No se ve luz al final del túnel en crisis en de orden público y seguridad en Guaviare

A PESAR DE QUE LA FUERZA PÚBLICA ROBUSTECIÓ SU PRESENCIA CRECE LA VIOLENCIA

La Defensoría alertó desde principio de este año sobre el peligro en que está la población de este departamento por los enfrentamientos entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, sin embargo, el organismo dijo que no se han tomado las medidas suficientes.

Ejercito se despliega en Guaviare

 

LA VIOLENCIA en el departamento del Guaviare que estalló hace unos meses por enfrentamientos entre facciones de las disidencias por el dominio del territorio, antes que desescalar por la mayor presencia de tropas del Ejército que llegaron en junio, parece que tiende a empeorar. Así se vio esta semana al descubrirse una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales religiosos. El clamor desde la región y de la Defensoría del Pueblo al Gobierno nacional es que garantice la seguridad de la población.

 

Guaviare no ha sido ajeno a la problemática por el accionar y amenaza que representan los grupos armados que operan en la mayoría del territorio nacional. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, las disidencias que no acogieron el Pacto de la Habana, como sí la mayoría de las Farc que se desmovilizó, siguieron ejerciendo control territorial en amplias zonas de éste y los otros departamentos de la llamada Medía Colombia, Meta, Caquetá, Guainía y Vichada, entre otros.

 

Tras el asesinato de alias ‘Gentil Duarte’ en Venezuela por disputas entre grupos criminales, cabecilla de las disidencias, el mando lo tomó Néstor Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron las luchas intestinas por el poder que condujeron a la separación de varios frentes que se unieron en una facción liderada por alias ‘Calarcá Córdoba’.

 

La disidencia de ‘Calarcá’ se ha extendido paulatinamente en diferentes regiones buscando control territorial, como lo hizo en el Guaviare, lo que explotó la guerra con la disidencia de alias ‘Iván Mordisco’.

 

Algunos analistas del conflicto armado en Colombia consideran que el enfrentamiento entre estas disidencias en el Guaviare es más que todo por el manejo de la minería ilegal, especialmente del coltán.

 

No se adoptaron medidas

 

La Defensoría del Pueblo informó desde el principio de este año al Gobierno en una alerta temprana sobre el peligro en que estaba la población del Guaviare por un posible enfrentamiento armado entre estas dos facciones.

 

En marzo pasado, la Defensoría del Pueblo informó que el “departamento del Guaviare enfrenta nuevamente una crisis humanitaria que refleja la persistencia de hechos de violencia y vulneración de derechos humanos de las comunidades de la zona por parte de grupos armados irregulares”.

 

Añadió en un comunicado que “en los últimos meses se han reportado personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y a la fecha más de 10.000 personas se encuentran confinadas por los enfrentamientos entre las disidencias de las extintas Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y las de alias ‘Calarcá’”.

 

A mediados de junio pasado, a raíz de un paro armado que ejecutó en Guaviare la disidencia de alias ‘Iván Mordisco’ restringiendo la movilidad de la población, la Defensoría del Pueblo advirtió que “pese a los llamados realizados, no se adoptaron las acciones de prevención necesarias, y hoy se están materializando graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

 

Precisamente, a raíz de dicho paro armado, el Ministerio de Defensa reforzó las operaciones militares en el Guaviare por parte de la Cuarta División del Ejército y se ordenó presencia permanente de la Brigada 22, la Séptima Brigada y la Brigada 31. También se sumaron las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 y N.º 11, además de la Fuerza de Tarea Omega.

 

De hecho, antes del paro armado se empezó a robustecer la presencia militar en este departamento después de que en mayo pasado, las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’, a pesar de estar en conversaciones de paz con el Gobierno, ejecutó un feroz ataque contra una base militar que dejó siete soldados muertos y el secuestro de cinco más, quienes fueron liberados horas después.

 

¿Cuál es la situación?

