública a otra empresa para prestar este servicio.
Añez junto a los representantes de FUNDEMPRESA al momento de la firma del decreto de ampliación
Por su lado, los representantes legales de FUNDEMPRESA iniciaron inmediatamente las negociaciones con las autoridades del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para revertir los efectos del nuevo Decreto Presidencial.
El presidente de FUNDEMPRESA alega que «es inadecuado relevar a su institución de la licencia en un periodo tan crítico como el que vive el sector empresarial del país, y recibió como respuesta amenazas de acciones legales por parte del ministro de Desarrollo en caso de conseguir la reversión del decreto por atentar a los intereses del Estado».
Distintos analistas económicos han coincidido en que el retiro de la licencia es injustificado puesto que la entidad desarrolla un trabajo eficiente y es un pilar para los emprendimientos bolivianos.
Otros mencionan que la nueva entidad que se adjudique la concesión no contará con la experiencia y capacidad técnica suficiente para atender al rubro privado, además de que representará un reto encontrar a una entidad que realice el mismo trabajo, con la misma eficiencia y que no exija remuneraciones por los servicios que preste.
También, el empresario y líder político, Luis Fernando Camacho, manifestó su repudio a la medida, porque asegura que «esto afecta la credibilidad del estado boliviano en un momento donde se requiere desesperadamente más inversión y menos estatismo en detrimento de la iniciativa privada».
«En un momento de crisis como el que estamos atravesando, en el que Bolivia necesita desesperadamente inversión privada nacional o extranjera, esta medida muestra la ausencia de seguridad jurídica en el Estado, lo que inviabiliza la inversión….Es una mala señal, y el inicio de un camino que solo va a traer recesión y más pobreza», escribió en un post de Facebook.
Queda más que claro la falta de condiciones otorgadas por el Gobierno socialista de Arce, buscando simplemente socavar todo rasgo de iniciativa particular para adjudicarse plenamente al Estado, matando las alternativas reales y probadas que se tienen para levantar a una economía totalmente dilapidada.
Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.
