La Corte Constitucional derogó ayer, 15 de octubre, el decreto presidencial que autorizaba a los alcaldes y gobernadores a hacer rebajas y descuentos a los ciudadanos que tuvieran deudas atrasadas con los impuestos que el Estado requiere para sostener la administración de municipios, departamentos y la nación, hoy desafortunadamente saturados de corrupción, burocracia y politiquería.
Con la derogación de ese decreto, emitido por el presidente Iván Duque a raíz de la situación de pandemia que vive Colombia, la cual ha desmejorado la economía, esos corruptos magistrados que no son el mejor ejemplo de honorabilidad, honestidad y han mostrado graves problemas de corrupción dentro de esos cuerpos legislativos, vendiendo fallos judiciales por inmensas sumas de dinero, se atreven a desafiar a una sociedad oprimida y atosigada de impuestos cuando precisamente se vive un estado de recesión en la cual no se tiene para comprar comida mucho menos para pagar impuestos.
Es una situación que muestra la realidad crítica que viven las democracias del mundo y no por desconocimiento de los antecedentes de la decisión presidencial, ya que con anterioridad habían fallado otros decretos en los cuales se apoyaba la ayuda económica a buena parte de la población. Como sociedad vamos a tener que tomar medidas legales extremas contra esos magistrados de las altas cortes que han estado mostrando sus verdaderas intenciones. No es aceptable que en este preciso momento de recesión económica esos burócratas corruptos que son los mejores pagados del país, en comparación con las sumas pagadas al 90% de los colombianos, ataquen de esa forma inmisericorde a una sociedad en crisis.
Alberto Rojas Jaimes, La Linterna Azul, 16/10/2020
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