Un informe de Así Vamos en Salud advierte deterioro en acceso, presión financiera y cierre de más de 4.100 IPS.
El sistema de salud que deja el gobierno de Gustavo Petro al cierre de su mandato presenta una combinación de mayores recursos públicos, deterioro en varios indicadores de acceso, un incremento histórico de las reclamaciones de los usuarios y una situación financiera que continúa bajo presión.
Esa es la principal conclusión del informe “Corte de cuentas del sector salud en el periodo de Gobierno 2022-2026”, elaborado por Así Vamos en Salud, que evaluó el comportamiento del sector durante el cuatrienio con base en fuentes oficiales y seguimiento a indicadores estructurales.
El documento concluye que el país termina el periodo con más de un millón de personas por fuera de la cobertura, un récord de peticiones y tutelas y nueve EPS intervenidas por el Estado.
Justamente, en materia de cobertura, el informe señala que el sistema pasó del máximo histórico de afiliación de 99,61% registrado en junio de 2022 a una cobertura de 98,23% en enero de 2026. Aunque el porcentaje continúa siendo elevado, la reducción sostenida tiene un efecto relevante en términos absolutos.
“Al cierre del periodo evaluado, en enero de 2026, el Gobierno entrega una cobertura de afiliación del 98,23%. Aunque la cifra se mantiene alta en términos porcentuales, su descenso sostenido desde 2022 representa, en valores absolutos, que poco más de un millón de personas dejaron de estar afiliadas al sistema de salud y, por tanto, se encuentran por fuera de su cobertura”, indican.
El documento también identifica un cambio en la composición del aseguramiento. Desde el inicio del periodo ya se observaba una disminución del peso del régimen contributivo frente al subsidiado, tendencia que continuó durante el cuatrienio, mientras aumentó la brecha entre ambos regímenes.
La evaluación sostiene igualmente que el acceso efectivo a los servicios perdió dinamismo. Después de alcanzar un máximo de 17,91 millones de personas atendidas en consulta ambulatoria durante el primer semestre de 2024, el indicador descendió hasta 13,77 millones al cierre de 2025, un nivel similar al observado cuando comenzó la administración.
Según el informe, esa reducción también se reflejó en la atención de urgencias y hospitalización, lo que llevó al centro de pensamiento a concluir que hubo una disminución del volumen real de atención médica brindada a la población durante el cierre del cuatrienio.
Más recursos y una presión financiera que persiste
Uno de los principales contrastes identificados por Así Vamos en Salud corresponde al comportamiento de los recursos públicos destinados al sistema. Durante el cuatrienio, el presupuesto administrado por la Adres aumentó desde $73,8 billones en 2022 hasta $114,9 billones para la vigencia 2026, lo que representa un crecimiento nominal de 55,7%.
El informe explica que el incremento también estuvo acompañado por un mayor peso del régimen subsidiado dentro de la financiación del aseguramiento. La UPC de ese régimen aumentó 59,8%, mientras la correspondiente al contributivo creció 49,6%, reduciendo la brecha histórica entre ambas modalidades.
Sin embargo, la evaluación concluye que la expansión presupuestal no logró revertir los problemas estructurales del sistema. “La paradoja presupuestal: el presupuesto general asignado al SGSSS experimentó la mayor expansión nominal de su historia (…) Sin embargo, esta inyección récord de recursos no se tradujo en una mejora de la salud financiera de los actores del sistema, sino en una aceleración del déficit generalizado”, afirman.
El documento agrega que durante el periodo persistieron retrasos en la asignación y giro de los presupuestos máximos destinados a financiar tecnologías y servicios no cubiertos por la UPC, situación que trasladó obligaciones entre vigencias y generó mayores presiones de liquidez para EPS, IPS y proveedores.
En paralelo, el Gobierno impulsó una de las mayores olas de intervenciones administrativas sobre EPS registradas en el país. Durante el cuatrienio fueron intervenidas Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Coosalud, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca.
El análisis recuerda que uno de los casos más controvertidos fue el de Sanitas. “El Gobierno intentó prorrogar esta medida en 2025, pero, en junio de ese mismo año, la Corte Constitucional dejó sin efectos la intervención debido a errores y vulneraciones al debido proceso administrativo, y ordenó devolver el control de la entidad a sus administradores anteriores”, sostienen.
Sobre la situación financiera, el informe advierte además que Nueva EPS no reportó información oficial correspondiente a 2025. No obstante, con base en datos divulgados por la propia entidad, señala que habría registrado un patrimonio negativo de $11,9 billones durante 2024, además de pérdidas operacionales por $6,5 billones en 2023 y $4,8 billones en 2024.
La mayor inconformidad ciudadana registrada
Uno de los capítulos con mayores implicaciones corresponde a la experiencia de los usuarios. El informe concluye que el Gobierno entrega el sistema con los niveles de inconformidad más altos registrados desde la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
“Al cierre del periodo evaluado, la experiencia ciudadana frente al sistema de salud alcanza los niveles de insatisfacción más altos registrados desde la creación del SGSSS y de sus mecanismos de seguimiento”, señalan.
Las cifras respaldan esa conclusión. Durante 2025 se contabilizaron 2,04 millones de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, el mayor volumen histórico reportado. Además, el 60% de esas reclamaciones correspondió a EPS intervenidas por el Estado.
El estudio sostiene igualmente que las intervenciones administrativas no lograron revertir esa tendencia. Después de las medidas adoptadas por el Gobierno, las PQRS aumentaron 44% en Nueva EPS, 41% en Famisanar, 27% en Sanitas y 11% en SOS, mientras otras entidades presentaron reducciones parciales.
La presión también quedó reflejada en el ámbito judicial. Durante 2025 fueron presentadas 312.573 acciones de tutela para reclamar la protección del derecho a la salud, una cifra récord que representa un incremento cercano al 100% frente a 2022 y de 54% respecto a los niveles previos a la pandemia.
En cuanto a la capacidad instalada, el informe concluye que el país mantiene una infraestructura hospitalaria insuficiente frente a estándares internacionales. Colombia termina el periodo con una disponibilidad de 1,9 camas por cada 1.000 habitantes, por debajo del promedio de 4,2 camas observado en los países de la Ocde
La evaluación también advierte que persisten desequilibrios en la red hospitalaria. Mientras las camas para adultos crecieron durante el cuatrienio, la capacidad destinada a la atención materna y neonatal disminuyó. Al cierre del periodo existían 3.156 camas para atención del parto y 1.681 camas de cuidado intensivo neonatal, con una alta concentración territorial en Bogotá y Antioquia.
29/07/2026 | Portafolio | Por Diana K. Rodríguez T.
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