La medida, anunciada para 1 de agosto de 2026, excluye las emergencias y los procedimientos inmediatos, y se aplicará hasta que se firmen acuerdos de la vigencia y se salden cuentas atrasadas
El anuncio de la suspensión de servicios ambulatorios no urgentes en 46 hospitales públicos de Antioquia afecta a cerca de 97.000 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), según confirmó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa).
La medida entra en vigor el 1 de agosto de 2026 y responde a la ausencia de contratos y pagos pendientes con los centros de salud.
La decisión fue tomada luego de que transcurriera más de medio año sin que el Fomag concretara acuerdos formales con los hospitales públicos del departamento para la vigencia 2026.
Las instituciones explican que, pese a la falta de respaldo contractual y financiero, continuaron atendiendo a docentes y beneficiarios durante varios meses. Sin embargo, la situación se volvió insostenible ante la ausencia de recursos, lo que llevó a la suspensión temporal de la atención no prioritaria.
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Por qué los hospitales públicos suspenden servicios a los docentes
Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la organización, afirmó: “Hacemos un llamado al Ministerio de Educación Nacional, a la Fiduprevisora y al FOMAG para que estos contratos se firmen inmediatamente y para que también le hagan los pagos pendientes a la red pública hospitalaria. De esta forma, se podría normalizar la prestación de los servicios de salud para los maestros en el departamento de Antioquia”.
El conflicto surge por la ausencia de contratos que respalden la prestación de los servicios y por la falta de pago de obligaciones financieras ya vencidas, lo que ha puesto en jaque el funcionamiento de los hospitales públicos en Antioquia.
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Desde AESA se dejó claro que la suspensión se mantendrá hasta que se establezca un espacio real de concertación y se logren acuerdos para la atención sanitaria y el pago paulatino de la deuda.
Las instituciones de salud han sostenido la atención de esta población durante varios meses utilizando recursos propios. Sin embargo, las condiciones actuales han puesto en riesgo la sostenibilidad de la red pública, haciendo inviable continuar bajo el mismo esquema.
El director ejecutivo de la asociación, Luis Hernán Sánchez, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, al Fomag y a la Fiduciaria La Previsora para que regularicen los contratos, paguen las deudas acumuladas y garanticen la continuidad del servicio.
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La crisis se traduce en la suspensión de servicios ambulatorios no urgentes en hospitales de más de 40 municipios de Antioquia. Entre las localidades afectadas se encuentran La Pintada, Támesis, Caramanta, Copacabana, Cañasgordas, Mutatá, Donmatías, Ituango, La Ceja, Nariño, Maceo, Peque, San Rafael, San Pedro de los Milagros, Pueblo Rico, San Vicente Ferrer, Jericó, Hispania, Giraldo, Carolina del Príncipe, Vegachí, Santuario y Salgar.
A esta lista se suman instituciones hospitalarias de Fredonia, Heliconia, Guatapé, Cisneros, Barbosa, Betulia, El Retiro, Guadalupe, Yalí, Angostura, Tarso, Briceño, Segovia, Andes, La Unión, Jardín, La Estrella, Girardota, Santa Rosa de Osos, Granada, Alejandría y Amagá. La decisión afecta directamente a miles de maestros y sus familias, quienes dependen de la red pública para sus consultas y tratamientos no urgentes.
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Contraloría alerta pagos indebidos y pensiones a fallecidos en el FOMAG por $176.795 millones
Las consecuencias del uso irregular de fondos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) ya se hacen sentir en el sector educativo. La Contraloría General de la República confirmó la existencia de 10 hallazgos con incidencia fiscal que suman $176.795 millones, tras auditar la gestión financiera correspondiente a 2025.
Entre las anomalías detectadas, el organismo detalló que 12 casos podrían constituir faltas disciplinarias y uno más presenta indicios de posible responsabilidad penal. Las advertencias apuntan directamente al manejo de recursos destinados tanto a las prestaciones sociales como a la atención en salud de los docentes.
Los hallazgos incluyen pagos improcedentes, registros contables incompletos y desembolsos de primas que no cumplían con los requisitos formales. Además, se detectaron mesadas que fueron giradas incluso después del fallecimiento de los beneficiarios, así como sanciones generadas por mora en los pagos.
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En la auditoría, el caso con mayor impacto económico está relacionado con el pago de $133.255 millones por servicios médicos atrasados e intereses. Según la Contraloría, los responsables de cubrir estos valores eran los operadores de salud, tanto salientes como entrantes, pero finalmente se utilizaron fondos del FOMAG, lo que habría provocado un serio detrimento fiscal.