La decisión que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó hace unos días, de aceptar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, generó duras críticas del exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y excomisionado de paz Camilo Gómez Alzate, quien señaló que la JEP se atribuyó funciones que no tenía y que la admisión de Mancuso fue inconstitucional y representa un insulto a la justicia ordinaria, a justicia y paz, y a los “colombianos de bien”.

Frente a esos cuestionamientos, el presidente de la JEP magistrado Roberto Vidal, respondió que la jurisdicción no ha obrado en contra de la ley ni tiene una “persecución” contra nadie.

   

Camilo Gómez señaló que la JEP obró inconstitucionalmente al aceptar a Mancuso, ¿qué decir sobre esto?

Yo no entro en el debate de opiniones, sino que quisiera advertir varias cosas: uno, si cualquier autoridad o el doctor Gómez considera que hay inconstitucionalidad en las decisiones de la JEP, los caminos de la inconstitucionalidad están abiertos, puede presentar una acción de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, nosotros no reclamamos que somos infalibles en derecho, hay un sistema con muchos controles dentro de la jurisdicción y fuera.

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¿Tomó la JEP decisiones ilegales?
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De ninguna manera, nosotros nos hemos acogido con mucho cuidado, de manera absolutamente pública, argumentada y transparente, a las competencias que le ofrece a la JEP la Constitución y la Ley. Si alguien cree que esto es inconstitucional tiene que ir a la Corte Constitucional a debatirlo, pero esto es mucho más que lanzar opiniones, estos son debates judiciales con recursos y todas las garantías para todo el mundo.

Las opiniones del doctor Gómez están dentro también dentro de un sector de la opinión que se pregunta si nosotros podíamos o no decidir evaluar la entrada de ciertos exjefe paramilitares que son excepciones a la jurisdicción, esto ha causado mucha inquietud.

¿Podían estudiar la admisión de Mancuso pese a que él ya había pasado por Justicia y Paz?
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La justicia transicional se construye sobre capas de verdad. Una primera capa con la que trabajamos fue de la mano del trabajo de Justicia y Paz, no trabajamos de espaldas a ellos sino con ellos, las audiencias de Mancuso fueron posibles porque ellos nos cedieron tiempo de audiencia de ellos, las pruebas con las que nosotros contrastamos las informaciones de Mancuso fueron, entre otras, las pruebas que tenía Justicia y Paz.

Uno de los señalamientos del exdirector de la Andje es que la decisión de la JEP es un “insulto” a Justicia y Paz, ¿cómo ve esto?

Nosotros no estamos de ninguna manera desconociendo el trabajo de Justicia y Paz, somos los primeros que lo reconocemos, y tampoco estamos repitiendo su trabajo porque la competencia que tiene la JEP de investigar los crímenes del conflicto no es la misma que tiene Justicia y Paz, que es delimitada para pronunciarse sobre la responsabilidad de exmiembros de grupos paramilitares que negociaron con el Gobierno; ellos tenían una posibilidad limitada de investigar, nosotros estamos en una nueva capa de justicia transicional en la que nuestro Tribunal tiene una competencia mucho más amplia y podemos investigar a miembros de la Fuerza Pública, a terceros y a funcionarios del Estado, como comparecientes voluntarios.

Por eso nosotros estamos llamando a ciertos exjefes paramilitares, no para investigarlos como paramilitares, que fue lo que hizo Justicia y Paz, sino en su relación con funcionarios del Estado y con miembros de la Fuerza Pública, esa investigación este país no la ha hecho porque esa competencia hasta ahora la tenemos nosotros; antes la tenía la Fiscalía de manera abierta, pero en términos de justicia transicional, esa competencia de nosotros es nueva.

¿En qué lugar están las víctimas frente a esa nueva competencia?
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Las víctimas son las que nos han dicho, ‘es que usted no puede entender las acciones de miembros de la fuerza pública cometiendo graves crímenes en el conflicto si no vincula las relaciones que ellos tenían con grupos paramilitares y con terceros’.

Hay preocupación porque la JEP le esté tomando la palabra a un criminal condenado, ¿cómo responder a ese temor?

Nuestra investigación hasta ahora está comenzando, tomamos una decisión de fondo sobre una cuestión muy particular que era aceptar el sometimiento de Mancuso, pero no nos hemos pronunciado ni sobre la responsabilidad de Mancuso ni sobre la responsabilidad de ninguna de las personas que él mencionó; solo hicimos lo que tiene que hacer cualquier autoridad, tomamos la investigación de Mancuso y la contrastamos con las fuentes judiciales disponibles.


¿Por qué se ordenan compulsas contra cientos de personas por lo que dijo Mancuso a la JEP?

Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre la responsabilidad de nadie, hicimos una contrastación y cuando nosotros tenemos la competencia, por ejemplo en el caso 08, lo investigamos nosotros, pero la mayoría de las veces, por ejemplo estas 300 personas mencionadas por Mancuso, le mandamos la competencia a quien corresponda: a la Comisión de Acusaciones del Congreso, a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, porque nosotros tampoco tenemos una competencia universal de juzgar a todo el mundo.

Sobre eso ha habido preocupación de que se inicie una “persecución de la JEP” a empresarios, como dijo Camilo Gómez, ¿son fundados los temores?
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No es admisible la liviandad de decir que una investigación judicial basada en pruebas, establecida en el marco del debido proceso, con autoridades competentes bajo la ley y la Constitución, es una persecución.

Lo que estamos diciendo a todas las personas que aparecen involucradas en esto, independientemente de quién sea, es que la JEP aborda estas investigaciones con toda la seriedad que nos da el Estado de Derecho y eso significa otorgar todas las garantías, por eso el trabajo judicial es tan importante, nosotros aquí tenemos un marco de investigación, recibimos estas afirmaciones y nosotros no las estamos autorizando ni diciendo que son ciertas o diciendo que este señor tiene toda la razón, ni que las personas de ahí son culpables, no hemos dicho eso de ninguna manera, lo único que hemos dicho es que aquí hay un señor que mencionó a unas personas, esas personas deben ser investigadas y en la investigación tienen todos sus derechos a contradecir, a presentar sus descargos, a presentar pruebas. Eso no se puede llamar persecución, eso se llama un Estado de Derecho.

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