 

El representante a la Cámara por el Guaviare, Jorge Quevedo Herrera, dijo a EL NUEVO SIGLO que “el departamento del Guaviare hasta hace 2 años traía una calma, los grupos armados al margen de la ley había algunos en la región, pero estaban muy dispersos y había tranquilidad, todo el mundo se podía movilizar, podíamos ir a las veredas. Luego llegó la disidencia de ‘Iván Mordisco’ y el grupo de ‘Calarcá’, pues empezaron la disputa de ese territorio. Hace alrededor de unos 6 meses que se vienen enfrentando, y eso ha distorsionado la seguridad y la tranquilidad del departamento. Hoy la gente tiene dificultades en la movilidad, sobre todo en el área rural, porque ellos allá han puesto toques de queda, han dicho qué día se puede mover y qué día no la gente”.

 

El congresista conservador agregó que “tanto el gobernador, como los alcaldes, como mi persona, hemos hablado con el Gobierno. El Ministerio de Defensa ha estado presente, nos ha acompañado, ha hecho los diferentes consejos de seguridad. Hace unas semanas hubo un paro armado, y el Ejército reforzó el pie de fuerza”.

 

Quevedo dijo que “desde el Congreso he manifestado el llamado al Gobierno nacional para que efectivamente busque hacer el ejercicio con el territorio y los alcaldes para garantizar la seguridad, para recuperar el orden público” en Guaviare.

 

En tanto que Francisco Daza, coordinador de Paz Territorial y Derechos Humanos en la Fundación Paz y Reconciliación, dijo a este Medio que “el departamento de Guaviare ha sido en los últimos casi 9 años el bastión de las disidencias del frente primero Armando Ríos, que fue la disidencia origen del Estado Mayor Central que lidera alias ‘Iván Mordisco’”.

 

Añadió que “en el marco de este proceso de consolidación en el departamento de Guaviare, pues han venido ejerciendo prácticas de control social y territorial en este último tiempo. Sin embargo, en los últimos meses se vive una fragmentación del Estado Mayor Central, entre esta agrupación que mantiene su nombre y el Estado Mayor de Bloques y Frentes que está liderado por alias ‘Calarcá’. En el marco de esta fragmentación el Guaviare también ha tenido un impacto en materia de dinámicas de violencia y seguridad porque ambas facciones tienen presencia en ese departamento”.

 

Llamado de la Defensoría del Pueblo

 

La Defensoría del Pueblo señaló ayer que “los hechos que se han presentado durante el año son consumaciones de la Alerta Temprana 01 de 2025 que alertó sobre la creciente disputa territorial entre las disidencias de la línea de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’”.

 

Añadió que, por solicitud de las autoridades locales, la Defensoría ha hecho un llamado a los grupos armados que hacen presencia en la zona para que permitan medidas humanitarias que den un alivio a la población civil del departamento. “Esperamos que su respuesta sea positiva”, dijo.

 

Agregó que “sigue pendiente el ingreso de atención humanitaria para las comunidades afectadas, de una parte, por los recientes confinamientos, restricciones a la movilidad y el paro armado de hace unos días. De otra parte, afectadas por las inundaciones. La Unidad para las Víctimas y la UGRD han anunciado el ingreso de alimentos, bienes y servicios básicos, pero, en general, hasta el momento no se han presentado”.

 

La Defensoría, agregó que la situación de los pueblos Nükak y Jiw, en proceso de extinción física y cultural por el desplazamiento, entre otras causas, sigue siendo muy grave. Las mujeres y niñas indígenas Jiw y Nükak, afectadas por patrones de violencia de género sigue siendo preocupante. La Defensora del Pueblo recibió información sobre casos de violencia y explotación sexual persistente contra ellas y coordina acciones con la Fiscalía, autoridades del Gobierno nacional y territorial, para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva, de conformidad con el seguimiento hecho por la Corte Constitucional.

 

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