Partido Conservador denuncia a Petro ante la Comisión de Acusaciones

El penalista Jaime Lombana, acompañado por la dirigencia del Partido Conservador, interpuso una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contra el expresidente Gustavo Petro. El recurso jurídico señala la presunta comisión de las conductas punibles de perturbación de certamen democrático y concierto para delinquir, derivadas de los constantes cuestionamientos y la negativa a reconocer la validez de los escrutinios y el veredicto de las urnas en las pasadas elecciones presidenciales.

Durante la presentación del documento, Lombana argumentó que los señalamientos contra la institucionalidad constituyen un quebrantamiento directo a la separación de poderes y a las garantías democráticas fijadas en la Constitución. El jurista expuso que los reiterados cuestionamientos hacia las autoridades judiciales y la organización electoral sobrepasan el margen de la discrepancia política y configuran un ataque frontal contra el sistema institucional colombiano, razón por la cual solicitó a la célula legislativa iniciar las averiguaciones de rigor.

Respaldo conservador a la institucionalidad electoral

A la radicación del recurso se sumó el pronunciamiento del presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien enfatizó la necesidad de defender los principios de legitimidad popular emanados del proceso de votación. El dirigente político sostuvo que desconocer el resultado de la contienda desconoce el mandato soberano de los ciudadanos que eligieron en las urnas a Abelardo De La Espriella como jefe de Estado, e instó a respaldar la pulcritud en los procedimientos adelantados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cepeda recalcó que los organismos de control y los jueces de la República deben velar por el respeto estricto a las normas vigentes y la estabilidad institucional. Tras el ingreso del expediente a la Secretaría General de la Comisión de Acusaciones, se procederá al reparto para la asignación de representantes investigadores, quienes determinarán la viabilidad procesal y la eventual práctica de pruebas en torno a las conductas señaladas.