La revisión busca anticipar riesgos antes de que el proceso avance hacia sus etapas contractuales definitivas.
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La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva y solicitó explicaciones a Colombia Compra Eficiente por posibles inconsistencias en un proceso cercano a los $300.000 millones, destinado a implementar herramientas de ciberseguridad para diferentes entidades públicas del país.
La intervención busca determinar si las reglas diseñadas por la Agencia Nacional de Contratación Pública garantizan una competencia efectiva, condiciones objetivas y una participación amplia de proveedores antes de que la contratación avance hacia sus etapas definitivas.
La revisión quedó a cargo de la Procuraduría II Delegada para la Vigilancia de la Función Pública. Esa dependencia requirió información sobre los componentes técnicos, económicos y jurídicos que sustentan la estructuración del instrumento de compra.
El foco del organismo no está solamente en la cantidad de empresas que eventualmente podrían presentar ofertas. La evaluación pretende establecer si esas compañías cuentan, en la práctica, con posibilidades reales de competir por las soluciones requeridas por el Estado.
La diferencia resulta clave para el Ministerio Público, pues la presencia formal de varios interesados no necesariamente garantiza una disputa abierta cuando intervienen autorizaciones de fabricantes, canales exclusivos de distribución o condiciones asociadas con marcas específicas.
Competencia en contrato de ciberseguridad por $300.000 millones, bajo revisión
Una de las principales inquietudes planteadas por la Procuraduría tiene que ver con la pluralidad real de oferentes. Colombia Compra Eficiente deberá explicar si el diseño permite que distintas compañías participen bajo condiciones comparables durante el desarrollo del proceso.
El organismo también solicitó información sobre la dependencia de autorizaciones expedidas por los fabricantes. Este requisito podría adquirir relevancia cuando determinadas herramientas tecnológicas solo pueden ser ofrecidas por empresas reconocidas o habilitadas directamente por las marcas.
A ello se suma la posible existencia de canales únicos para comercializar algunas soluciones de ciberseguridad. La Procuraduría busca establecer si esa estructura puede terminar reduciendo la cantidad de proveedores con capacidad efectiva para competir por las compras estatales.
Procuraduría General de la Nación. Foto:Archivo EL TIEMPO
“La competencia no puede ser únicamente formal y las reglas del instrumento deben evitar que la selección de una marca reduzca la participación a uno o pocos proveedores”, advirtió el organismo de control al explicar el alcance de su actuación preventiva.
La revisión también comprende el momento en que las entidades públicas seleccionen las soluciones durante la operación secundaria. La inquietud consiste en determinar si la escogencia de una marca podría limitar posteriormente la competencia a uno o pocos distribuidores autorizados.
Ese escenario podría incidir en la comparación de las ofertas y en las condiciones disponibles para las entidades compradoras. Por esa razón, el Ministerio Público pidió sustentar cómo funcionará la selección y qué mecanismos evitarán restricciones injustificadas entre los participantes.
Colombia Compra Eficiente deberá demostrar que las reglas permiten una participación efectiva y no simplemente la existencia nominal de varias empresas. La Agencia tiene la responsabilidad de diseñar instrumentos para que las compras estatales se adelanten con transparencia, eficiencia y competencia.
Riesgo cambiario y evaluación económica de las ofertas de ciberseguridad
El componente económico constituye otro frente de la revisión. La Procuraduría solicitó aclarar la metodología que se empleará para evaluar las propuestas y establecer condiciones que permitan comparar de forma objetiva los precios presentados por los diferentes proveedores.
Dentro de este análisis aparece el manejo del riesgo cambiario, debido a que varias herramientas de ciberseguridad se cotizan o se adquieren en moneda extranjera. Las variaciones de las divisas pueden modificar los valores inicialmente proyectados durante la operación del instrumento.
La solicitud busca conocer cómo se incorporará ese riesgo dentro de la evaluación económica y qué reglas se aplicarán para evitar distorsiones entre las ofertas. La claridad sobre este punto resulta relevante en un proceso cuyo valor se acerca a los $300.000 millones.
La Procuraduría también puso la lupa sobre los requisitos de experiencia exigidos a los participantes. Colombia Compra Eficiente deberá explicar cómo fueron definidos y acreditar que responden a las necesidades del proceso sin crear barreras injustificadas para otras empresas.
El requerimiento abarca igualmente las condiciones previstas para el personal que ejecutaría las actividades y los factores técnicos utilizados para asignar puntuación. Estos componentes pueden influir directamente en la clasificación y selección de las propuestas presentadas por los interesados.
Ciberseguridad Foto:iStock
La entidad de control pidió revisar posibles diferencias o contradicciones entre el pliego de condiciones, los anexos, los formatos y la minuta contractual. Una falta de correspondencia entre estos documentos podría afectar la interpretación uniforme de las reglas.
Las inconsistencias también podrían dificultar la comparación objetiva de las ofertas o desalentar la participación de algunas compañías. De ahí que el requerimiento reclame una explicación sobre la manera en que fueron definidos y articulados los criterios técnicos y económicos.
Actuación preventiva no suspende el proceso de Colombia Compra Eficiente
La Procuraduría aclaró que su intervención tiene un carácter exclusivamente preventivo. Por lo tanto, la actuación no suspende la contratación ni reemplaza las competencias de Colombia Compra Eficiente para estructurar el proceso y adoptar las decisiones que le corresponden.
El propósito es anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y promover reglas que permitan una participación efectiva. La revisión ocurre antes de que el proceso llegue a sus fases contractuales definitivas, cuando todavía sería posible evaluar y ajustar las condiciones cuestionadas.
Como parte de esa labor, el Ministerio Público recomendó analizar la realización de mesas técnicas con fabricantes, proveedores, integradores, expertos, agremiaciones y entidades compradoras interesadas en utilizar el instrumento para adquirir soluciones de ciberseguridad.
JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA
Periodista de Portafolio
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