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LA ESTRATEGIA de seguridad y orden público del Gobierno se activó integralmente, a juzgar por los hechos que se dieron esta semana, como la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan; el bombardeo en Guaviare contra las disidencias de alias ‘Calarcá’, que dejó 11 irregulares abatidos; el presidente Abelardo de la Espriella designó una nueva cúpula militar; también trasladaron 20 cabecillas de bandas delincuenciales presos en Barranquilla a distintas ciudades, entre otras medidas.
Si bien es cierto que la política de defensa y seguridad del Gobierno se conocerá en unos meses, pues Duque la presentó a los 6 meses de iniciar el mandato y Petro a los 8, todo indica que el presidente De la Espriella Otero tiene la intención de poner andar de antemano los distintos componentes y comenzar a entregar resultados al país.
El Ejecutivo dio a conocer el 24 de agosto los lineamientos de la estrategia integral de seguridad y orden público. Un punto clave es que todos los grupos armados ilegales, sin distinción de denominación, se consideran terroristas. “Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, afirmó el mandatario.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anticipó: “Vamos a presentar muy pronto en el Congreso de la República un estatuto antiterrorista. Es decir, vamos a crear un mecanismo, un sistema de lista de organización terrorista, en donde vamos a listar a estas organizaciones y el país va a tener básicamente ese sistema, donde sabremos cuáles son las organizaciones terroristas”.
Se anunció igualmente la conformación inmediata de un bloque nacional de búsqueda contra la extorsión, con fuerzas del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, articuladas con la Fiscalía.
Se ordenó además la reactivación del sistema de recompensas, los operativos de redadas, la red de cooperantes y los traslados de cabecillas de organizaciones delincuenciales urbanas para impedir que las cárceles sigan operando como centros de extorsión. En materia migratoria se dieron instrucciones a Migración Colombia para iniciar ya operativos coordinados con la Policía de Barranquilla contra la migración ilegal y la delincuencia extranjera.
Se confirmó la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, la persecución del cártel de tierras y el combate al préstamo gota a gota.
Varias de estas medidas se pondrán en práctica en una directiva presidencial, según informó el ministro de Defensa Nacional, Jorge Mora, en una participación en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
Cooperación de Estados Unidos: preparan acciones
La presencia esta semana en Colombia del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se explicaría porque está mirando en el terreno las condiciones para comenzar las operaciones conjuntas contra el narcotráfico y los grupos terroristas, que desarrollarán inicialmente en la costa del Pacífico las Fuerzas Militares nacionales, con la cooperación logística y de inteligencia de los norteamericanos.
Dicha cooperación se da en el marco de la estrategia Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), o Escudo de las Américas, que organizó el presidente Donald Trump contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen trasnacional, de la que hacen parte 14 naciones de la región con gobiernos de derecha, en la cual entró Colombia por decisión del nuevo Gobierno.
El objetivo de Washington en este momento es fortalecer los controles directamente y con la ayuda de países del Escudo de las Américas en el Pacífico, ya que por allí sale hacia el mercado de Estados Unidos y Europa más del 60 % de la cocaína que se produce en Colombia y Perú, y Ecuador es utilizado como territorio de tránsito.
Sin embargo, la visión del Gobierno por la participación del país en el Escudo de las Américas va más allá de aportar con las demás naciones para la seguridad del continente y en la lucha contra el crimen transnacional. En lo doméstico busca que Estados Unidos le ayude con recursos e inteligencia contra el narcotráfico y los grupos armados, como el Eln, las disidencias y el Clan del Golfo, en lo que ha llamado el Plan Patriota 2.0.
De la Espriella dijo en campaña: “Necesitamos renovar una alianza bien importante, ¿para qué?, para ‘remasterizar’ la seguridad democrática del presidente Uribe, que es lo único que ha servido aquí, 2.0, y ¿eso cómo lo hacemos? con los Estados Unidos. ¿Para qué?, para armar bien a nuestra Fuerza Pública, para dotarla de drones, de tecnología, de inteligencia artificial. Y también hacer lo propio con el Estado de Israel”.
A mediados de este mes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el presidente De la Espriella “ya solicitó” al Departamento de Defensa que “se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”.
El general Francis Donovan estuvo en Tumaco, Nariño, en la base de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, una unidad clave en el suroccidente del país contra el narcotráfico. Lo acompañaron el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora López; y el general Erik Rodríguez, nuevo comandante de las Fuerzas Militares.
