Funcionarios de la nueva administración expusieron dificultades fiscales y posibles inconsistencias. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las instancias competentes.
Las primeras semanas del gobierno de Abelardo De la Espriella han estado acompañadas de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos durante la administración de Gustavo Petro. Desde los ministerios de Salud y Trabajo hasta el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), funcionarios del nuevo Ejecutivo han advertido sobre presiones fiscales, niveles de contratación y compromisos que, según sus balances, no estarían debidamente respaldados debido a la gestión de la administración Petro.
Los señalamientos también llegaron a los organismos de control. La Contraloría General declaró de impacto nacional varios hallazgos relacionados con pagos administrados por Fiduprevisora y recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), para profundizar las investigaciones y establecer si existen responsabilidades fiscales.
Las denuncias y revisiones no significan, por sí mismas, que se haya probado la comisión de delitos o que exista responsabilidad individual. Sin embargo, ponen en el centro del debate la ejecución presupuestal, la contratación estatal y la financiación de obligaciones públicas.
Brecha en salud
La ministra de Salud, Ana María Vesga, informó que al llegar a la cartera encontró una diferencia cercana a los $2,9 billones entre los recursos comprometidos y aquellos que habían sido efectivamente obligados y pagados. Según el balance divulgado por el ministerio, de una apropiación de alrededor de $4,4 billones, $4,3 billones estaban comprometidos, pero solo $1,3 billones se habían convertido en obligaciones y pagos.
La funcionaria también reportó la revisión de 28 resoluciones que comprendían 176 proyectos por más de $490.000 millones. De estos, 108, por aproximadamente $365.604 millones, todavía no tenían registro presupuestal.
A partir de esa revisión, el ministerio anunció la suspensión temporal de nuevos procesos de contratación y convenios, así como de determinadas prórrogas y modificaciones contractuales, con excepciones sujetas a justificación y autorización.
La revisión derivó además en una denuncia ante la Fiscalía. Vesga informó que puso en conocimiento de las autoridades un audio en el que presuntamente se hablaba de cobrar un porcentaje de los recursos en nombre de la ministra y de su equipo. La cartera indicó que la grabación y los hechos denunciados deben ser examinados por los investigadores.
En su pronunciamiento, el ministerio sostuvo que no autorizó ni permitió solicitudes de dinero o comisiones en su nombre y advirtió que quienes hubieran utilizado el nombre de la entidad para esos fines tendrían que responder ante la justicia.
La denuncia se encuentra en averiguación de responsables y corresponde a la Fiscalía determinar la autenticidad y el valor probatorio del material entregado.
Crecimiento de las OPS
En el Departamento Administrativo de la Presidencia, su director, Carlos Ríos, cuestionó el volumen de contratación de los últimos cuatro años. Ante el Congreso, afirmó que las órdenes de prestación de servicios (OPS) aumentaron un 595 % durante el gobierno de Gustavo Petro y que, entre 2025 y 2026, el crecimiento habría sido del 228 %.
Ríos calificó la entidad como un “contratadero” y relacionó el incremento con el periodo previo a las elecciones. También señaló que la contratación de eventos registró un aumento del 113 % en el periodo al que se refirió.
“Eso demuestra que este contratadero que fue el Dapre fue creado desde el punto de vista de la contratación ad portas de un proceso electoral y por eso nosotros hemos empezado a reducir particularmente toda esa contratación y hemos parado la contratación del Dapre”.
El funcionario anunció una revisión individual de los contratos, con especial atención a los procesos de contratación directa, y aseguró que ya se había reducido cerca del 65 % de la contratación de personal.
En materia presupuestal, sostuvo que el Dapre pasaría de los $4,1 billones contemplados en el gobierno anterior a $924.000 millones, y afirmó que la entidad podrá operar con los recursos previstos. Los señalamientos sobre la contratación corresponden a las declaraciones del director y la revisión anunciada deberá establecer si hubo irregularidades.
