“No hay contemplación”: Presidente sobre extradición de criminales.
El anuncio, difundido por el propio Mandatario en sus redes sociales, Abelardo De La Espriella sitúa a la extradición como una de las banderas de su administración en materia de seguridad y cooperación internacional.
De acuerdo con el video, el Presidente consultó al funcionario encargado identificado en la intervención como “doctor Barreto” y procedió a firmar diez órdenes más que, sumadas a las ya registradas, elevarían el total a 105.
La declaración subraya que las medidas se han ejecutado “en uso de los mecanismos de cooperación internacional” y están dirigidas contra personas requeridas por la justicia de otros países por delitos de alta peligrosidad.
La extradición es un procedimiento jurídico y diplomático que implica la entrega de una persona reclamada por otro Estado para que responda ante sus tribunales. En Colombia, el proceso requiere la intervención de autoridades judiciales y del Ejecutivo, y suele apoyarse en tratados bilaterales y en canales de cooperación policial y judicial.
En el terreno práctico, la ejecución de una extradición implica pasos que van desde la emisión de una orden judicial hasta la logística del traslado y la entrega al país requirente. En algunos casos, la persona extraditada puede interponer recursos de amparo o de revisión que retrasen el proceso; en otros, acuerdos diplomáticos aceleran la transferencia.
Sin embargo, el presidente De La Espriella enfatizó que su gobierno “no tiene contemplación” para quienes han “herido” y atacado a compatriotas, una retórica que refuerza la narrativa de tolerancia cero frente a la criminalidad transnacional.
Alias ‘Araña’ extraditado
Geovanni Andrés Rojas “Araña”, máximo jefe de las disidencias conocidas como Comando de Frontera, fue enviado el viernes 25 de septiembre a Estados Unidos por cargos federales relacionados con narcoterrorismo, concierto para delinquir y tráfico de drogas (específicamente concierto para distribuir cocaína).
La extradición estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Además, también participaron la Agencia de Administración para el Control de Drogas, DEA, y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, U.S. Marshals.
La justicia estadounidense acusa a Rojas de facilitar la venta de cocaína al cártel de Sinaloa. Por lo menos 1.500 kilogramos de cocaína incautados por autoridades mexicanas en marzo de 2024 estarían vinculados a la organización comandada por el jefe disidente.
Respecto a su prontuario criminal, todo habría iniciado en el 2008, cuando Rojas hizo parte de la estructura narcotraficante ‘Los Rastrojos’, luego pasó a desempeñarse como jefe de los sicarios del grupo ‘La Constru’.
En el 2010 fue condenado a 29 años de prisión por homicidio y extorsión y años después obtuvo la libertad condicional luego de ser designado gestor de paz en 2016, en el marco de los diálogos que adelantaba el Gobierno con las entonces Farc-EP.