Donovan recorrió las instalaciones de la base y se fijó en los recursos que tiene para las operaciones contra el narcotráfico, destrucción de laboratorios y erradicación de cultivos, que, según lo que se ha conocido, desarrollarán tropas colombianas con cooperación y asesoría de Estados Unidos.
El comandante del Comando Sur de Estados Unidos también hizo el jueves una visita relámpago a la frontera con Ecuador, hasta donde se desplazó en compañía del ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares, para analizar con uniformados ecuatorianos e integrantes del gobierno de ese país la estrategia conjunta contra el narcotráfico y el crimen trasnacional. Se estudia también instalar allí una base binacional.
Es claro que la intención de Washington es trabajar en una estrategia conjunta con Colombia y Ecuador contra el narcotráfico porque somos el país con más cultivos de coca y el primer productor de cocaína; mientras que el vecino se ha convertido en el principal territorio de tránsito para sacar los narcóticos por el Pacífico a los grandes centros de consumo.
Peso de los bombardeos
El Gobierno dio su golpe más fuerte hasta el momento en la ofensiva contra las disidencias de las Farc lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’ o ‘Calarcá’, por un bombardeo de precisión que hizo la Fuerza Aérea Colombiana contra campamentos utilizados por estructuras del bloque Jorge Suárez Briceño, ejecutado en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare.
El resultado de la operación Amón fue 11 irregulares abatidos y seis capturados, entre ellos cuatro heridos; y la incautación de 11 fusiles y 5 ametralladoras, además de abundante material de intendencia.
Entre los sujetos muertos está Juan Antonio Agudelo Salazar, alias ‘Urías Perdomo’, quien según las autoridades era la mano derecha de alias ‘Calarcá’.
Este contundente golpe que asestaron las Fuerzas Armadas a las disidencias de ‘Calarcá’ se produjo pocos días después de que el Gobierno cambió la cúpula militar, con el mayor general Erick Rodríguez como comandante General de las Fuerzas Militares; el mayor general Carlos Carrasquilla como Jefe de Estado Mayor Conjunto; el mayor general José Bertulfo Soto de comandante del Ejército; el vicealmirante Javier Jaime Pinilla como comandante de la Armada; y el mayor general Juan Martínez como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.
El Gobierno ordenó un primer bombardeo el 12 de agosto entre los municipios de Tibú y San Calixto, en la convulsa región del Catatumbo en Norte de Santander, contra el Eln. Las autoridades reportaron en la denominada operación Beta, dos subversivos muertos y cinco campamentos y dos búnkeres destruidos.
Cayó ‘Nairobi’
En el frente de la seguridad urbana la policía tuvo un importante resultado esta semana por la captura en la capital de la República, donde se escondía de la justicia, de Luis Saúl Pérez Nieto, alias ‘Páez’ o ‘Nairobi’, cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú.
Este sujeto de nacionalidad venezolana, donde se originó el Tren de Aragua, estaría encargado de articular extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, esa requerido por autoridades estadounidenses por estos delitos.
La importancia de este hecho se mide en que el director de la DEA (Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos), Terrance Cole, felicitó al Gobierno y “a la Policía Nacional de Colombia por la captura de Luis Páez Nieto, alto dirigente del Tren de Aragua”.
Traslados carcelarios
Un segundo traslado masivo de presos ordenó el Gobierno esta semana. 20 personas que permanecían recluidas en Barranquilla fueron llevadas a Bogotá, señaladas de seguir liderando tras las rejas estructuras dedicadas a la extorsión y otros delitos.
El pasado 9 de agosto, el Gobierno movió de la cárcel de Itagüí a centros carcelarios en distintas regiones a más de un centenar de internos, reconocidos cabecillas de estructuras delincuenciales en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.
La intención del Ejecutivo es impedir, en este y otros casos, que los internos sigan desde las cárceles ordenando extorsiones, secuestros y asesinatos. Una solución de fondo que tiene definida es la construcción de varias megacárceles con las debidas condiciones de seguridad.
Por ahora avanza en el traslado de presos. Incluso se baraja la posibilidad de habilitar buques de la Armada como cárceles para llevar allí a los criminales más peligrosos.
La estrategia se denomina Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), la cual está entre las medidas definidas en un consejo de seguridad en Barranquilla.
Lupa a migración
El Gobierno anunció controles contra la inmigración irregular, una medida que toca principalmente a los ciudadanos venezolanos porque en Colombia hay cerca de tres millones que salieron de su país por la crisis en los últimos años por el régimen chavista.
