¿Por qué no se acaba la corrupción?

La corrupción en Colombia es como aquella tercera eyaculación de la cual presumen los caballeros: Todo el mundo habla de ella, pero ninguno es capaz de echarla.

Mientras el país se desangra con la masacre del Catatumbo, los atentados en Cúcuta y Popayán y el imperio de la violencia en el 74% del territorio patrio (809 municipios), no paran los medios convencionales y virtuales de escudriñar lo que pasa con el nuevo escándalo que afecta a la casa de Nariño en relación con “Papá Pitufo”, el zar del contrabando.

Esta ha sido una constante a lo largo de la oscura administración petrista, pero ninguna solución surge a la vista.

¿Han escuchado propuestas serias de los dirigentes políticos y de los numerosos aspirantes a la Presidencia para conjurar esta ponzoña que arrasa con los recursos fiscales y desestabiliza la moral pública?

Por supuesto que no. A nuestra vetusta clase política solo le interesa hablar de lo que le deje réditos en votos. Seguir engañando a los ingenuos votantes con palabras huecas como “la paz”, “la democracia”, “la defensa de las instituciones”, “la lucha contra la corrupción”, a sabiendas de que nada de eso se cumplirá si son elegidos. Lo que sí lograrán, como lo han hecho durante décadas, es seguir engañando al electorado para perpetuarse en el usufructo del poder.

Por esa razón, nada efectivo se ha intentado para acabar con la corrupción. Mucha vana palabrería y hasta un costoso plebiscito que solo sirvió para posicionar políticamente a Claudia López. La explicación es muy sencilla: A la clase política no le interesa eliminar la corrupción porque de ella vive, es el sustento del contaminado sistema democrático que nos rige.

Soluciones eficaces sí existen, pero requieren gobernantes con voluntad política para implementarlas, con sólidos principios éticos y sin temor por la violenta reacción de los mafiosos, los contrabandistas, los corruptos, los guerrilleros y sus aliados en el gobierno y las Cortes. Hay que comenzar, señores, por lo siguiente:

1. Implantar la designación de los funcionarios públicos mediante la meritocracia y eliminar los nombramientos “a dedo”, para conseguir que los mejores ciudadanos nos gobiernen, no los mediocres y los corruptos.
2. Eliminar la intervención política en el nombramiento, investigación y juzgamiento de altos funcionarios judiciales y de organismos de control.
3. Simultáneamente, eliminar la investigación y juzgamiento de congresistas por las Altas Cortes, para que desaparezca el conflicto de intereses
4. Sancionar severamente a quienes participan en actos de corrupción, tanto funcionarios como particulares, con altas penas, supresión de beneficios y subrogados penales, devolución de dineros defraudados al Estado, muerte civil para contratar con el Estado y ocupar cargos en la administración pública.
5. Modificación de la legislación sobre contratación para impedir contratos sin licitación, directamente o por entidades intermediarias.
6. Organización de oficina jurídica dependiente de la Presidencia de la República encargada de recuperar los dineros defraudados a la administración pública.
7. La Contraloría General de la Nación será designada sin intervención política y será la encargada de contratar auditorías con empresas especializadas para toda la administración, a todos los niveles y todas las ramas. Se suprimirán contralorías departamentales, municipales y distritales.
8. Cada jefe de dependencia en toda la administración tendrá el deber de ordenar la investigación de actos de supuesta corrupción no prescritos y suministrar toda la información a la autoridad competente.
9. Se debe reorganizar la Rama Judicial para que se convierta en instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción, eliminando el origen político de sus nombramientos, estableciendo una supervisión permanente a cargo de la Procuraduría y asignando la investigación y sanción de carácter penal a un Tribunal de Aforados para los magistrados de las Cortes.
10. Supresión de beneficios fiscales a congresistas y magistrados, eliminación de impunidad para congresistas que cometan infracciones a la ley penal, supresión de privilegios a congresistas, magistrados y altos cargos del Estado, a sus cónyuges y familiares.
11. Severas sanciones a quien altere los resultados electorales mediante compra de votos, fraude en las urnas o en los escrutinios y anomalías en los registros electorales.
12. Programa de educación en colegios y universidades para formar buenos ciudadanos, respetuosos de la ley y de los principios tutelares de la civilización cristiana y democrática, para que sean los patriotas que en el futuro trabajen por el Bien Común de los colombianos y protejan los recursos fiscales del Estado.

21/02/2025 | Por: Luis Alfonso García Carmona