Faltantes para las pensiones
La ministra del Trabajo, Natalia López, advirtió que el sector enfrenta un faltante presupuestal de cerca de $4,86 billones para 2027, principalmente destinado a cubrir obligaciones pensionales. En sus declaraciones, indicó que se requieren alrededor de $4,84 billones para Colpensiones, además de recursos para el funcionamiento y la inversión de la cartera y sus entidades adscritas.
La funcionaria también alertó sobre las necesidades de financiación para el cierre de 2026. López señaló que el déficit para cubrir las pensiones podría alcanzar los $5 billones y explicó que el ministerio solicitó recursos adicionales a Hacienda para garantizar los pagos de los últimos meses del año.
En medio de ese panorama, la ministra cuestionó el número de contratos de prestación de servicios que continúan vigentes en la entidad:
“Es insostenible para el Ministerio del Trabajo, que pocos recursos tiene, sostener alrededor de 1.000 OPS. Hoy, que necesitamos recursos para programas de generación de empleo, de formación para el trabajo, no contamos con los recursos porque todos están gastados en OPS, que se vinieron incrementando de manera desmedida en estos últimos años”, explicó
La advertencia se enmarca en la discusión del presupuesto de 2027 y en las gestiones del Gobierno para asegurar la financiación de las obligaciones pensionales.
Fomag y Fiduprevisora
Uno de los asuntos que pasó al ámbito de los organismos de control está relacionado con recursos del Fomag administrados por Fiduprevisora. La Contraloría General declaró de impacto nacional varios hallazgos que, según la información divulgada, incluyen pagos por más de $4,4 billones realizados durante las últimas cinco semanas del gobierno anterior.
De acuerdo con los reportes, durante la revisión no se habrían podido identificar los soportes y evidencias correspondientes a esos pagos a proveedores de servicios de salud del magisterio.
La delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo, solicitó la declaratoria para que los hechos fueran investigados con mayor profundidad. La funcionaria explicó que la medida permite avanzar en la recopilación de documentos y en el análisis de las posibles responsabilidades.
“Esta declaratoria implica que se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información”, dijo.
La investigación quedó a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, que deberá establecer si los pagos tuvieron respaldo suficiente y si se produjo un daño al patrimonio público.
Los hallazgos también incluyen diferencias presupuestales relacionadas con liquidaciones de contratos de administración del Fonpet y transferencias por más de $17.000 millones a empresas de acueducto y energía que presentaban patrimonios negativos, pese a que los pagos habrían sido objetados por la revisoría fiscal de Fiduprevisora.
Cajas de compensación
El Gobierno advirtió sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras detectadas en 11 de las 42 cajas de compensación familiar que fueron intervenidas durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
La denuncia fue expuesta por el vocero del Ejecutivo, Miller Soto, quien señaló que uno de los casos que genera mayor preocupación es el de Comfamiliar Atlántico, entidad intervenida desde julio.
“Encontraron contratos de larga duración que superarían el periodo propio de la intervención, encontraron posibles incompatibilidades y vínculos contractuales entre personas relacionadas con la entidad y el organismo llamado a vigilarla”, afirmó Soto.
Los señalamientos hacen parte de los hallazgos administrativos que se han identificado en las cajas intervenidas.
ADLE acusa al gobierno Petro de comprometer las finanzas públicas
El presidente Abelardo De la Espriella dirigió sus críticas a la gestión de los recursos públicos durante el cierre de la administración anterior. Según aseguró, en una semana se comprometieron $10 billones que, en su interpretación, no estaban destinados a inversión ni a obras.
“En tan solo una semana el petrismo comprometió 10 billones de pesos, que no iban a inversión ni a obras, sino al robo masivo del tesoro público”, afirmó.
El mandatario cuestionó además la transparencia de la administración anterior y sostuvo que su gobierno dará a conocer la información que, según él, no habría sido divulgada a los ciudadanos.
“Saquearon al país, saquearon al erario”, expresó durante su pronunciamiento.
“Durante los últimos años se gastó mucho más y se acudió de manera irresponsable a la deuda. Se pasó de pagar un peso de cada seis pesos, a uno cada tres pesos. El cupo de endeudamiento para todo el 2026 se consumió casi por completo en siete meses de este año”, agregó.
No obstante, aclaró que cumplirá con las finanzas del Estado.