Según Migración Colombia, cerca de 2 millones de venezolanos están regularizados y un número importante está en proceso de hacerlo. Más de medio millón son irregulares.
Los controles que empezó a hacer la policía y Migración Colombia tienen el propósito principal de detectar delincuentes de distintas nacionalidades para deportarlos.
El ministro del Interior Lara explicó que “no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis, particularmente en los años 2019, 2020 y 2021, que fueron casi dos millones de hermanos venezolanos que entraron a nuestro país y en un noventa y tantos por ciento fueron perfectamente regularizados”.
Bloque contra robo de combustibles
Se conformó un bloque para contrarrestar el robo de combustibles, integrado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, coordinado con Ecopetrol y la Fiscalía.
Cada mes se roban aproximadamente 123.700 barriles de productos refinados –gasolina, diésel y nafta–, importados o producidos por Ecopetrol, según el Gobierno.
Esto ocurre en el oleoducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, y las pérdidas se concentran principalmente en el trayecto del tubo por César y Magdalena.
El Gobierno pidió al ministro de Defensa Mora López ocuparse de resolver este problema, no solo persiguiendo a quien perfora el oleoducto sino desmantelar toda la cadena: quien financia, quien almacena, quien transporta, quien escolta, quien compra y quien comercializa.
Extradiciones sin freno
El Gobierno puso fin a la política de ‘paz total’ que adelantó la anterior administración, y con ello firmó las primeras extradiciones de sujetos que amparados en la misma, se habían librado de ir a Estados Unidos solicitados en la mayoría de los casos por narcotráfico.
El jefe de Estado firmó la extradición de Willington Henao Gutiérrez, alias ‘El Mocho Olmedo’, segundo cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, líder de Los Pachencas; y Geovanni Andrés Rojas, alias ‘Araña’, vocero del grupo Comandos de la Frontera, disidencia de las Farc. Estas tres personas se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades.
La decisión también cobija a Gabriel Yepes Mejía, alias ‘H.H.’, líder de Comuneros del Sur, disidencia del Eln; y Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, máximo líder de Los Pachenca, quienes permanecen prófugos de la justicia.
Otras medidas
El gobierno determinó un plan de choque de defensa antidrones en el Cesar, en respuesta a un ataque que el Eln hizo con cerca de 40 de estos artefactos a tropas del Ejército en zona rural del municipio de Pelaya, dejando dos soldados heridos.
La administración nacional anunció que, en respuesta a las amenazas tecnológicas de los grupos armados, se desplegará capacidad de vanguardia y sistemas de protección antidrones destinados a blindar los municipios prioritarios de El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya, extendiendo este esquema a Valledupar.
La medida podría extenderse también a otras regiones del país en donde los grupos armados atacan a la tropa y la población civil con drones cargados con explosivos.
De otro lado, el Gobierno derogó la resolución número 6 de 2016 proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que por motivos de precaución con el medioambiente y la salud de las personas prohibió la aspersión aérea con glifosato sobre los sembrados de coca.
El Gobierno había advertido su intención de revivir este tipo de fumigación para reducir los cultivos ilícitos. Para lo cual, dijo, utilizará herbicidas de última tecnología que no representan peligro para las personas, animales y medioambiente.
Sin embargo, el Gobierno en la resolución que expida para ello debe cumplir unas exigentes condiciones que puso la Corte Constitucional.
Algunas dudas
Está pendiente por parte del gobierno explicar cómo financiará la política de seguridad y orden público, especialmente el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. La administración alertó que el presupuesto del Ejército en 2026 está desfinanciado en al menos $14 billones.
En tanto que en el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027, el Ministerio de Defensa tiene una asignación de $33,8 billones.
También está por ver cómo operarán los bloques de defensa para la seguridad urbana, con el fin de contrarrestar los delitos que más afectan a la ciudadanía, comenzando por Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
El presidente convocó a los alcaldes de estas capitales para organizar dichos bloques, pero no se ha podido porque la mayor parte de su tiempo la ha dedicado a la atención por el desastre que dejó el terremoto.
Tampoco se conoce cuál será el tono de las reformas penales que va a presentar el Gobierno para corregir defectos del sistema como la reincidencia en los delitos. El ministro de Justicia Iván Cancino dijo que “vamos a hacer unas modificaciones”.
Y el gran tema pendiente es la formulación de la estrategia nacional de seguridad y orden público, pues hasta ahora lo que hay son unas órdenes presidenciales.